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    El secretario de la Presidencia elaboró un polémico proyecto sobre lavado de activos que puede favorecer intereses de Casal

    Creen tener las pruebas suficientes, el apoyo de gran parte de sus colegas y de casi toda la opinión pública para finalmente lograr un cambio en su deporte. Pero los futbolistas uruguayos sienten que chocaron contra un muro, donde se para el gobierno y asoma la figura del empresario Francisco Casal. Cientos de ellos denunciaron a la dirigencia de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, encabezada por Enrique Saravia y afín a los intereses de Casal, por ocultamiento de información y fallas en el padrón social y el libro de actas. Pero la denuncia recibió un informe técnico adverso del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), encargado de definir sobre el reclamo.

    Aunque aún falta un dictamen de la Fiscalía de Gobierno y la decisión final de la ministra María Julia Muñoz, fuentes del caso indicaron a Búsqueda que se aguarda un fallo favorable a la Mutual. Incluso así lo indicó Mónica Ivaldi, una de las abogadas de los denunciantes junto a Martín Amorelli. “Por cómo se ha dado todo se intuye cómo está flechada la cancha. Uno ahí empieza a sospechar”.

    Es que el tema está ahora en manos de la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno, a cargo de María Inés da Rosa Callorda. La fiscal es persona de confianza del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien en las últimas dos administraciones ha tomado decisiones que favorecían los intereses de Casal. En la administración Mujica, Toma tuvo como fiscal de gobierno incidencia en el cierre del expediente de la Dirección General Impositiva contra el empresario, mientras que a comienzos de mayo participó en un polémico proyecto de ley que modifica las normas antilavado de activos y que podría beneficiarlo.

    La Mutual.

    Todo comenzó en agosto, cuando los futbolistas de la selección nacional, con Diego Godín como vocero, se involucraron públicamente en negociaciones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield, con el objetivo de reestructurar acuerdos de vestimenta y sobre sus derechos de imagen. Esa exigencia corrió con éxito para los futbolistas de la selección, que no necesitaron del gobierno.

    La exigencia también sirvió de empujón para los futbolistas locales asociados a la Mutual, que en febrero pidieron la intervención del gremio y la renuncia de sus dirigentes por irregularidades en su padrón social y en la citación de una asamblea extraordinaria, y por ocultamiento de información en una denuncia penal que la Mutual efectuó contra la empresa Full Play, competidora de Tenfield por los derechos de televisación de los partidos de la selección por Eliminatorias. La razón de fondo es que los futbolistas consideran que la Mutual actúa guiada por Casal y no por las necesidades de sus asociados.

    A diferencia de sus colegas de la selección, que alentaron públicamente el reclamo, los jugadores locales sí debieron recurrir al gobierno. La denuncia se hizo ante el MEC, que el 27 de marzo presentó un informe técnico firmado por Pablo Maqueira, director de la Oficina de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, para determinar la posible existencia de irregularidades legales.

    El informe de Maqueira —al que accedió Búsqueda— argumenta que “renunciar o no es una evaluación política del apoyo que sienta la comisión directiva”, que en ningún momento “surge que existan problemas en el padrón social” y que la convocatoria de la asamblea (que según los jugadores se hizo de forma extemporánea) fue resuelta “con la potestad que tiene la directiva de interpretar el estatuto”. Respecto a la denuncia contra Full Play, “pudo haber sido una medida a adoptar por la directiva poner en conocimiento de los socios la realización” de la misma, pero el no hacerlo no inhibe a la Mutual”. Maqueira concluye que “no es pertinente la intervención” del gremio.

    Sus razonamientos fueron duramente cuestionados por los abogados denunciantes. “Maqueira parece no haber comprendido el leitmotiv de la denuncia”, indica Amorelli en sus descargos. Allí califica al informe del MEC como “absolutamente preocupante y de extrema gravedad” por su “liviandad” para analizar las acusaciones y por “la ausencia total de controles al momento de recibir” las pruebas. Como ejemplo, menciona que “es sorprendente y alarmante la afirmación vertida por el informante con relación a que no existen problemas en el padrón social”: de acuerdo con los abogados, en el expediente estudiado por el MEC la Mutual presentó un padrón actualizado a julio de 2015 donde figuran como socios honorarios Alcides Ghiggia y Obdulio Varela, entre otros futbolistas ya fallecidos.

    Ahora el expediente está en manos de la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno, cuyo dictamen se espera para la próxima semana y con el cual Muñoz deberá laudar definitivamente el caso. Aunque el informe de Maqueira no es vinculante para la Fiscalía y el dictamen de esta no lo será para la ministra, las fuentes del caso afirman que los argumentos de Maqueira prevalecerán en la decisión final.

    Encargada de elaborar el dictamen, la fiscal de gobierno Da Rosa Callorda fue quien redactó a comienzos de año el informe con el cual el presidente Tabaré Vázquez fundamentó su decisión de reiterar el gasto de la compra del avión presidencial, observado por el Tribunal de Cuentas.

    Por la compra del avión fue interpelado el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. El 24 de febrero “El Observador” narró que durante la interpelación el senador Pedro Bordaberry “contó cómo la carrera profesional de Da Rosa Callorda está vinculada” a Toma. “De hecho, Da Rosa Callorda estuvo en la secretaría de Presidencia y en la Oficina del Servicio Civil cada vez que Toma trabajó en esas dependencias”, dice la nota.

    En el Ministerio de Educación, Muñoz ordenó reserva total sobre el asunto debido a la dimensión pública que alcanzó, dijeron fuentes oficiales. En los últimos meses, futbolistas de todos los equipos y todas las divisionales se han manifestado contra la Mutual y contra la falta de respuesta del gobierno. “MEC: Nuestro fútbol sigue esperando”, fue una de las pancartas mostradas por jugadores de Nacional y Peñarol previo al clásico del 5 de abril por el Torneo Apertura.

    La reacción también incluyó a ídolos internacionales. “De momento quiero creer en la buena fe y en el buen accionar del gobierno, pero se están demorando demasiado los plazos, y el informe que han mandado no ha sido demasiado analizado y visto”, afirmó Godín el 29 de mayo, entrevistado por el programa “No Toquen Nada” en Del Sol FM. “Necesitamos que el MEC lea bien lo que están pidiendo los jugadores”, había expresado Suárez el 29 de abril al programa “Embajadores del Gol” de Sport 890.

    Demasiada casualidad. 

    El dictamen sobre la Mutual llegaría pocas semanas después de que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un polémico proyecto para modificar la normas de combate al lavado de activos. La propuesta busca que las medidas cautelares adoptadas durante la etapa presumarial en un caso de lavado se mantengan “hasta la conclusión de la causa penal”.

    “Las sedes competentes en los procesos judiciales en los que se investigan los delitos relacionados con el comercio ilícito de drogas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo tienen un cúmulo de trabajo importante, lo que dificulta enjuiciar a los sujetos involucrados en dichos delitos con la premura deseable y por ello existe peligro de que opere la caducidad de las medidas cautelares adoptadas durante la etapa presumarial”, dice el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos (Búsqueda Nº 1.919).

    El portal de noticias 180 publicó el 22 de mayo que si la iniciativa se aprueba pronto tendría un impacto en la causa que investiga la corrupción en el fútbol y permitiría que Casal peleara por los derechos de televisación de los partidos de la selección por Eliminatorias, que había perdido contra Full Play.

    Los dueños de esa empresa fueron acusados en 2015 por la Justicia estadounidense por pago de coimas a dirigentes de la FIFA y la Conmebol. Luego de eso la Mutual demandó en Uruguay a Full Play por lavado de activos. La cooperación jurídica con Estados Unidos y la denuncia de la Mutual determinaron que Crimen Organizado embargara las cuentas por donde la empresa pagó a la AUF parte de los derechos de televisación. El plazo de esa medida cautelar, adoptada durante la etapa presumarial, está próximo a vencerse. “De mantenerse el embargo, la AUF no podrá recibir el dinero del contrato con Full Play y si este contrato cae, con él lo haría la cláusula de prioridad que permite renovar el vínculo entre ambos”, explica la nota de 180.

    El 30 de mayo, “Telemundo” informó que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó a la Justicia que libere parte de las cuentas embargadas a Full Play. La decisión depende ahora de la jueza del caso, María Helena Mainard. Si la magistrada accede al pedido y libera el embargo, el proyecto de ley ya no tendría incidencia en el caso.

    Godín no tuvo indirectas para dar su opinión sobre el proyecto. “Me retumba la demasiada casualidad, la verdad que me rompe los ojos y los oídos, que justo se junte todo esto ahora cuando la AUF está por poder cobrar ese dinero que hace dos años que no lo puede cobrar por la cautelar. Realmente me parece demasiada casualidad”, dijo en DelSol FM.

    El proyecto de ley, firmado por todos los ministros, tiene detrás a Toma, principal asesor legal del presidente Vázquez, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. El jerarca hizo consultas a especialistas, pero el proyecto “salió de la Secretaría”, precisó uno de los informantes.

    En ámbitos del gobierno llamó la atención la propuesta, ya que el Poder Ejecutivo había enviado el 28 de noviembre un proyecto de “ley integral contra el lavado de activos” y el asunto de las medidas cautelares no era prioritario. “El tema no se habló el año pasado, cuando una comisión creada por la Secretaría Nacional Antilavado armó el proyecto integral”, insistió una de las fuentes.

    El proyecto también generó sorpresa entre legisladores oficialistas, algunos de los cuales llamaron por teléfono a jerarcas del gobierno para consultarles acerca de los motivos del Poder Ejecutivo para enviar al Parlamento esa propuesta cuando ya tienen otra en discusión, añadieron las fuentes.

    Toma fue también uno de los hombres clave para el perdón de la deuda de Casal con la Dirección General Impositiva (DGI). En 2013, Mujica laudó a favor del empresario el litigio que mantenía por diferencias sobre el pago de impuestos en las transferencias de futbolistas. Lo hizo “en acuerdo con Tabaré Vázquez”, según señaló el propio Mujica. La decisión se fundamentó, entre otros elementos, en dos informes de los fiscales de gobierno de la época, Toma y Daniel Borrelli.

    Información Nacional
    2017-06-01T00:00:00