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Tras una década de vigencia del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) las compañías del sector no desconocen el rol social que cumple la póliza, pero advierten que algunos aspectos de su implementación producen un desequilibrio financiero al negocio: casi cuatro de cada 10 vehículos circulan sin la cobertura, pero las aseguradoras se hacen cargo del 100% de los siniestros.
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El SOA, creado en noviembre de 2008 (ley Nº 18.412), se puso en marcha en el segundo semestre del año siguiente luego de su reglamentación. Esta póliza obligatoria persigue la universalidad en la cobertura de las víctimas de accidentes de tránsito causados por vehículos y acoplados remolcados, más allá de la existencia de culpa o no.
La falta de fiscalización y la forma en que se asigna el costo de los daños producidos por un vehículo sin SOA, no identificado o hurtado (“coberturas especiales”) son las principales fallas que las aseguradoras señalan, a 10 años de funcionamiento.
Para el Banco de Seguros del Estado (BSE) es “un lujo” que el país cuente con este tipo de póliza, porque si bien no resuelve “todos los problemas” cubre de manera “bastante eficiente” por hasta unos US$ 30.000 el fallecimiento o lesión grave de una persona accidentada, declaró a Búsqueda su gerente general, Raúl Onetto.
Desde Porto Seguro, otra de las compañías con alta participación en los seguros automotores, afirmaron que esta cobertura ha cumplido un “fin social positivo”. Las aseguradoras “no cerraron las puertas ni quebraron, y si bien hubo una afectación y redefinición de criterios de tarifas, pudieron incluir el nuevo producto en la matriz del negocio”, señaló el gerente de Siniestros de la firma, Sebastián Cesar. A su juicio, la cobertura se quedó “a medio camino entre un seguro de accidentes personales y uno de responsabilidad civil, tiene algunas incoherencias e injusticias en su base”, pero que con ajustes lograría mayor madurez.
En 2018, los contratos SOA celebrados fueron 1.101.834, según datos publicados por el Banco Central. De ese total, 63% correspondía a automóviles y 25% a motocicletas, como las principales categorías. Por aseguradora, la mayor cartera era la del BSE, con 542.114 pólizas vendidas (49% del total).
Cuando se lanzó el SOA, la aseguradora estatal captó la amplia mayoría de los clientes. En agosto de 2009 tenía 270.000 pólizas y un año después había duplicado la cantidad de contratos, si bien la facturación solo se expandió 4%, debido al bajo precio (actualmente la cobertura básica cuesta unos US$ 100 para un auto y entre US$ 30 y U$S 40 en el caso de las motos), comentó Onetto.
Gradualmente la competencia se incrementó, especialmente ofreciendo productos de mayor cuantía y cobertura. Similar estrategia siguió el BSE con el SOA Plus y el SOA Plus Más Vida.
En los últimos años, el nivel de comercialización se mantuvo en torno al millón de contratos.
El conjunto del sector asegurador señala la falta de control de cumplimiento del SOA como una de las principales fallas a resolver.
Evasión y mejoras pendientes.
“El SOA en la versión uruguaya no es tan obligatorio porque nadie lo controla”, señaló Cesar.
Onetto estimó que si se comparan las pólizas vigentes y los vehículos con patente paga (lo que hace suponer que están circulando) la evasión en autos y camionetas ronda el 8% (unos 59.000 vehículos). En tanto, en el caso de las motos, unas 222.000 estarían al día con la patente pero no contarían con SOA (evasión de 44%). “El tema grande (de incumplimiento) está ahí”, afirmó.
Si se cruzara la información disponible, las multas ascenderían a unos US$ 15 millones, luego de lo cual la evasión “bajaría fuertemente”, opinó.
La Asociación de Empresas Aseguradoras (Audea), que representa a las compañías privadas, estima en aproximadamente 40% los vehículos que circulan sin SOA.
Para esa gremial, es preciso corregir ese aspecto y otros de implementación que “han generado un desequilibrio económico financiero del sistema”. Sostiene que las aseguradoras “perciben en primas aproximadamente un 60% de los costos del sistema, pero pagan el 100%”. Ello sucede porque “no existe prácticamente ninguna fiscalización pro activa”.
Para mejorar la ecuación del negocio, la Audea y el BSE abogan por un sistema de “fiscalización electrónica” que aplique multas por incumplimiento.
Con esa idea, el sector en su conjunto, con la Unasev y otros organismos acordaron tiempo atrás la posibilidad de que, mediante un acuerdo con el Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive), se pueda hacer un cruzamiento de información de los padrones de automóviles que circulen y los datos de las pólizas vigentes emitidas por las compañías. La propuesta forma parte de un proyecto de ley cuya redacción está “muy avanzada” y que contiene otras oportunidades de mejora en la órbita de la Unasev, informó Onetto.
Para la Audea, “urge adoptar las medidas” acordadas al respecto.
Desde la vigencia del SOA el control que se hace es de tipo administrativo, al momento de empadronar, hacer transferencias, cesiones, etcétera, de un vehículo. A menudo, luego de salvar ese trámite, la póliza no se renueva (algo muy común en el caso de las motos).
Asimismo, el costo de gestionar pólizas SOA se hizo más pesado para las compañías porque en los últimos años crecieron las reclamaciones de “coberturas especiales”. Cubrir los “inseguros” e indemnizar por los daños que provoquen a terceros es como tener un “impuesto encubierto”, dijo Cesar, de Porto Seguro.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2018 se pagaron 949 reclamos que significaron US$ 5,2 millones de indemnización. En 2010, el primer año completo de vigencia del seguro obligatorio, habían sido 35 los casos.
Tanto desde el BSE como de Porto Seguro advirtieron que existe un conjunto importante de profesionales dedicados a gestionar la indemnización prevista por la ley como una actividad lucrativa. Onetto aclaró que en la compañía estatal el proceso de reclamación no requiere que “haya un abogado en el medio”. Agregó que “todo ese mercado caería por su propio peso” si se atacara la evasión mediante la gestión electrónica de multas.
El incremento de las reclamaciones “preocupa” a la Audea porque “se podrían estar pagando incluso más del 100% de los siniestros de tránsito que la ley del SOA pretendió cubrir”.
