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En la tarde del lunes 19, horas antes de que el gobierno decretara la emergencia hídrica en Montevideo y la zona metropolitana, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo reunido con buena parte de su gabinete. Fue una reunión larga y discutida. Un encuentro de estos en los que se analiza cómo gestionar una crisis a corto y largo plazo. Se trabajaron algunas respuestas y acciones. Medidas concretas que anunciarían luego en conferencia de prensa para ponerle al menos unos parches a la situación inmediata, mientras se irán tejiendo otros para atender lo que se vendrá. Porque en la Torre Ejecutiva saben bien que todo puede estar peor. Y para esos peores escenarios se están preparando mientras miran al cielo implorando por una lluvia que no termina de caer.
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“Desde el 26 de mayo para acá, el sur del Uruguay tiene un toldo. No ha llovido más en todo este tiempo y los pronósticos meteorológicos no han sido nada auspiciosos”, comentó a Búsqueda uno de los jerarcas de la Torre Ejecutiva. “Por eso todos los planes que estamos evaluando y haciendo son como si ese toldo no se corriera más”, agregó. “El gobierno pasa al frente, se adelanta a lo que viene con medidas proactivas. No está previsto, pero los valores de sodio en el agua pueden llegar a subir más adelante y nosotros ya estamos anticipando ese escenario”, dijo otra fuente del Poder Ejecutivo.
En ese encuentro del lunes 19, el presidente pidió que le plantearan “propuestas de carácter preventivo” para contemplar a la población más vulnerable, dijo a Búsqueda el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. En esa idea se estuvo trabajando en silencio en el Poder Ejecutivo hasta que en la tarde del martes 27 se anunció, en otra conferencia de prensa, un nuevo paquete de medidas que se agrega a la exoneración impositiva para agua embotellada. Allí, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, informó que todo el dinero relacionado con la gestión de la crisis hídrica se va a canalizar a través de un fondo común, una herramienta similar a la que se usó durante la pandemia para atender las consecuencias del Covid-19. “Esto nos permite dar mucha transparencia en todos los gastos que vamos a hacer”, destacó Arbeleche.
En la conferencia, Lema anunció que habrá 420.000 beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), adicionales a unos 20.000 ya amparados por otras medidas, que podrán acceder a dos litros de agua embotellada por día mientras persista la crisis hídrica. En el Poder Ejecutivo evalúan que esto garantiza la cobertura porque entienden que, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en promedio, una persona toma un litro de agua cada jornada.
Los beneficiarios de esta medida son todos los hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad, en los que residen menores que reciben Asignaciones Familiares-Plan de Equidad y los usuarios de la Tarjeta Uruguay Social que no estén comprendidos en las asignaciones familiares. Estos son personas en situación de calle o personas víctimas de trata.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó que también se asegurará en Montevideo y Canelones la compra de dos litros de agua por día a 80.000 jubilados y pensionistas con ingresos mínimos
Según Lema, Lacalle Pou reclamó que el criterio para definir el universo de beneficiarios de estas medidas fuera el más “abarcativo posible” y por eso llegará a unos 500.000 uruguayos.
Entre las medidas de exoneración de impuestos para bajar el costo al público general del agua embotellada y los dos litros por día que llegarán a la población más vulnerable, el Poder Ejecutivo gastará unos US$ 23 millones mensuales.
Reunión con el Frente
Ayer miércoles, el presidente Lacalle Pou recibió en la Torre Ejecutiva a una delegación del Frente Amplio para intercambiar posibles soluciones a la crisis del agua. Los dirigentes de la oposición fueron liderados por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Pereira le entregó al mandatario un documento que contiene un paquete de 71 medidas que reclama la oposición política.
Según el texto, se considera “imperioso” fijar una exoneración parcial en el pago de la tarifa de OSE en el área metropolitana. Al salir de la reunión, Pereira dijo que el mandatario no accedió a ese pedido, debido a que “OSE debe enfrentar un conjunto de obras”, que “no le permite hacer una renuncia fiscal” en este momento. El Frente Amplio también demandó la elaboración de un plan integral para abordar los efectos de una crisis. “No se sale solo con recursos económicos, sino con acciones, trabajo dedicado y un rumbo claro”, dice el documento del Frente Amplio.
