Se puede entonces deducir que, sin horizonte electoral próximo, hay disposición para deliberar serenamente y para determinar una manera propia al Uruguay de desenredar lo que se ha convertido si no en dilema, en aporía,1 comprendida como dificultad, que parece insuperable, a resolver un problema recurrente.
El debate se suele centrar en lo técnico (cómo habría que hacer, qué se debería votar, quiénes, dónde…), sin analizar el porqué, desde una filosofía democrática basada en derechos, deberes, garantías, participación ciudadana y experiencia política para todos los ciudadanos.
Observemos que el país cuña (Methol Ferré, 1967), clave de la Cuenca del Plata y del Atlántico Sur, tapón y salida, consolidó poco a poco su territorio y su singularidad entre los dos grandes Estados vecinos, a través, entre otros, de una original estrategia de estímulo al arraigo de los inmigrantes que llegaban sin tregua a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, no forzosamente para instalarse.
Anclar a los inmigrantes extranjeros en aquel territorio cimarrón casi enteramente deshabitado era entonces vital para el despliegue del proyecto republicano emergente.
Es el contexto de época de elaboración del artículo 1° de la Constitución evocado en la editorial citada anteriormente, que en su versión aún vigente,2 define la República como la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio. 3
Recordemos que en aquel momento fundacional, muy pocos eran sin embargo los ciudadanos habilitados para votar. Las mujeres, los sirvientes a sueldo, los peones a jornal, los soldados de línea, los deudores del fisco, 4 estaban excluidos del voto.
En consecuencia, postulo que la historia cívica y política del Uruguay puede ser iluminada bajo el lente de una progresiva e inexorable ampliación de los derechos cívicos y políticos de las minorías, de los pobres, de las mujeres, de los invisibles en suma, lograda a través de largas peripecias y complicados avatares. Así por ejemplo, en 1915 se establecieron entre otros el sufragio universal masculino y el voto secreto; en 1927 el Uruguay organizó por primera vez en Sudamérica el voto femenino (plebiscito de Cerro Chato).
En este proceso histórico de republicanismo a la uruguaya (Gallardo, 2015), el Partido Nacional, partiendo de la célebre divisa con el lema Defensores de las Leyes, fue un bastión en la defensa de las garantías del sufragio (Chasquetti, 2004); el Partido Colorado el artífice del laboratorio social uruguayo de principios del siglo XIX, proyecto modernizador singular en América del Sur, de corte vanguardista en la construcción de una sociedad integrada.
Sus disputas a lo largo del siglo XIX configuraron el país de utopías, síntesis de republicanismo liberal, de matriz ciudadana sólida y perdurable (Caetano, 2011), zócalo del Uruguay que somos en el tiempo presente.
Sostengo entonces que el reclamo de la ciudadanía del exterior de participación efectiva en el rito democrático que es el voto, como acto afirmativo de una ciudadanía transnacional plena y activa, se inscribe plenamente en raíces culturales y filosóficas que hacen a la orientalidad, concebida como singularidad uruguaya construida socialmente a través del tiempo.
Abarquemos este proceso recordando también que Uruguay, país trasplantado (Darcy Ribeiro, 1970), marcado por una propensión a emigrar que se ha vuelto estructural (Pellegrino, Vigorito, 2005; Cabrera, 2008), se ha transformado radicalmente desde hace ya más de medio siglo, desarrollando una ciudadanía dispersa (Pellegrino, 2003) que constituye una nutrida diáspora 5 arraigada y vinculada como pocas en el mundo a su país de origen. Entre islotes y redes (Dutrénit-Bielus, Mora-Canzani, 2011), la ciudadanía del exterior aporta día a día indispensables contribuciones al país, poco valoradas y visibilizadas aún.
Integrándola, en una visión de un Uruguay futuro diverso, pensando la Nación desde formas más flexibles e imaginativas (Calderón, 2003), el sistema político, la sociedad civil organizada, la academia, la ciudadanía toda, pueden germinar un proyecto integrador, renovando los principios republicanos fundacionales de la orientalidad, en el marco de las instancias ejecutivas, legislativas, deliberativas y técnicas existentes en el seno de las instituciones republicanas.
Destaco finalmente que, si bien se ha objetado que el ejercicio político transnacional podría afectar negativamente la soberanía nacional, la demanda por derechos políticos, lejos de debilitar al Estado-Nación lo fortalece y lo legitima (Calderón, 2003).
Sobre estas bases, la habilitación del voto extraterritorial responde hoy, de cara al futuro, a un país moderno en un mundo globalizado, en el cual Uruguay se proyecta en una plena inserción internacional.
¿Se logrará retomar el camino trazado por las mejores tradiciones democráticas y republicanas, a fin de resolver este problema?
Emprender decididamente esta experiencia significaría en todo caso avanzar hacia una sociedad de iguales, en el marco de una democracia por definición inacabada (Rosanvallon, 2000).
Fernanda Mora-Canzani
Profesora, investigadora
1. Del Diccionario de la Real Academia Española: Del gr. a'pori'a dificultad de pasar. 1. f. Fil. Enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional.
2. Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994 y el 8 de diciembre de 1996.
3. En la Constitución de 1830, el artículo 1º refiere a ciudadanos, no a habitantes y al Estado, no a la República. La sección II está enteramente dedicada a una descripción precisa de la ciudadanía, sus derechos, modos de suspenderse y perderse.
4. Art. 11 de la Constitución de 1830.
5. Diáspora en el sentido de comunidades que tienen una población diseminada en diferentes partes del mundo y que mantienen vínculos y lazos de identidad entre sí. Construcción social fundada en el sentimiento, conciencia, memoria, mitología, historia, narrativas, identidad de grupos, sueños, elementos virtuales y alegóricos (Calderón, 2003).
