Cada vez que las autoridades de la Universidad de la República deben decidir si un curso de posgrado cobrará matrícula, el decano de la facultad que presenta la propuesta cuenta los votos del Consejo Directivo Central (CDC) para ver si alcanza los once necesarios para su aprobación. Si ve que no los obtendrá, retira el planteo a la espera de mejor suerte la siguiente sesión.
Es que dadas las profundas divisiones filosóficas que existen entre los consejeros universitarios respecto de la gratuidad de la formación de posgrados, es casi imposible que una de las votaciones sobre ese tema obtenga un respaldo amplio.
Luego de que se aprobó en 2001 la ordenanza que habilita el cobro de matrícula en los posgrados de “perfil profesional”, las autoridades de la Universidad estatal autorizaban sin mayores oposiciones la creación de cursos pagos. Sin embargo, las opiniones en la institución cambiaron, al punto que en los últimos tiempos fueron frecuentes los casos en los que no se alcanzaron los votos.
Fuentes de la Universidad consultadas por Búsqueda dijeron que dejar un “relativo consenso” en esta área “será una de las últimas batallas” del rector, que dejará su cargo en 2014.
Falta de control.
Cuando en el CDC se discute hoy un posgrado, los órdenes de estudiantes y egresados votan en contra del cobro de matrícula, los docentes están divididos (depende del consejero que asista, forman mayoría a favor o en contra), el decano de Medicina vota en contra por mandato del Consejo de su facultad y el de Humanidades se retira de sala.
Los decanos de Odontología, Ingeniería y Ciencias Económicas son algunos de los que votan a favor casi siempre.
Los consejeros que respaldan el cobro suelen argumentar que si bien les gustaría que toda la oferta de la Universidad fuera gratuita, hay casos en los que su viabilidad depende de que se exija el pago de una matrícula, porque la institución no tiene fondos propios para financiar los cursos.
La Universidad ofrece posgrados “profesionales” y “académicos”. Los primeros se orientan a “profundizar los conocimientos teóricos y prácticos aplicados a un área profesional en especial” y los segundos tienen como “finalidad primordial” contribuir al “desarrollo científico y al perfeccionamiento de investigadores y docentes”.
Actualmente hay 206 carreras de posgrado en la Universidad. Según la memoria anual del 2010 de esa institución, la Facultad de Medicina es la que tiene más (59), seguida por Ingeniería y Ciencias Sociales (22 cada una) y Ciencias Económicas y Ciencias (ambas con 12).
Sin embargo, no existe un control centralizado de cuántos cursos son pagos, cuántos gratuitos, qué beneficios hay para los estudiantes de la Universidad estatal ni cuál es el destino del dinero que se recauda.
La matrícula de algunos posgrados de Odontología superan los $330.000. En Ciencias Económicas el Master en Business Administration (MBA), un curso de dos años y medio, sale $ 456.000.
Los que defienden la gratuidad cuestionan que haya un “desconocimiento generalizado” de lo que sucede a la interna de cada facultad y sostienen que la información “se viene pidiendo hace años” sin éxito.
Resoluciones.
Con ese mar de fondo, la Universidad aprobó —a instancias del rector Rodrigo Arocena— una serie de medidas que pretenden alcanzar una solución consensuada sobre el tema de los posgrados.
En la sesión del CDC del 5 de marzo, las autoridades universitarias resolvieron por unanimidad modificar la ordenanza de carreras de posgrado. La decisión estableció que “cuando se proponga una nueva carrera de posgrado la propuesta deberá ser acompañada por información sobre los costos adicionales que supondrá su dictado, si se prevé la existencia de cupos, así como el número de becas total”.
Si el servicio quiere cobrar por ese posgrado, “deberá además informar adecuadamente acerca del monto de los derechos universitarios que se propone cobrar, sobre eventuales exoneraciones totales o parciales de aquellos, sobre los criterios con que se otorgarán y sobre el destino específico de los fondos así recaudados”.
La resolución se tomó en atención a que el cobro de matrícula “suscita diferentes opiniones en los colectivos universitarios y está planteado de una manera que hasta ahora no ha permitido avanzar en un intercambio de ideas fecundo”.
Tras esa decisión, el 2 de abril el CDC dio una vuelta más al asunto. “Para avanzar de acuerdo a los criterios aprobados” es “fundamental afirmar el clima de trabajo fecundo y la convergencia de opiniones” y “seguir muy de cerca la implementación de las dos disposiciones” adoptadas, explica la resolución.
Así, decidió crear una comisión integrada por un representante de cada orden y de las facultades, quienes tendrán bajo su responsabilidad el análisis de las propuestas de posgrados previo a su tratamiento por el CDC. El grupo deberá evaluar los argumentos presentados por la Facultad que solicité el posgrado y elevarlo al consejo.
Contribución.
Consultado al respecto, Arocena sostuvo que impulsó la conformación de este equipo de trabajo porque le parece “potencialmente muy útil para avanzar en la implementación práctica de los criterios de orientación aprobados unánimemente por el CDC”.
Para el rector, el debate de si los posgrados deben o no ser pagos “no se salda por la creación de un equipo de trabajo, pero puede irse superando a partir de los criterios unánimemente aprobados en la resolución respectiva del 5 de marzo y en la implementación de la misma”.
Arocena está a favor de la gratuidad. “Hay que tender a que todos los posgrados sean gratuitos, como contribución a la mayor formación de nuestra población”, dijo.
“El derecho a la educación va acompañado por el deber de contribuir a ella por parte de quienes hemos podido acceder a la formación universitaria”, agregó.
“Tristísimo”.
Quizás uno de los casos más emblemáticos de este tira y afloje se dio con el diploma en Especialización en Investigación Proyectual de la Facultad de Arquitectura. En la sesión del 18 de diciembre el decano de esa casa de estudios, Gustavo Scheps, presentó la propuesta y fue rechazada por 10 votos en 19.
“Lamento que esto compromete de manera muy importante un proyecto que es central para la Facultad. Es el esfuerzo más grande que la Facultad está haciendo en este momento, y en este aspecto queda severamente comprometido”, dijo el decano, según el acta a la que accedió Búsqueda.
“Es una de las cuestiones que creo que debería verificarse, es decir la posibilidad que un curso de este tipo, que igual intentaremos sostener como sea, se vea severamente comprometido por esta decisión, viendo lo que hemos estado avanzando y la gente que hemos logrado traer para levantar el nivel académico de nuestra Facultad. La verdad que me deja un tristísimo fin de año”, añadió.
Pero la tristeza le duró poco a Scheps: en el primer CDC del 2013 se planteó la reconsideración del tema, lo que fue aprobado por unanimidad. Tras una breve exposición del decano se puso a votar el posgrado otra vez. Once en 18 aprobaron la nueva carrera.
