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Algunas décadas atrás eran familias como los Otegui, Strauch o Mailhos. Pero pasaron los años y algunos de sus dueños murieron, otros pasaron la posta a generaciones más jóvenes o vendieron el negocio, al tiempo que nuevos empresarios se abrieron camino trastocando el mapa de los grupos económicos.
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Muchos conjuntos económicos son conocidos (comúnmente, las grandes empresas tienen sociedades conexas), pero otros resultan más difíciles de identificar. De hecho, los criterios para clasificarlos han sido controversiales; lejos de disipar eso desde el punto de vista tributario, artículos contenidos en el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento presagian más polémica.
Actualmente se encuentra informado el Banco Central (BCU) acerca de deudores financieros que conforman aproximadamente 4.500 conjuntos económicos, informó esa institución ante una consulta de Búsqueda.
Desde el punto de vista impositivo, la figura del conjunto económico “es un comodín que la DGI ha tratado de usar con mucha intensidad en los últimos años para ampliar el elenco de responsables tributarios. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en forma sistemática ha anulado la mayoría de sus resoluciones y le ha establecido los límites de su actuación”, señala Martín Soca, abogado de Ferrere, en el “Boletín Tributario” publicado este mes por dicho estudio jurídico.
Su comentario surge a propósito de la propuesta, contenida en el proyecto de Rendición de Cuentas de crear un régimen especial de responsabilidad tributaria para los “conjuntos económicos”, que en opinión de Soca “trae aparejadas más dudas que certezas”.
El abogado afirma que, “como ya se ha vuelto costumbre, el Poder Ejecutivo pretende legalizar una práctica condenada por la Justicia. Para peor, la redacción de la norma deja abiertas múltiples interrogantes que serán, sin lugar a dudas, objeto de controversias entre el fisco y los contribuyentes”.
Señala que en el proyecto no se presenta una definición de conjunto económico y es el fisco el que decidirá si se está o no frente a uno “según las circunstancias del caso”, si bien alude a tres presunciones de su existencia: cuando varias empresas o personas tengan una única dirección o coordinación conjunta de la actividad económica; cuando exista una participación recíproca en el capital entre diversos sujetos o un traslado mutuo de ganancias o pérdidas, y cuando varios sujetos organicen en forma conjunta su actividad económica participando cada uno en una etapa de la misma cadena productiva, su giro sea similar, emplean en común capital o trabajo, o tienen una estructura comercial o industrial común.
Para Soca, con ese enfoque “se invierte así la carga de la prueba. Si hay un director de una sociedad que es sobrino del accionista de otra sociedad, se presume que existe administración conjunta y como consecuencia para no ser responsabilizados mutuamente van a tener que probar que eso no es así”. En su opinión, “es evidente que la falta de una definición de conjunto económico genera incertidumbre y la convierte en una norma en blanco, que podrá ser impugnada frente a la Suprema Corte de Justicia por violar el principio de certeza jurídica”.
El proyecto establece además que cada empresa participante del conjunto económico será responsable de los impuestos (y sanciones) aplicables a los demás integrantes. “Es decir, que no se hará una nueva liquidación de impuestos considerando a un único contribuyente (el conjunto económico) sino tantas liquidaciones como empresas lo integren, lo que puede dar lugar a la multiplicación de los adeudos de forma artificial”, apunta el abogado.
Banca y grupos.
Para los bancos, conocer si una empresa o individuo opera de manera vinculada a una o más sociedades es relevante al momento de evaluarlo como cliente. Pero no siempre eso está claro.
La quiebra en 2014 del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur) dio lugar a cuestionamientos de sus ex empleados acerca de los créditos del Banco República dados a esta industria y que, según señalaban, podían haber sido desviados hacia otras empresas de los hermanos Alberto y Máximo Fernández. En la Central de Riesgos figuran como parte de ese grupo las sociedades Polybag, Dianelco, Magdalena Sociedad Agropecuaria y Ganadera, entre otras.
La regulación bancaria define los conjuntos económicos como dos o más personas físicas o jurídicas, residentes o no, que están interconectadas de tal forma que existe control de una sobre la(s) otra(s) o están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta, o tienen unidad en el centro de decisión, o pertenecen a cualquier título a una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos considerados. Además, desde la perspectiva del BCU, cuando una persona física o jurídica ejerza influencia significativa sobre otra o cuando dos o más de estas personas estén bajo la influencia significativa común de una persona física o jurídica, se deben aplicar las mismas disposiciones que para un conjunto.
En la Central de Riesgos del BCU, conformada con datos que aportan las instituciones financieras del sistema, se informan las empresas y personas que integran grupos económicos.
En el comercio, por ejemplo Shopping Center Uruguay (Montevideo Shopping) integra uno con Carlos y Gerardo Lecueder, y las sociedades San Pedro del Cebollatí, Harrison y Gold Source.
En los servicios, vinculadas a Zonamerica aparecen cerca de una decena de sociedades, como Montevideo Teleport International, ZFM Bahamas Limited, Inversiones Zonamerica y Costa Oriental. La compañía de ómnibus Cutcsa figura como grupo con Nuevo Centro Shopping.
En agroindustria, por ejemplo, ligada a la empresa Barraca Jorge Erro figuran varios integrantes de la familia, además de la sociedad Corporación de Maquinarias, Villa Trigo y JWE Transportes. Gigantes como UPM también son parte de otro grupo, al igual que las empresas de Marfrig (frigoríficos Tacuarembó, Colonia, Cledinor, Inaler, junto con la empresa Noblemark).
La Sociedad Anónima Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas (Saceem), forma un grupo económico con Grinor, los consorcios Sacesbe, Sagal y Euskal Erría, Ingener, Saceem Zona Franca, Zonasol, Sedelin, entre otras firmas, según el registro del BCU. Algo similar ocurre con otras de las firmas grandes del sector.
También algunos entes, con sus sociedades satélites, son grupos económicos. Ancap es de los más grandes; figura con 10 compañías vinculadas.