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El Partido Socialista y el Partido Nacional se enfrentaron en los últimos días por el contenido de un proyecto de ley de urgente consideración que el postulante blanco Luis Lacalle Pou quiere impulsar en caso de triunfar en las elecciones. Los socialistas evalúan que la norma podría ser inconstitucional y apunta a realizar un “ajuste”, extremos rechazados por dirigentes nacionalistas.
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Desde el retorno de la democracia en 1985, todos los presidentes han utilizado este mecanismo especial establecido en la Constitución, y tuvieron éxito —fueron aprobados los proyectos— cuando el jefe de Estado contaba con un respaldo parlamentario importante, ya fuera por su propio partido o por una coalición de partidos, según un estudio del Instituto de Ciencia Política divulgado esta semana y realizado en el marco de un convenio con el Poder Legislativo.
La posibilidad de presentar un proyecto de ley de urgente consideración por parte del Poder Ejecutivo fue introducida en la Constitución de 1967. Este tipo de proyectos deben ser votados dentro de un límite de tiempo, porque de lo contrario se considerarán aprobados de manera tácita. La primera cámara tiene 40 días para tratar el proyecto y la segunda 30 días. En caso de que la segunda realice algún cambio a la iniciativa, vuelve a la primera cámara, que tiene 15 días para debatir. Si las diferencias persistieran, la Asamblea General tendrá otros 10 días para decidir. Es decir, en una situación extrema, demoraría 95 días. En promedio, el Parlamento demoró en la actual legislatura (donde el gobierno tiene mayoría) 255 días para aprobar un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Desde el retorno de la democracia en 1985, todos los presidentes han utilizado este mecanismo especial establecido en la Constitución, y tuvieron éxito —fueron aprobados los proyectos— cuando el jefe de Estado contaba con un respaldo parlamentario importante, ya fuera por su propio partido o por una coalición de partidos.
Según se recuerda en la investigación, coordinada por el politólogo Daniel Chasquetti, el mecanismo de urgencia fue diseñado en una “coyuntura histórica muy concreta”. A comienzos de los 60 el país era gobernado por un colegiado que “lucía inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país”. A esto se sumó que los partidos estaban muy fraccionalizados y habían fallecido varios líderes políticos.
Se ideó este mecanismo —inspirado en la Constitución francesa de fines de los 50— para “reducir los costos de transacción que provocaba un Parlamento dominado por partidos fraccionalizados y carentes de disciplina”.
En la investigación se aclaró que no se cuenta con información sobre el período 1967-1973. Sí se indica que desde 1985 a la fecha, se presentaron 13 proyectos de ley de urgente consideración, lo que representan el 0,003% del total de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.
El colorado Julio María Sanguinetti presentó uno en 1986, durante su primer gobierno, y estuvo referido a la amnistía para militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos. La iniciativa no fue aprobada debido a que blancos y frenteamplistas votaron en contra. Ese mismo año, se elaboró una alternativa que fue la “ley de caducidad”, aprobada en diciembre de 1986.
El blanco Luis Alberto Lacalle (1990-1995) utilizó el mecanismo en cuatro oportunidades. No se lo aprobaron en dos: uno referido al régimen de pasividades y otro sobre la Previsión Social. Sí le aprobaron la supresión del monopolio estatal de seguros y la que modificó impuestos y facilidades de pago a los deudores del Banco de Previsión Social.
Desde 1985 a la fecha, se presentaron 13 proyectos de ley de urgente consideración, lo que representan el 0,003% del total de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.
El colorado Jorge Batlle (2000-2005) presentó y logró que se aprobaran dos proyectos de urgente consideración: uno, entre otras cosas, contenía mejoras a los servicios públicos y privados, seguridad pública y actividades productivas; y otro sobre mejoras en la Administración Pública y fomento del empleo.
Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, Tabaré Vázquez (2005-2010) utilizó en dos oportunidades, en marzo y abril de su primer año, el mecanismo de urgencia para aprobar normas referidas a lo social: crear el Ministerio de Desarrollo y aprobar el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes).
José Mujica (2010-2015) envió cuatro proyectos de urgencia. No le aprobaron uno, referido a la declaración de interés general del personal especializado en vuelos de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval. El proyecto no fue aprobado porque una iniciativa similar había sido votada en la Rendición de Cuentas de 2011. Las iniciativas aprobadas estaban referidas a la declaración de emergencia sanitaria en la asistencia anestésico-quirúrgica, el régimen de unificación del cobro de la patente de rodados y la liquidación de la contribución mensual de beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
Respaldo
“Podemos ver que los proyectos de urgente consideración que salieron adelante fueron en general aprobados en situaciones donde el presidente contaba con un respaldo parlamentario importante —primeros años del período de gobierno de Lacalle, Batlle y a lo largo del gobierno de Mujica—. Esta situación contradice la intención de los reformadores de la Constitución que idearon el mecanismo para favorecer precisamente a presidentes minoritarios. Esa tal vez sea la razón por la cual los presidentes uruguayos utilizan tan poco los proyectos de urgente consideración, dado que durante la mayor parte del período han existido mayorías —de partido o coalición— que apoyaban al presidente”, se evaluó en el trabajo.
En el texto se analiza además que algunas de esas normas urgentes eran conocidas como “leyes ómnibus”, porque contienen diferentes medidas que podrían ser aprobadas de manera individual. “Las leyes ómnibus son por definición inconvenientes para la democracia porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado”, se dice en el estudio.
Lacalle, y en especial Batlle, utilizaron este tipo de modelo. En el trabajo se indica que las coaliciones de gobierno en Uruguay “no sobreviven a los cinco años del mandato (la excepción sería la de Sanguinetti-Volonté, 1995-2000), por lo cual su rendimiento efectivo, en términos de producción de decisiones gubernativas, tiende a ser acotado”. Por eso, termina siendo preferible para el presidente enviar un “gran paquete legislativo y negociar con sus socios una única vez, que enviar una decena de proyectos y reiniciar la discusión cada vez que uno de ellos iba a ser tratado”.
