Elecciones en el BPS: resurge discusión sobre su obligatoriedad

La Comisión de Asuntos Laborales del Senado analizará desde hoy jueves 10 el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a mediados del año pasado y que propone que no haya obligación de votar si en alguno de los órdenes se presenta una lista única de candidatos (como ocurrirá el domingo para los empresarios). La iniciativa estipula también que el acto se realice un domingo de setiembre dos años después de los comicios nacionales.

“La lógica de la propuesta consiste en reservar la obligatoriedad del voto, incluyendo la sanción para aquellos que incumplen, para aquellas instancias en que los electores lo hacen a título de ciudadanos y en referencia a la organización de una instancia de gobierno que, por ser tal, afecta con sus decisiones al conjunto de la ciudadanía de la circunscripción correspondiente”, explica Mieres en la exposición de motivos de la iniciativa.

El voto obligatorio cada cinco años para elegir a los representantes sociales en el BPS se instauró en 1996.

Como en los comicios nacionales o departamentales, el acto del domingo implica constituir miles de mesas de votación con sus respectivos integrantes y custodias de las urnas. La Corte Electoral informó que el acto del próximo domingo costará $ 112 millones, según “El País”.

Un millón y medio de trabajadores, empresarios (o sus mandatarios) y jubilados registrados en el BPS durante los 12 meses previos estarán obligados a elegir a sus directores en ese instituto (que se compone además por otros cuatro integrantes políticos). Habrá competencia en el orden de los jubilados y, por primera vez, se presentarán dos listas para la representación de los activos.

Los 811.953 trabajadores inscriptos elegirán entre las listas 11 y 16; los 571.502 pasivos lo harán entre la lista 1 y 2; mientras que los 133.069 empresarios tendrán una sola opción, la lista 22. Trabajadores unipersonales, aportantes a las cajas bancarias y notarial, titulares de obra y de servicio doméstico no votan; están eximidos los mayores de 75 años.

Si no se concurre a votar y no se presenta una justificación, se debe pagar una multa que puede llegar al equivalente a unos $ 89.000 en el caso de los patrones.

Las propuestas.

La lista 11 de trabajadores está encabezada por el actual representante, Ramón Ruiz, integrante del PIT-CNT. Propone instalar un Diálogo Nacional de Seguridad Social como política de Estado, apunta a que el pilar de capitalización individual en manos de las AFAP “no es la solución a los problemas de la seguridad social” y plantea analizar el caso de los menores de 40 años obligados a ingresar al sistema mixto y que hoy se están jubilando (conocidos como “cincuentones”). También sostiene que las jubilaciones mínimas son “a todas luces insuficientes”.

Su competencia, la lista 16, impulsa como candidato a Luis Lisboa, funcionario del BPS hoy en pase a comisión y militante del Partido Nacional.

Lisboa dijo a Búsqueda que su agrupación está “separando el tema político de lo social” y señaló que lo respaldan “compañeros que son delegados del PIT-CNT, otros que no están en ningún sindicato” y otros que integran los gremios escindidos de la central. El postulante plantea “atacar el tema del financiamiento del sistema de seguridad social” apuntando a las firmas informales, porque “el BPS focaliza sus inspecciones en las empresas formalizadas”. Además criticó que el organismo “no garantiza el cumplimiento de la ley de negociación colectiva”.

Entre los pasivos se presentará a reelección Sixto Amaro, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), con la lista 1. Propone aumentar las jubilaciones mínimas $ 2.500 y equipararlas al salario mínimo nacional (hoy en $ 11.150), el restablecimiento del aguinaldo para los pasivos y la eliminación de los topes jubilatorios. También quiere una prima por edad para todos los pasivos mayores de 70 años (hoy se otorga a quienes cobran menos de $ 11.720) y mejorar el alcance de las políticas de vivienda, salud y turismo para jubilados.

La lista 2 está encabezada por Carlos Sarthou, militante del Partido Nacional. La impulsa una asociación de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, la Unión de Jubilados y Pensionistas y el Movimiento Independiente Pro Ayuda Social. Sarthou apunta a “despolitizar la seguridad social” y a que el representante de los jubilados “esté en el sillón como director social pero alejado de las decisiones que toman los cuatro directores políticos del BPS”, declaró a Búsqueda. También quiere restablecer el aguinaldo para los jubilados, revisar las pasividades mínimas, asegurar el control de la Universidad de la República en los hogares de ancianos, aumentar las penas en delitos de arrebato, rapiña y copamiento a víctimas de más de 65 años, así como unificar las leyes jubilatorias en un código para “que la gente tenga una legislación que abriendo un libro tenga lo básico”.

La lista 22 de los empresarios lleva como candidata a la actual representante en el Directorio, Elvira Domínguez. Plantea “no incrementar la presión fiscal sobre el empresariado”, combatir la informalidad y brindar capacitación en seguridad social a los empresarios. Se enfocarán en “bregar por un acceso igualitario del empresario para que sea considerado como sujeto de derecho en seguridad social sin discriminación”.