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Los operadores de televisión por cable, molestos desde hace años debido a la negativa del gobierno a permitirles expandir sus negocios hacia los servicios de Internet, encontraron estos días un nuevo motivo de enojo. Según dijeron a Búsqueda representantes del sector, las compañías consideran que el Poder Ejecutivo está favoreciendo al argentino Grupo Clarín —a través de la proveedora de TV para abonados Cablevisión— en detrimento de las empresas nacionales.
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La razón es que el nuevo servicio que comenzó a promocionarse recientemente —Cablevisión Flow, una plataforma que ofrece TV en vivo y contenido on demand en dispositivos electrónicos— forma parte de un acuerdo entre la estatal Antel y la empresa. Así, la venta del servicio está acompañada de un aumento gratuito del ancho de banda por parte de Antel, para que los usuarios que lo contraten no vean encarecerse sus planes de Internet móvil.
La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) pidió a sus asesores legales un análisis jurídico del tema, ya que entienden que el acuerdo entre Antel y Cablevisión podría contravenir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque aún la directiva de Andebu no emitió una resolución oficial al respecto, ya que todavía está analizando el tema, su presidente, Omar De León, declaró a título personal, que existe una “gran preocupación relativa a la venta de Flow a través de la red de Antel”.
“Este sector está conformado en un 90% por pequeñas y microempresas, en su inmensa mayoría familiares, sobre todo en el interior del país. Si esto se expande, va a afectar fuertemente y en especial a las empresas de TV para abonados mediante la reducción de mano de obra. Están desesperadas”, dijo a Búsqueda.
El acuerdo entre Antel y Cablevisión —competidora directa de las empresas de TV para abonados locales— se da en un contexto que De León describe como “crítico” para las empresas televisivas. La pérdida de ingresos y la reducción de la plantilla laboral es una realidad tanto en los canales de Montevideo como en el interior, aseguró.
Las restricciones estatales que les impiden expandir sus servicios y, por ejemplo, utilizar sus redes para ofrecer a sus clientes conexión a Internet, no colaboran, sostuvo. Para empeorar las cosas, hoy ven cómo el Estado, a través de Antel, se alía con una competidora y ofrece al público ambos servicios juntos, Internet y TV.
Licencia “ilegal”
En 2017 el Poder Ejecutivo dispuso que los servicios de TV para abonados que utilizaran la banda de 512 MHz a 698 MHz, para transmitir mediante el sistema terrestre, debían migrar a una sistema satelital. Eso afectó concretamente a Cablevisión, que operaba en esas frecuencias. Al migrar de sistema, la empresa pasó de tener una “autorización” —que se concede para realizar transmisiones por frecuencias terrestres— a tener una “licencia”, prevista para aquellas empresas que transmiten vía satélite.
Eso, según De León, contraviene la “ley de medios”, ya que la compañía obtuvo la licencia “sin seguir un procedimiento competitivo detallado como establece la norma”. El ingeniero sostuvo que la licencia fue adjudicada de forma directa por orden de la expresidenta de Antel Carolina Cosse.
De León afirmó que ese beneficio “ilegal” fue un gran golpe para el sector, ya que demostró que Antel colabora “a la extranjerización de los medios y del trabajo, porque en definitiva con estos nuevos servicios se va la mano de obra del Uruguay”. Es que, a su juicio, cuando finalice la migración, el cambio de tecnología implicará que Cablevisión cierre su planta de emisión local y pase a emitir desde Argentina, prescindiendo, por ejemplo, de su equipo técnico. El call center para la atención de los clientes ya comenzó a funcionar en el vecino país.
Acuerdo
Al anunciar su acuerdo con el Grupo Clarín el pasado 1 de octubre, la estatal informó de beneficios para los clientes que contraten Flow. Al hacerlo, Antel incurrió en una “competencia desleal”, opinó De León.
Si un usuario quiere contratar el servicio de Cablevisión Flow, se comunica con la compañía, esta da aviso a Antel y el ente le aumenta en 75% la cantidad de gigas (volumen de datos) que puede usar sin cargo adicional ni reducción de la velocidad de descarga, para que pueda acceder correctamente al servicio. Es que los usuarios generalmente tienen un límite de gigas disponible en sus contratos, y en caso de excederse (por ejemplo, al utilizar Netflix u otras plataformas similares de operadores de cable, como NS Now o Montecable Go, que consumen mucho Internet), Antel reduce la velocidad o le cobra por el exceso de consumo.
En cambio, al usar Flow eso no sucede. Incluso, el beneficio que Antel les otorga a los abonados al no cobrar el consumo de Internet extra, puede superar el costo de Flow ($ 699). “Es imposible competir contra esto”, cuestionó De León.
Además, el especialista denunció que el acuerdo entre Antel y el Grupo Clarín, firmado en febrero de 2018 y que pretende renovarse automáticamente, fue declarado confidencial, por lo cual no se conocen sus condiciones. “Una empresa monopólica está obligada a publicar esos contratos, para asegurar que se le otorguen las mismas condiciones a todos”, sostuvo. Según De León, ese tipo de medidas parecen responder a una política “que tiende a perjudicar a las empresas nacionales a favor de extranjeras”.
Consultados por Búsqueda, desde Antel optaron por no hacer declaraciones.
