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Quienes hoy integran el 5% más pobre de Uruguay, unas 200.000 personas, tienen problemas importantes para insertarse en el mercado laboral formal y viven en hogares en malas condiciones ubicados en barrios sin servicios básicos mínimos. A ese grupo debería prestar atención un eventual próximo gobierno del Frente Amplio, opinó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
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Para Olesker, esta nueva etapa en la lucha contra la pobreza debería tomar como base lo que realice el plan “Siete Zonas” que lanzó el gobierno. Esta iniciativa se aplica en cuatro barrios de Montevideo y tres de Canelones porque en esos lugares hay altos porcentajes de gente que vive en la extrema pobreza, familias con problemas de inserción educativa, trabajo informal e importantes niveles de inseguridad.
El plan promueve la universalización de varios programas estatales como las asignaciones familiares. También apuesta a la instalación de espacios para la práctica de deportes y la iluminación de las calles. Asimismo, se prevé otorgar bonos para que niños de esas zonas concurran a guarderías privadas lo que permitiría que sus padres puedan trabajar.
Este plan costará unos U$S 34 millones, según informó el ministro del Interior Eduardo Bonomi, citado por el diario “El Observador” el lunes 19.
“Creo que en el tercer gobierno del Frente Amplio, si el plan Siete Zonas sale bien, tendría que hacer esa experiencia en toda el área metropolitana”, comentó Olesker.
El ministro dijo que se debe pensar en “políticas” que pongan el “esfuerzo” en educación, capacitación laboral y mejorar el hábitat del porcentaje que está en peor situación. Indicó que del 12% de la población que vive en la pobreza, unas 407.000 personas, la situación más compleja la tienen quienes están entre el 5% y el 7%.
Tomando como base la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, Olesker dijo que en los seis años la pobreza bajó rápidamente. “Los sectores que van saliendo de la pobreza son los que están cerca de la línea de salida, mientras que hay un 5% que le cuesta más, porque de alguna manera las políticas más tradicionales para bajar la pobreza le llegan marginalmente”, explicó.
El ministro sostuvo que el descenso “grande” de la pobreza desde 2004 (39%) hasta 2012 (12,4%) estuvo “sustentado” en dos variables: el gasto público social y la mejora del salario mínimo. “Cuando se llega al 10 o 12% de pobreza y tenés una mitad del 5% en condiciones de alta informalidad y precariedad en su vivienda, tenés que pensar en políticas especiales porque es difícil que el mercado de trabajo los atraiga a la formalidad”, comentó.
Este 5% requiere que el “maletín de prestaciones” sea “reordenado” y tenga “una fuerte inversión en el espacio físico y en la trama urbana”.
Olesker dijo que esa parte de la población “no tiene capacidades laborales educativas y el hábitat para desenvolverse fuera de su entorno”.
El ministro llegó a esas conclusiones luego de analizar los datos compilados en una nueva edición del “Reporte Social 2013. Principales características del Uruguay social”, que se presentó hace dos semanas. En el documento se destaca la reducción de la pobreza, pero a la vez advierte que un 33,8% de las personas tiene al menos una carencia crítica que pasan por una vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación.
En el documento se indica que unos 250.000 hogares, en los que residen unas 850.000 personas, tienen problemas de habitabilidad.
En tal sentido, unos 40.000 hogares tienen problemas para el acceso al agua potable, ya sea por su origen (no proviene de la red general de OSE o de un pozo) o porque el agua no llega al interior de la vivienda, lo que genera un esfuerzo adicional de acarreo y dificulta las actividades cotidianas que requieren uso de agua.
Asimismo, hay menos de 10.000 hogares que no tienen acceso a energía eléctrica.
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