El receso de verano ayudó a que haya menos casos de Covid-19 en el Estado, pero aún falta para llegar al pico de contagios
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El drástico aumento de los casos de Covid-19, que oficialmente se multiplicaron casi por diez desde que empezó el año, está poniendo a prueba la operativa de los primeros niveles de atención en salud y a su vez representa una amenaza al funcionamiento estatal en medio de la temporada de licencias.
En la última semana se reportaron 27 casos en toda la Torre Ejecutiva, que ronda el millar de funcionarios. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo a Búsqueda que entre los más de 300 funcionarios a su cargo hasta ahora son pocas las bajas por enfermedad, “quizás porque se trata de oficinas con espacios amplios y no totalmente cerrados y pequeños, como en algunos bancos o restaurantes”.
La menor actividad en la enseñanza y el Poder Judicial, que tiene en enero su Feria Mayor, ayudaron a evitar una crisis en esos servicios. Pero otras reparticiones, como la Policía están más expuestas a bajas por enfermedad, mientras los expertos calculan que el pico de contagios llegará sobre fin de mes.
A diferencia del pico de mayo de 2021, que puso en tensión máxima a los centros de tratamiento intensivo (CTI), ahora el sistema de salud debe atender más casos, por presencia de la cepa ómicron, pero menos graves gracias al nivel de vacunación (ver recuadro).
El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer miércoles 19 con los ministros Daniel Salinas (Salud) y Pablo Mieres (Trabajo), y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, para adoptar medidas respecto al “cuello de botella” que se produjo en las certificaciones médicas por Covid-19. En la misma reunión decidieron emitir una resolución con lineamientos para que los jerarcas de los servicios del Estado se sientan avalados para pasar a la modalidad del teletrabajo y a su vez refuercen las medidas de higiene en las oficinas. Eso regirá por 30 días.
Según explicó Ramos a Búsqueda, “no se está exhortando a trabajar desde casa, como en mayo pasado, sino autorizando esa modalidad” para que en cada lugar el jefe resuelva de acuerdo a las características de las tareas y a las capacidades tecnológicas y de organización del trabajo. También se presentó una guía de cómo teletrabajar, tal como había sido ordenado por decreto en marzo pasado.
Algo parecido hizo el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. En una resolución emitida ayer miércoles, solicitó a los diferentes servicios universitarios que prioricen la modalidad no presencial, exhortó combinar las modalidades remota y presencial y llamó a la comunidad a vacunarse con la tercera dosis.
La Intendencia de Montevideo regresó al trabajo remoto en sus oficinas. Sin embargo, está claro que no todos los servicios ni todas las tareas estatales o privadas pueden tomar ese camino. Los propios centros de salud, aunque han apelado a la telemedicina, son un ejemplo y cargan en este momento con más de 2.000 empleados contagiados, algo que recarga aún más el sistema.
Otro caso singular es el Ministerio del Interior, que naturalmente tiene mucho trabajo de calle. “Lamentablemente la Covid nos está desmantelando mucho la Policía. Todo el esfuerzo que hicimos con el Verano Azul, ahora estamos en una situación en donde tenemos 52 policías con Covid acá en el departamento de Rocha, y hay cerca de treinta y pico que están encuarentenados (…) son casi 90 policías que no los tenemos hoy a disposición”, aseguró Heber, el jueves 13 durante una recorrida por el departamento esteño.
Heber también habló de la situación en las prisiones: “Estamos con algunos problemas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea en las cárceles; ahí tenemos informes a diario donde necesitamos personal policial. Ya precisábamos sin Covid. Ahora con Covid seguramente estamos en una situación comprometida, en donde tenemos que hacer el esfuerzo de buscar en otros lados para reforzar la necesidad de custodiar las cárceles”, manifestó.
Debido a la baja actividad por la Feria Mayor, el panorama en la administración de justicia no es tan serio; se informó de 70 casos en 500 jueces y 5000 funcionarios. Esa situación podría empeorar a partir de febrero, cuando recomienza la actividad en todos los juzgados y algo parecido ocurre en Fiscalía.
“Antel tiene 231 trabajadores que son positivos por Covid-19. A ese número hay que sumar también los trabajadores que se encuentran en cuarentena a la espera de resultados de hisopados o porque son contactos no vacunados, con el esquema de vacunación incompleto o convivientes de casos positivos confirmados”, informó la empresa estatal de telecomunicaciones. Desde Antel indicaron a Búsqueda que “si bien la situación se encuentra bajo control manteniendo la continuidad de los servicios, la cantidad de trabajadores afectados es importante” porque están en una “época del año en que determinadas zonas del país, por ejemplo, la balnearia, se ven sobrecargadas por una mayor demanda”, a lo que debe sumarse el mal tiempo.
De 44 personas que trabajan en la Secretaría Nacional de Drogas y el Fondo de Bienes Decomisados, 18 están de licencia, 19 están trabajando y siete cursando la enfermedad, o esperando un hisopado, entre ellos el director Daniel Radío.
En Atlántida, la sucursal del Banco de la República debió cerrar dos días. En una actividad más inestable que la bancaria que se realiza al aire libre, la de los guardavidas, la nueva variante del SARS-CoV-2 también creó problemas.
En una nota que se publica en esta edición, Nicolás Chacón, representante de Mesa Nacional de Guardavidas afirma que faltó “previsión”, porque las autoridades no tuvieron en cuenta cómo cubrirían las bajas por Covid para no interrumpir “un servicio esencial para garantizar la seguridad en las playas”.
A pesar de que el propio ministro Javier García está con Covid, las misiones en las tres fuerzas y en la propia secretaría de Estado no se han visto afectadas, se informó desde esa cartera.
En el Poder Legislativo, cuya comisión permanente decidió postergar una sesión donde debían comparecer García y su colega Fernando Mattos (Ganadería) por los incendios forestales, pasa lo mismo que en la enseñanza y el Poder Judicial: enero es un mes de baja actividad.
Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
Nuevas normas de testeo
El Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó el martes 18 las condiciones para realizar testeos de detección de Covid-19. Las personas asintomáticas no deberán testearse, a menos que sean casos sospechosos de contagio y trabajen en servicios esenciales, pertenezcan a comunidades cerradas (como refugios o cárceles), grupos de riesgo o requieran certificado médico para justificar el ausentismo laboral. Solo en esos casos se indicará un test de antígeno como primer paso y, en caso de ser negativo, un PCR dentro de las primeras 48 horas. Si en una comunidad cerrada se detecta uno o más casos de Covid-19, quienes asisten o residen en ella, aunque no tengan síntomas, deberán realizarse un test de antígeno inicial y un PCR al quinto día de la última exposición.
Las personas que presenten síntomas que puedan indicar un contagio de Covid-19 o hayan tenido contacto con un caso positivo, pero no pertenezcan a comunidades cerradas, grupos de riesgo, no sean trabajadores de servicios esenciales ni necesiten un certificado para su trabajo, solo deberán realizarse un test de antígeno. Para los asintomáticos en estas condiciones no está indicado ningún tipo de testeo.
Aquellas personas que necesiten hacerse un test de detección de Covid-19 para viajar podrán hacérselo en Uruguay de manera programada y sin que esos testeos atrasen la realización de los que correspondan a casos sospechosos del virus. Los viajeros que lleguen a Uruguay sin síntomas de la enfermedad no deberán testearse después de su ingreso al país ni tampoco durante su estadía.
En el ámbito hospitalario, los pacientes agudos o crónicos que tengan que ser ingresados por cualquier causa deberán realizarse un test de antígeno. A los pacientes que requieran internación y presenten síntomas que podrían indicar la presencia de Covid-19 se les realizará un test de antígeno inicial y, en caso de ser negativo, un PCR dentro de las 48 horas. Para obtener el alta hospitalaria deberán realizarse un test de antígeno solo las personas que residen o asisten a comunidades cerradas.
Por último, los contactos de casos positivos de Covid-19 que pertenezcan a comunidades cerradas o integren situaciones de brote deberán realizarse un test de antígeno inicial y un PCR al quinto día de la última exposición al caso confirmado. Durante esos cinco días, además, deberán permanecer en cuarentena. Los mismos requisitos rigen para los contactos convivientes no vacunados o con dos dosis y más de 180 días desde la última, y también para el personal de la salud asintomático que sea contacto con un conviviente positivo.
Por otra parte, el consejo de ministros resolvió ayer miércoles reducir el plazo para la presentación del test de detección de Covid-19 a quienes cursaron la enfermedad y desean ingresar a Uruguay.
El decreto original establecía que quienes hubiesen transitado la enfermedad dentro de los últimos 90 días previos a su embarque o arribo al país quedaban exceptuados de cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio, siempre y cuando acreditaran su situación mediante un resultado positivo de test PCR o de antígenos, realizado entre un máximo de 90 y hasta 20 días previos a su llegada. La nueva resolución redujo ese plazo a entre 90 y 10 días.
- Recuadro de la nota
Uruguay estuvo “en la playa tomando caipiriña” mientras venía un “huracán”
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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