Engaños para una extradición

Este es un trámite secundario pero marca la futura tendencia de la oposición. Es necesario desmenuzarlo para que los engañados tengan claros los hechos.

Esos 60 días es el plazo máximo que tiene Panamá para fundamentar la extradición.

La fiscal anticorrupción panameña Tania Sterling la investiga por el pago de sobornos y lavado de activos que se vinculan con Ricardo y Luis Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, y que están relacionados con la mega matufia de la constructora Oderbrecht.

Fuentes próximas al fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijeron que lo central sobre Cikurel es su participación en una empresa con sede en Belice que se usó para el pago de sobornos a gobernantes para la realización de obras públicas.

Debido a la complejidad del caso y al número de investigados, con Stirling trabaja otra fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, y Ulloa acaba de designar a otras dos fiscales anticorrupción. ¿Por qué la descripción precedente? Porque el Ministerio Público panameño considera que los temas de Oderbrecht “son prioritarios”.

No es para menos. Los sobornos oscilan en US$ 60 millones para habilitar obras del Estado que le dejaron a la constructora casi U$S 180 millones de beneficios. Los investigados son 85 personas, pero los principales son 15, entre ellos los hermanos Martinelli y Cikurel.

Panamá solicitó la captura de la mujer luego de que en 2018 omitiera comparecer a dos citaciones. Ese mismo año Suiza le pidió a Uruguay que la investigara sobre un lavado de activos vinculado con Panamá. El fiscal Luis Pacheco inició una investigación local y la interrogó; para continuar ese trámite espera documentación que le solicitó a la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central.

Lo anterior es una apretada síntesis para avanzar sobre las aviesas advertencias políticas de que Da Silveira podría torcer el trámite de la extradición para beneficiar a su pareja.

Para el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, el ministro debe apartarse del cargo porque es “sano para la democracia”. La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional es el organismo que según las normas analiza el pedido de extradición, y depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La exvicepresidenta de la República y senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, opinó en la diaria que al ministro “se le va a complicar” cuando intervenga el MEC. “Se tiene que excusar de algún modo por el tiempo que esté eso en discusión, y quedará el subsecretario”. Así razona que el ministro puede llegar a forzar el trámite en favor de su pareja.

Se les sumó el saliente director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, Pablo Maqueira. Le dijo a Telemundo que Da Silveira debería “desligarse o dar las garantías” para “asegurar que esto va a correr por los carriles normales”.

Su opinión es la más grave porque por su función en el ministerio bien sabe que Da Silveira no puede incidir en el trámite. Nadie le pregunta si considera que Da Silveira no ofrece garantías y que si se mantiene el trámite no será normal. Una vez más lo político antes que lo jurídico.

Todos con mala intención. El colmo del disparate sería que alguien argumentara que Gonzalo Fernández debe apartarse como abogado de Cikurel porque en 2008 firmó como ministro de Relaciones Exteriores de Tabaré Vázquez el Tratado de Extradición con Panamá (Ley Nº 18.583) y que sus vínculos políticos y jurídicos podrían conspirar en favor de su clienta. Disparatado, pero en el mundo de las paranoias políticas cualquier argumento es posible.

El pedido de extradición debe llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo remitirá a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del MEC. Está a cargo de la abogada Adriana Fernández, quien analizará que la solicitud cumpla con las formalidades exigidas o, en caso contrario, señalar las omisiones. La única intervención del ministro es la firma burocrática de lo que decida Autoridad Central.

¿Qué fundamento tienen las advertencias de Núñez, Topolansky y Maqueira para señalar implícitamente que el ministro podría torcer la investigación? ¿Creen que Adriana Fernández, a quien colocan en la picota, es permeable a sus presiones y que su informe puede responder a órdenes de su jerarca? ¿Por qué insinúan que si se produjera una ilegalidad en Autoridad Central la jueza y el fiscal serían incapaces de controlarla? No tienen límites.

Como en cualquier otro trámite de extradición Cikurel puede trasladarse por su voluntad Panamá para ser interrogada. La beneficiaría si allí demuestra que no violó la ley aunque en caso contrario puede terminar en la cárcel. Ese mismo riesgo corre en Uruguay ante la investigación iniciada a partir de la información aportada por Suiza.

Si el fallo de primera instancia ordena que sea enviada a Panamá, su abogado podrá recurrirlo. Intervendrá un tribunal de apelaciones y en una tercera instancia la Suprema Corte de Justicia. Aunque el nuevo Código del Proceso Penal abrevió los plazos de los jueces para expedirse, los trámites insumirían casi dos años, incluyendo el tiempo que demore Crimen Organizado en expedirse.

Mientras tanto sigue la investigación del fiscal Pacheco. Si la Justicia considera que los hechos son los mismos que en Panamá, podría desestimarse su solicitud.

Para concretar, queda claro que la intervención de la autoridad central del MEC es solo para que sus especialistas controlen las formalidades del tratado, lo que también luego deberán hacer la jueza y el fiscal. Cualquier otra cosa es producto de perversidades o intereses políticos.

Así nos va.