En Uruguay funciona una suerte de Ministerio de Justicia “oculto” y es “impostergable” que se lo formalice, advierte Felipe Michelini

“Además, el Nuevo Espacio ha propuesto que esa secretaría de Estado, que dicho sea de paso está en el programa del último congreso del Frente Amplio, se realice a partir del 1º de marzo de 2015. Eso le saca toda sospecha de utilizar una vía indirecta para acordar cuestiones de política menor”, subrayó.

Por ejemplo, indicó que sin una secretaría de Estado no hay “nadie” que pueda “liderar” la defensoría del Estado, un área en la que se gasta mucho tiempo y dinero porque habitualmente el Estado pierde muchos litigios. A su juicio también es necesario “establecer una coordinación con el mundo exterior”.

“Nosotros hemos ratificado prácticamente todos los tratados de derechos humanos y no tenemos un seguimiento centralizado de estos temas”, advierte.

“Es impostergable una secretaría de Estado en estos temas. No debemos olvidar que en la agenda del país está la reforma del Código Penal, del Código del Proceso Penal, del Código Penal Juvenil y la Ley Orgánica del Ministerio Público”, añade el legislador.

“Statu quo”.

Michelini entiende que su planteo ataca el “statu quo” porque “hay sectores” que prefieren que “todo quede como está”.

Cuando se le pregunta a cuáles “sectores” se refiere, contesta que “en general a la administración no le gusta que le cambien las cosas” y que “en segundo lugar hay sectores que se benefician de cómo los uruguayos tienen justicia: algunos abogados, algunos sectores de magistrados y algunos sectores económicos que prefieren que todo siga como está”.

En paralelo, cuando se le plantea que la figura de un Ministerio de Justicia es vinculada por muchos operadores jurídicos con la última dictadura (1973-1985), Michelini se molesta. Para él nada tiene que ver lo que sucedió en la década de 1970 con lo que ahora se plantea.

“Durante la dictadura lo que hubo fue una intervención clara de la Justicia. Como en toda la sociedad uruguaya, hubo mucho temor. Hubo persecución de jueces, fiscales y funcionarios pero también hubo complicidades, no tuvimos un Poder Judicial impoluto”, asegura.

“Acá estamos hablando de otra cosa: de optimizar y desarrollar mejor los cometidos que ya por vía de asignación constitucional o legal tiene el Poder Ejecutivo”, señala.

El diputado subraya que su propuesta “no afecta en nada el mandato constitucional de superintendencia del Poder Judicial que tiene la Corte”.

“Eso no lo toco”, aclara Michelini, aunque agrega que es notorio que los propios ministros de la corporación disfrutan mucho más de realizar el trabajo jurisdiccional —porque “a eso dedicaron una vida entera”— que a la tarea administrativa.

El diputado frenteamplista se manifestó muy sorprendido durante el 2012, cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un comunicado en el cual señaló que si se aprobaba la creación de un Ministerio de Justicia que administrara recursos destinados al Poder Judicial, eso podía ser inconstitucional.

“No entiendo cómo la Suprema Corte puede emitir opiniones sobre eventuales leyes que después tendrá que decidir sobre su constitucionalidad”, señaló.

“Para mí claramente está prejuzgando”, acotó sobre la base de que “lo importante” es que ese ministerio “pueda construir un diálogo con el Poder Judicial, que hoy nadie lo tiene”, acerca de “cómo fortalecer las políticas de accesibilidad a la Justicia, de cómo garantizar la seguridad jurídica y promover más y mejor los derechos humanos”.

“Interlocutor”.

Según Michelini, una secretaría de Estado de este tipo es importante también para la oposición, ya que le permite tener un “interlocutor válido” y con “responsabilidad política” del otro lado.

El diputado puso como ejemplo lo que sucedió en torno al ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando fue consultado por el diputado nacionalista Álvaro Lorenzo acerca de una norma que podía beneficiar a los hermanos Peirano Basso.

“Cuando se habla de temas de Justicia se termina convocando a (el ministro de Educación y Cultura, Ricardo) Ehrlich, pero es un secreto a voces y él mismo lo sabe, que ese tema no es su fuerte ni al que ha dedicado su mayor preocupación”, indicó.

“Y cuando hubo dudas en el Parlamento en el giro de un artículo de una ley, no llamaron al ministro del ramo, llamaron a un grado 5 que ocasionalmente era ministro de otra cartera a los efectos de que les aclarara el caso. Y no fue el oficialismo, fue la oposición. Eso demuestra el nivel de debilidad institucional en el que estamos”, cuestionó.

Pero hay más aspectos de los que un eventual Ministerio de Justicia debería hacerse cargo. A juicio de Michelini, esa secretaría de Estado no puede estar desvinculada de la tarea productiva del país, porque “la seguridad jurídica” afecta mucho esa temática. “Por ejemplo, hoy no se patenta porque es muy caro”, señaló.

En su concepción tampoco puede estar ausente de la formación de los operadores jurídicos. Por ejemplo, sostuvo que es necesario mejorar la formación, investigación y extensión que se realiza en las ciencias jurídicas.

“Transparentar”.

En otro orden, el dirigente del Nuevo Espacio sostiene que se debería dotar de “mayor transparencia al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju), que se encarga de formar a los futuros magistrados.

“A mi juicio es parte de lo que se necesita transparentar. Tiene una integración colegiada pero me da la impresión que no ha tenido una apertura a la sociedad importante”, reflexiona.

Para Michelini, incluso sería conveniente crear un “Centro Superior de Estudios en la Judicatura” del que participe tanto la Universidad de la República como las universidades privadas que imparten cursos de Derecho. “Yo no tengo ningún prejuicio”, advierte.