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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáRespecto a la contribución de la Prof. Fernanda Mora-Canzani, planteo un punto de vista completamente opuesto: el voto es la expresión del espíritu consagrado por el Artículo 1 de la Constitución vigente: asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio.
Es un derecho y una obligación de toda persona que habite nuestro territorio, implicando no solo a las nacidas en el mismo, sino todas aquellas que, por su actividad laboral, su domicilio real, su convivencia durante la mayor parte del año, en nuestro país, sean habitantes del mismo.
Por ese motivo, no solo se excluiría de esta situación a quienes, nacidos en Uruguay, trabajan, estudian, viven fuera de su territorio, sino que incluiría a todas aquellas personas, nacidas en el extranjero, que habitan en Uruguay.
Quienes viven fuera, por opción o por no haber logrado hacerlo adecuadamente en Uruguay, no son habitantes, independientemente de las relaciones personales, familiares o de otro tipo de lazo que conserven con Uruguay. Por lo tanto, no deben ni pueden ejercer sus derechos ni sus obligaciones en el mismo.
Quienes viven dentro, nacidos fuera del territorio, pero afincados en lo cotidiano, con sus familias, bienes, industria, trabajo, etc., en nuestro país, DEBEN tener los derechos y obligaciones constitucionalmente asegurados.
Desde el punto de vista político, tan querido por la persona uruguaya que se precie de tal, es incuestionable que el voto, expresión sine qua non de esos derechos y obligaciones mencionados, es el tema central de la discusión.
Quien, viviendo fuera del país, viene solo a votar (o como se pretende, hacerlo a la distancia) y quien, viviendo dentro del país, no vota, están en una situación ilegal, afectando lo cotidiano de quienes sí vivimos en Uruguay. Para el partido de gobierno es y ha sido en varias elecciones anteriores, el voto decisivo (voto Buquebus sin propaganda para mi tocayo López Mena) pero que ha distorsionado la realidad política interna.
Aumentar aún más esa situación es inconstitucional, ilegal, contraproducente, costosa para el erario (nuestros bolsillos, de los “nabos de siempre” con permiso de Tomás Linn) y antidemocrática.
Espero que la reflexión, lejos de la euforia en campaña política, ayude a consolidar los valores vigentes, esos que aún nos marcan como un sistema democrático-republicano de gobierno, de los pocos que perduran en esta América Latina del 2015.
Lic. Juan Carlos Perusso Rodríguez
CI 1.032.781-0