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A fines de 2020, el informe al Poder Legislativo del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, aventura que en 2024 el total de reclusos podrá totalizar 19.000 personas. Advierte que para asegurar su tratamiento en condiciones de respeto por los derechos humanos el gobierno debería construir unas 4.000 plazas, lo que equivale a ocho nuevas cárceles para recluir a 500 internos.
Desde 2002 el número de reclusos se triplicó. Ese año había 5.000 y en 2022 la cifra llegó a 14.500. Los reclamos locales a internacionales por la pérdida de derechos humanos en las cárceles condujeron en 2005 al presidente Tabaré Vázquez a impulsar la Ley 17.893 (de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario), que permitió liberar a 825 reclusos. De poco o nada sirvió. La delincuencia se mantuvo y en algunas áreas creció hasta llegar a la actual situación que le preocupa a Petit, quien se basa en informes de más de una veintena de expertos.
Con razón, el comisionado expresa que ante el crecimiento de presos Uruguay se enfrenta a un “dramático dilema”, salvo que construya más cárceles cuyos recursos parecen imposibles de financiar. En consecuencia, aumentará el hacinamiento y la falta de atención que permita reeducar. Cita el mandato constitucional del artículo 26: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación...”. Ese precepto constitucional, dice el informe, “parece ser un llamado a que la sociedad no responda al acto reflejo de ‘solo castigar’ a quien provocó dolor — de distintos grados, siempre lamentables — a otros”.
Pero la Constitución también avala en los artículos 12 y 15 que los reclusos no están en la cárcel por una decisión arbitraria. Están entre rejas mediante un “proceso y sentencia legal” por “orden del juez competente” siempre con el fundamento y los castigos que establece el Código Penal.
Razona Petit que el ciudadano cree que mientras los delincuentes estén en la cárcel bajan los riesgos para la sociedad, cuando en realidad la existencia de más personas presas no es sinónimo de seguridad y advierte que a veces suele ser lo contrario. O tal vez no.
En los últimos años, varias normas han permitido reducir el tiempo de reclusión de los delincuentes. Por su notoriedad se destaca la que benefició al múltiple homicida Pablo Gonçálvez, que redujo los años de reclusión por días de trabajo o estudio. Gonçálvez estaba condenado a 30 años, el máximo legal, y fue liberado luego de 22 años. Poco después volvió a delinquir en Paraguay.
La exhortación de muchos juristas y expertos para reducir las penas se da de bruces con los hechos, fríos y descarnados. Un estudio sobre Homicidios de 2023 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas ubica a Uruguay en el segundo lugar sobre 35 países detrás de Jamaica. El año pasado en este país se produjo un aumento del 25,8 % de homicidios, con 11,2 cada 100.000 habitantes en 2022. Datos concretos: hace dos semanas se produjeron en Uruguay nueve homicidios y varias personas resultaron heridas de bala, la mayoría sin identificar al causante.
De ese total de homicidios, se destacan los tres que se le atribuyen al prófugo Claudio Andrés Cancelo, cometidos en Estación Floresta. En Facebook el sospechoso negó ser el autor y defendió con amenazas a sus familiares atacados en redes sociales: “Les aviso: un integrante (de su familia) que tenga, aunque sea por accidente, un problema o un rasguño, ahí sí me voy a volver asesino. Yo no perdono a nadie, va a hacerse una masacre al azar”. Quien amenaza con cometer una masacre es porque padece una psicopatía.
De repente si Cancelo se entrega puede demostrar su inocencia, aunque el jefe de Policía de Canelones afirma que existen elementos para demostrar su responsabilidad. Lo sorprendente es que este hombre de 35 años estuviera en libertad cuando en Canelones registra antecedentes judiciales por varias rapiñas, hurto y estafa. Si esa genérica información periodística se ajusta a esos antecedentes, que estuviera en libertad no tiene explicación.
La semana pasada se produjeron en el Cocar otros cuatro homicidios y la autoría es de los reclusos que generaron un incendio que también dejó heridos graves.
Ahora bien, aunque los argumentos de Petit y de varios expertos en cuestiones carcelarias sostengan la necesidad de que haya menos presos, que se rebajen algunas penas o que se apliquen medidas sustitutivas a la prisión, ¿cómo se convence a los familiares, amigos o vecinos de las víctimas de que mantener en prisión a los delincuentes no disminuye los riesgos para la sociedad? Imposible. Es más, apuesto a que muchos son partidarios de la prisión perpetua.
Mientras tanto el gobierno anunció que mantendrá las medidas de combate a la delincuencia que fueron implementadas por el extinto ministro del Interior, Jorge Larrañaga: represión y prevención.
