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La empresa Aler SA denunció esta semana ante uno de los juzgados especializados en crimen organizado una licitación de algodón para todos los hospitales públicos del país, realizada por la Unidad Centralizada de Adquisiciones, en la que presuntamente se cometieron ilícitos.
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De acuerdo con la denuncia, esa licitación está plagada de irregularidades y se configuran los delitos de “conjunción del interés personal y público” el de “abuso de funciones” y la “puesta en el comercio de sustancias peligrosas para la salud”.
La denuncia dice que el producto ofertado por la empresa ganadora de la licitación contiene sustancias que podrían ser tóxicas y señala vínculos entre empleados de esa firma y funcionarios de la Unidad Centralizada de Adquisiciones.
Según el texto del escrito presentado ante la sede judicial, al que accedió Búsqueda, Aler SA es una firma proveedora del Estado desde hace más de 41 años y durante 11 años en forma ininterrumpida suministró algodón hidrófilo.
Aunque el objetivo de la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas es “obtener productos y servicios de calidad, reducir gastos de gestión y obtener mejores precios de adquisición”, en el llamado público 33/2012 sucedió “totalmente lo contrario”, apuntan los denunciantes.
La resolución 24/2014 adjudicó a la empresa Akimex SA la venta al Estado del algodón hidrófilo durante un año a partir del 30 de junio de 2014. Esa resolución ya fue recurrida administrativamente por la empresa Aler SA (Búsqueda Nº 1.757), a lo que ahora se suma una denuncia penal.
“Llama la atención”.
“La UCA adjudicó en forma totalmente infundada a la firma Akimex SA. de tan solo 8 años de antigüedad en plaza y ninguna experiencia en este rubro, el objeto del llamado por una cantidad que cuadruplica no solo el objeto del mismo, sino también las propias necesidades de la administración, que se estimaron en la cantidad de 87.749 kilos”, señala el escrito judicial presentado por el abogado Nicolás Pereyra.
“Pese a haberse estimado el consumo para el presente ejercicio anual en la cantidad de 87.749 kilos, se adjudicó por la cantidad de 350.996 kilos (...) con el consiguiente despilfarro de los fondos públicos que ello originará”, agrega.
La empresa destaca que su competidora “no es especialista en la rama de actuación” y su actividad de importación de algodón “es simplemente accidental y motivada únicamente por el llamado”.
“Pese a que el llamado a la licitación y la adjudicación de la misma recién ocurre en marzo de 2014, en abril de 2013 —un año antes de la adjudicación— Akimex había comenzado a importar algodón y durante el ejercicio 2013 se presentó ante distintos centros hospitalarios como futuro proveedor del Estado”, subrayan.
Pero las irregularidades denunciadas no terminan allí. Según la empresa Aler, de diversos análisis efectuados en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) se concluyó que el algodón ofertado por Akimex contiene “serias impurezas”.
La más grave de esas impurezas es el “rayón”, producto que según documentación adjuntada por los denunciantes puede ser “nefasto” para la salud debido a que en el proceso de producción de esta sustancia se está expuesto al bisulfuro de carbono y al sulfuro de hidrógeno. “Ambos ejercen una serie de efectos tóxicos según la intensidad y la duración de la exposición”, lo que puede generar desde “fatiga y mareo” hasta la “muerte”, advierte.
Los denunciantes sostienen que la sede “debe analizar la presunta comisión de un delito contra el bien jurídico salud pública”.
“Vínculos”.
La firma también denuncia un presunto tráfico de influencia entre empleados de la empresa ganadora y funcionarios de la UCA.
“Un ex empleado de mi representada y el ex contador de la empresa ahora prestan funciones y asesoramiento en la empresa adjudicataria. Ambos tendrían vinculaciones personales con el gerente de la Comisión Técnica de Insumos Médicos”, denuncian.
Según la denuncia, la “conjunción del interés personal y público” habría sido cometida por el gerente de la Comisión de Insumos Médicos, quien “notoriamente vinculado con personal dependiente de Akimex omitió denunciar o informar circunstancias que lo vincularon personalmente con la empresa interesada en la adjudicación del llamado, en un acto de su función”.
De acuerdo con el escrito, el “abuso de funciones” habría sido cometido por “personal superior de la UCA” porque ratificaron el accionar de sus subalternos.
“No es creíble que dada su jerarquía no estuvieran informados de los aspectos del expediente del llamado, las notas presentadas marcando los errores de la empresa adjudicataria, los recursos, etc.”, sostienen.
Según los denunciantes, la actitud de estas personas demuestra una conducta “claramente dolosa, intencional” destinada a “obtener beneficios a los que no se tiene derecho” y “dañar a la administración”.
