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La guardería apenas tiene juguetes, y la mayoría son donaciones de los propios funcionarios. Tampoco hay comida para calmar el hambre cuando la espera se hace larga. Está ubicada justo al lado del carcelaje y de la sala donde esperan los denunciados. Si tras una denuncia un niño ya no puede seguir a cargo de sus padres, y debe quedar bajo la tutela del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), puede pasar varias horas allí esperando que lo recojan. Cuando son víctimas y reciben la asistencia de un defensor –obligatoria por ley–, no tienen un sitio para conversar a solas. Los atienden en los pasillos o en algún rincón del edificio que permita conversar con alguna privacidad.
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La situación de los adultos que concurren a los Juzgados de Familia Especializada –que son las sedes que toman medidas de protección ante casos que afectan los derechos de menores de edad o de violencia doméstica–, no es mejor. La sala de espera para las denunciantes es pequeña y a veces están allí todo el día, “hacinadas” y sin baño o sin un dispensador de agua. Tampoco cuenta con un cambiador para bebés. Hay baños públicos en la sede, pero allí pueden cruzarse con el hombre a quien denunciaron, algo que se busca evitar al asignarles sitios de espera separados.
Mientras crece la demanda de estas sedes, debido a la aprobación de leyes que amplían la protección de los derechos de las mujeres y a una mayor tendencia a denunciar por parte de las víctimas, el servicio se ve cada vez más colapsado. El equipo técnico que trabaja en Familia Especializada (ETEC), que realiza evaluación de riesgos o pericias psicológicas a los niños o adultos involucrados, no tiene suficientes especialistas para cumplir con la rapidez que le exige la ley. Los jueces terminan decidiendo sin ese asesoramiento o deben postergar sus decisiones por días o incluso meses. Las mujeres y niños esperan por horas que un técnico tenga el tiempo de verlos ante una situación urgente. Los defensores de oficio tampoco alcanzan y muchas veces los hombres denunciados deben declarar sin la protección de una asistencia legal, como ordena la ley.
Esas son algunas de las principales carencias que jueces, defensores públicos y técnicos que trabajan en Familia Especializada describieron ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, en un reunión realizada el jueves 12. “Ante la preocupación generalizada de las adversas condiciones laborales en las que estamos brindando el servicio, que vulneran gravemente los derechos de los justiciables, resolvimos presentarnos ante la Corporación, a fin de dar cuenta en forma directa y conjunta, de la necesidad de implementar cambios a corto y mediano plazo, para revertir la situación que se advierte”, explicaron los representantes de los tres colectivos en una nota enviada a los ministros, a la que accedió Búsqueda.
Señalaron también que se trata de una iniciativa conjunta “sin precedentes” porque todos quienes trabajan con “justiciables sumamente vulnerables” comparten como “principal y único objetivo el reclamar las condiciones mínimas locativas, humanas y tecnológicas en procura de garantizarles el acceso a la Justicia”. En la nota indicaron que la normativa actual “consagra procesos que hacen indispensable no solo la existencia y creación de tribunales especializados, sino también de equipos técnicos, defensa pública, funcionarios, Actuarias, etcétera, dotados del personal, los espacios locativos y lo necesario para poder aportar al proceso de la experticia y sensibilidad que la materia requiere”.
“Inédito”
La jueza de Familia Especializada Roberta Licciardi, que participó en la reunión con Turell, dijo a Búsqueda que el ministro fue “muy receptivo” a los planteos. “Estamos muy preocupados porque no estamos pudiendo dar las garantías que debemos”, añadió la magistrada, y dijo que los operadores decidieron hacer un planteo en conjunto porque entienden que la respuesta debe ser “integral”.
“Es muy buena y necesaria la legislación protectora que consagra derechos, pero cuando no tenemos la infraestructura para aplicarla es muy complejo”, afirmó. “El número de casos es cada vez mayor, porque la gente se anima más a denunciar, las instituciones incorporaron protocolos y también hacen más denuncias, y todo eso provoca un crecimiento exponencial” de la demanda, explicó.
Si bien recientemente se crearon dos juzgados nuevos de Familia Especializada —se convirtieron dos sedes que trabajaban con el Código Penal antiguo—, la cantidad de defensores y técnicos es la misma y se trabaja con “grandes limitaciones” de espacio y presupuestales, dijo Licciardi.
Además de la nota que firmaron todos en conjunto, cada grupo envió a la Corte otra detallando las carencias propias de cada servicio.
Los defensores, por ejemplo, indicaron en su misiva que son solo 13 para atender a 10 juzgados, cuando estiman que deberían ser al menos 25. “Solo así se garantizaría que la víctima y el agresor cuenten con asistencia letrada”, afirmaron. Además, señalaron que no cuentan con despachos que garanticen la privacidad para entrevistar niños, adolescentes y víctimas de violencia doméstica: “A nuestros asistidos los entrevistamos en los pasillos, escaleras o cualquier espacio que encontremos”.
“Estamos vulnerando más derechos de los que intentamos garantizar”, dijo a Búsqueda la defensora Andrea Olariaga.
“Es inédito lo que hicimos, de ir todos juntos. Antes iba cada uno por su lado, pero quisimos hacerlo así porque no es que queremos pedir cosas, sino que estamos realmente preocupados por cómo se está brindando el servicio. No estamos cumpliendo la normativa y se están vulnerando los derechos de los niños y niñas, y de las mujeres”, añadió.
Nueva adquisición
En diciembre el Poder Judicial adquirió un inmueble de 4.000 metros cuadrados ubicado en la esquina de Venezuela y Francisco Acuña de Figueroa. El plan es instalar allí un Centro de Justicia de Familia y Género, donde estén instalados todos los juzgados, la Defensoría y los equipos técnicos que trabajan en la materia. El espacio será suficiente para que las diferentes dependencias tengan oficinas y salas de reuniones adecuadas, dijo a Búsqueda el director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce.
Una vez que el edificio esté acondicionado —para lo cual la Justicia espera conseguir apoyo presupuestal del nuevo gobierno—, varios de los planteos recibidos por la Corte, al menos en los aspectos de infraestructura, estarán contemplados, afirmó. “Hay mucha receptividad” ante esas preocupaciones, aseguró.
“Es un logro enorme haber conseguido este inmueble”, destacó Pesce. “Hay espacio para lo que quieras: entradas diferenciadas, salas de espera para niños, víctimas, para los servicios de peritaje, las asistentes sociales, médicos forenses. Tendremos una infraestructura acorde”.
