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¿Cuál es el delito grave del intendente? ¿Dónde se violó la Constitución? Estas son las dos preguntas centrales que hicieron legisladores del Partido Nacional al escuchar a los ediles del Frente Amplio de Paysandú que impulsan un juicio político contra el intendente Bertil Bentos, por los hechos ocurridos en una dependencia de la comuna —la “Casita del Parque”—que llevó al procesamiento con prisión del ex director general de la intendencia, Horacio de los Santos, dirigente del Partido Nacional.
La semana pasada, la Comisión de Constitución del Senado comenzó a analizar el pedido de la Junta Departamental de Paysandú de juicio político a Bentos.
Según la Constitución, a la Cámara de Senadores le corresponde abrir juicio político y pronunciar sentencia al solo efecto de separar al jerarca por dos tercios del total de sus componentes (21 votos). Por lo tanto, en la cámara alta se necesita que una parte de la oposición acompañe la medida. El Frente Amplio tiene 16 votos.
Lograr esa mayoría especial aparece como muy difícil si se tienen en cuenta los primeros planteos de blancos y colorados en comisión.
Bentos es juzgado en el Senado debido a los hechos que involucraron a De los Santos, procesado por abuso de funciones debido a que participó en una fiesta en una dependencia de la comuna —la “Casita del Parque”— donde había menores de edad. A fines de agosto, el procesamiento se amplió por “explotación sexual de menores de edad”.
El martes 24, los ediles del Frente Amplio denunciantes fueron recibidos por la Comisión de Constitución del Senado. El edil Walter Duarte dijo que los denunciantes entienden que hay “responsabilidad” del intendente Bentos por lo que “implica la supervisión de las instalaciones y de los bienes municipales a su cuidado” y que, además, omitió formalizar una denuncia penal.
Luego de la presentación los legisladores realizaron una serie de preguntas. Eber Da Rosa (Alianza Nacional, el mismo sector que el intendente) recordó que la Constitución habla de juicio político a un jerarca cuando comete un delito grave o viola la Carta Magna. “La Constitución no se refiere a la mala gestión o a irregularidades”, precisó. Por eso, preguntó a los ediles “dónde se advierten” los delitos “graves” o la “violación” de la Constitución.
“Ese será trabajo de la Comisión. Nosotros traemos un relato de hechos y los señores senadores —que en este caso actúan como tribunal— considerarán si encuadran o no en algunas de estas figuras”, respondió el edil Duarte.
La respuesta no conformó a los legisladores blancos. Pablo Iturralde (Alianza Nacional) preguntó tres veces “¿cuál es el delito grave?” y “dónde” creen los ediles que se violó la Constitución. “Me parece —subrayó— que no está encuadrando en la figura prevista en la Constitución de la República para promover un juicio político”.
El senador colorado Ope Pasquet afirmó que “no es suficiente con invocar hechos genéricamente o referirse genéricamente al problema de la prostitución infantil —que por supuesto a todo el mundo preocupa y debe preocupar— sino que hay que ajustarse a la Constitución, ya que es la forma en que después el acusado pueda ejercer su derecho de defensa y el Senado cumplir con propiedad su función de juez (...). Creo que la gravedad institucional de los hechos reclama una acusación deducida con total precisión en la fundamentación de los hechos y en la calificación jurídica que para los mismos se proponga”.
El jueves 26, el intendente Bentos fue a comisión acompañado por tres asesores: Martín Etchebarne, Nicolás Olivera y Martín Risso.
Este último, experto en Derecho Constitucional, explicó que “no hay una acusación” sino una “denuncia o una notificación por parte de la Junta Departamental de Paysandú de ciertos hechos que podrían considerarse una irregularidad”.
En tanto, Bentos dijo que se siente “traicionado” en la “confianza” que tenía en Santos y aseguró que removió al jerarca con celeridad. “Si el hecho de haber actuado con probidad, celeridad, rectitud, apego a la norma y a los procedimientos, supone remotamente una violación a nuestra Carta Magna o un delito grave, no tengo más remedio que asimilar cualquier reproche que por ello me corresponda”, afirmó el intendente.
