N° 1824 - 16 al 22 de Julio de 2015
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáA los seres humanos nos molesta reconocer una realidad: somos un “producto” que se transa en diferentes mercados, entre ellos, el mercado laboral. Y como todo producto, tenemos un precio; precio que se paga en dinero o en especie.
Así, en el “mercado” del recreo de la escuela, cuando se arma un “fulbito”, los mejores jugadores son los más demandados, los primeros en ser elegidos y los que juegan todo el partido, aunque no sean los dueños de la pelota. El “precio” lo cobran en prestigio, que luego utilizan para bailar con la más linda de la clase en el “baile lluvia” del sábado.
El salario del empleado o el honorario del electricista, del mecánico o de la modista, no deja de ser un precio por el valor que ofrece esa persona para la empresa o para la familia. Ese precio —en una economía libre donde se respeta la voluntad de las partes de llegar a acuerdos voluntarios— no puede ser forzado ni por gobernantes, ni por sindicatos, ni por empresarios, porque al hacerlo, atentan contra la libertad individual.
El salario mínimo es un gran absurdo, al igual que lo son los precios mínimos o máximos para un producto o servicio. Si a un tambero le cuesta diez pesos producir un litro de leche, ¿de qué vale que el Estado le diga que no lo puede vender a más de ocho? ¿Y si hay personas dispuestas a pagar 15? ¿Por qué no dejarlas transar? Lo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre en estos casos es que el tambero dejará de producir leche, por lo que no habrá un solo litro en el mercado, ni a 8, ni a 10 ni a 100. Lo otro que sucede es que se creará un mercado libre (mal llamado “negro”) donde las personas llegarán a acuerdos sin la absurda intervención estatal. Y si no creen en esto, dénse una vuelta por Venezuela. Y la tercera opción es llegar a “transas” con la autoridad de turno, para que sea esta, y no los ciudadanos, la que fije los precios.
Con el salario mínimo sucede algo similar. Cuando un mercado no puede ajustar la variable precio, ajusta la variable cantidad. Esto lo sabe cualquier ama de casa: cuando el tomate está a 100 pesos el kilo, la ensalada es mixta en serio: lechuga y cebolla. El tomate se queda en el cajón del feriante.
Lo mismo le sucede al obrero de la construcción, la empleada doméstica o el peón rural: se quedan en sus casas esperando que alguien los contrate y les pague un “salario digno”. En esos casos, el salario mínimo es “cero”, el más indigno de los ingresos.
Ante esa situación, las empresas y las familias encuentran la manera de prescindir de esos servicios a esos precios. ¿Qué hacen? Empiezan a pensar. Piensan cómo mejorar los procesos para contratar menos personal caro (a un precio menor tal vez no pensaban tanto). Compran máquinas que sustituyen brazos caros: lavarropas en la casa, robots en la empresa.
El salario mínimo perjudica a todos, en especial a los más necesitados. Cualquier salario es mejor que cero. Y nada peor para un individuo que estar desocupado: no solo desocupa sus ingresos, también desocupa su tiempo y su mente, por lo que ese desocupado se vuelve más improductivo aún.
En una economía libre, sin salario mínimo obligatorio, la desocupación sería nula, ya que habría muchas personas gustosas de trabajar por un valor menor al que exigen los burócratas. Un joven sin experiencia y sin conocimientos aceptaría gustoso tal propuesta. Lo mismo alguien que viva al lado de la empresa y le sirva ahorrar tiempo y dinero en traslados y comidas fuera del hogar. No importa el motivo por el cual aceptarían; importan las consecuencias.
El valor del salario mínimo es un valor absurdo y arbitral. ¿Por qué tiene que ser 15.000 pesos? ¿Por qué no 30.000 o 50.000? El tener un ingreso mínimo es una “aspiración”, un deseo que dependerá de cada individuo y sus circunstancias. Pero pensando un poco más, lo que la gente quiere no es un “salario mínimo” sino un “poder de compra mínimo”. Y esto no se logra imponiendo precios ficticios sino liberando los mercados, fomentando la competencia y reduciendo el peso del Estado.
Los que quieren salarios mínimos también deberían aceptar la otra cara de la moneda: los salarios máximos. ¿Cómo es posible que un chofer de camión que transporta leña tenga ingresos de $ 40.000 por mes y un costo para la empresa un 35% mayor, mientras un profesor o un médico ganan menos? Cuando el mercado (libre oferta y demanda) lleva estos precios hacia arriba, vale, pero si los impulsa hacia abajo, no vale.
Como el “salario” del horticultor está en el precio del tomate, también deberíamos fijar un “precio mínimo” al tomate, de tal manera de “asegurarle” al tomatero una “rentabilidad digna” y así poder alimentar a su familia y que no “abandonen” sus queridos y telúricos pagos.
Esta propuesta, que se percibe como ridícula, no lo es para los estatistas de hoy y de ayer. Ya don Luis Batlle Berres creía que el Estado debía tener la “obligación constante” de vigilar la producción, precios y comercialización por parte del gobierno “del precio de la papa, del arroz, de la harina, del trigo”, declarándose un ferviente “partidario (…) para seguir luchando en favor de la extensión del Estado industrial”.
El mito de las bondades del salario mínimo trajo de la mano otro mito aún peor: los Consejos de Salarios; mito que analizaremos en una próxima columna.