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    En Uruguay, la presión de tributos y aportes jubilatorios fue 31,5% del PBI

    Ese porcentaje superó el promedio regional, según un comparativo

    Si bien es común escuchar quejas sobre el peso del Estado —señalado irónicamente por algunos empresarios como su “principal socio”—, los uruguayos, en general, comprenden que los impuestos sostienen un aparato público que brinda servicios de educación, salud o seguridad. Según encuestas hechas por la Dirección General Impositiva (DGI), nueve de cada 10 piensan que pagar es una obligación y lo entienden como un deber ciudadano. Una proporción similar considera que evadir es incorrecto. “Contrariamente a lo que muchos piensan —es un mito—, realmente los uruguayos tienen una cultura y una moral tributaria altísima. Es a donde debemos apuntar: son pocos los que creen bueno evadir”, dijo un par de años atrás la directora general de Rentas, Margarita Faral, a Búsqueda.

    Uruguay es, en una comparación regional, uno de los países en donde más carga fiscal se paga medida en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). La medición de Presión Fiscal Equivalente (PFE) calculada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) ubicó en 31,5% del PBI para 2021 la totalidad de los recursos recaudados, lo que abarca cuatro componentes: los ingresos impositivos tradicionales del gobierno —lo que cobra la DGI— y las intendencias; las contribuciones a la seguridad social; los aportes obligatorios a regímenes privados de seguridad social; y los ingresos no tributarios provenientes de la explotación de recursos naturales (que fue nula en el caso uruguayo, pero superó el 20% en México y Panamá).

    Esos 31,5 puntos del PBI en Uruguay de presión equivalente en ese año se compusieron, mayoritariamente (89,8% del total), de ingresos tributarios (89%) y, dentro de estos, de las contribuciones sociales públicas (28,1%), el IVA (25,0%) y el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (11,7%). A su vez, las contribuciones a la seguridad social privadas representaron el otro 10,2% de los ingresos totales.

    Convergencia

    Para el promedio de 25 países de América Latina y el Caribe, la PFE fue 23,6% del PBI. Además de Uruguay, estuvieron por encima de esa media Brasil (34,6%), Argentina (32,7%), Barbados (31,9%), Chile (28,1%), Jamaica (28,0%), Nicaragua (27,7%), El Salvador (27,1%), Bolivia (26,7%), Costa Rica (25,6%) y Colombia (24,6%).

    El BID y el CIAT publicaron recientemente esas estimaciones en un documento de trabajo que analizó la evolución de ese indicador desde 1990 hasta 2021, “a la salida de la pandemia de Covid-19”. La PFE promedio para los 25 países analizados aumentó más de seis puntos del PBI, desde 17,3% a inicios de la década de los 90; fue, sobre todo, por los mayores ingresos impositivos (pasaron de 13,5% del Producto a 18,0% en 2021). Salvo en Panamá y Trinidad y Tobago, creció la presión en ese lapso.

    Debe tenerse en cuenta que el concepto de la PFE es un cociente entre dos variables nominales (la recaudación y el PBI) que pueden verse afectadas de distinta manera. De hecho, la PFE actual de los países de la región atravesó los drásticos impactos negativos de la pandemia de Covid-19, particularmente, en lo que respecta a la recaudación tributaria. Es que, así como entre 2018 y 2019 la mayoría había alcanzado valores máximos históricos de su PFE, en 2020, y luego de soportar los efectos más recesivos de la crisis, bajó en 17 de las 25 economías analizadas (incluida la uruguaya).

    Además de analizar esa perspectiva de largo plazo de la PFE promedio de esta región, el trabajo trazó una comparación con la media del grupo de países avanzados o en camino de serlo que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese sentido, a partir de un indicador de convergencia relativa como porcentaje de la recaudación tributaria total, los autores comprobaron la “continuación de una lenta convergencia” durante las últimas tres décadas; partiendo de un valor inicial de 52,0% (si se consideran solo los ingresos tributarios de América Latina y el Caribe) y de 56,2% (si se utiliza la PFE para la comparación con la media simple de la OCDE), este indicador se mantuvo casi inalterado en la década de los 90, subió fuertemente en los años 2000 y ralentizó su crecimiento y se estancó en la década pasada, aunque en 2019 alcanzó valores máximos históricos del 66,0% y el 71,6%, respectivamente. En este resultado pudieron haber incidido “el contexto internacional adverso, la incapacidad de avanzar en reformas tributarias estructurales y la reducción de la demanda de los recursos naturales de la región, lo cual afectaría tanto a los ingresos tributarios como no tributarios asociados a los sectores extractivos”, explican los investigadores.

    “Ciertos instrumentos, como los impuestos generales sobre bienes y servicios, alcanzaron un desempeño superlativo” en términos de esa convergencia, pero hay una “brecha persistente en algunos de ellos, específicamente, en aquellos que quizá podrían tener mayor incidencia en el ámbito distributivo. En claro contraste con la situación de los principales países desarrollados, esto incluye tanto las contribuciones destinadas al financiamiento de la expansión de la cobertura de protección social como las variantes de imposición directa que recaen sobre el patrimonio y sobre los ingresos” personales, sostienen los autores. “En cierta medida —agregan—, el análisis de convergencia también brinda la posibilidad de determinar las principales áreas y los más destacados espacios fiscales en los cuales sería necesario, de cara al futuro, concentrar los esfuerzos en materia de reformas tributarias para asegurar la sostenibilidad” sobre la base de sistemas “más equitativos y eficientes”.