Tanto los ministros como dirigentes consultados por Búsqueda señalaron que apegarse al programa del Frente Amplio fue “clave” a la hora de seguir adelante en la política militar. Varios hacen hincapié en el diálogo y la negociación para superar posibles resistencias internas en las FFAA, si bien reconocen que queda “mucho por hacer”.
“Es ingenuo decir que no hay resistencias. No existe cambio alguno que no las genere. Si no estás generando resistencias, entonces no estás cambiando nada. Y las resistencias son más fuertes cuanto más vieja o institucionalizada esté la cultura que pretendés cambiar”, dijo a Búsqueda Luis Rosadilla, ministro de Defensa de marzo de 2010 a julio del 2011.
El gasto presupuestal en el área fue otro motivo de intensas negociaciones a la interna del gobierno y es uno de los puntos álgidos entre los militares. Varios comandantes, entre ellos el actual jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, han señalado que los sueldos de la tropa son los más bajos del Estado. Desde la Armada y la Fuerza Aérea también alertan que sus equipamientos son casi obsoletos y que su nivel de funcionamiento operacional está a niveles “marginales”.
Consultado al respecto, el vicepresidente de la comisión de Defensa del Senado, Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) dijo a Búsqueda que “en virtud de lo que fue la historia del Uruguay, las Fuerzas Armadas nunca estuvieron en una situación de privilegio en sus sueldos o pertrechos”.
“Buscamos una profesionalización de todo lo militar y sí, quizás el tema de la dictadura nos juegue a la hora de asignar recursos, pero también es cierto que los mismos son finitos y priorizamos en su momento los asuntos sociales y por eso quedaron estos huecos, como el de Defensa sin una mayor dedicación”, agregó.
Transición y primeros años.
La relación entre las FFAA y la izquierda uruguaya ha sido difícil, en especial durante la dictadura. Por eso la llegada del Frente Amplio al poder se preveía tensa. Sin embargo, los militares procesaron el hecho “en calma y sin mayores exteriorizaciones”, al igual que varias decisiones “fuertes” del presidente Tabaré Vázquez”, entre las que figuraron la destitución de un comandante en jefe y la reformulación del artículo 4º de la Ley de Caducidad, lo que permitió investigaciones y procesamientos de militares por delitos cometidos durante la dictadura.
“Los documentos muestran que hubo muchísima más tensión cuando llegaron los blancos al poder en 1958 que en 2005, fue sorprendente”, señaló uno de los autores del ensayo.
“Creo que desde el momento que se supo que el Frente llegaría al poder, hubo conversaciones entre Vázquez y las Fuerzas Armadas, en el marco de la Comisión para la Paz es imposible que no haya habido conversaciones de ese tipo”, dijo González.
Para el académico y fuentes militares consultadas, un ejemplo concreto de esas conversaciones previas se vio en la posición del oficialismo ante las misiones de paz. En 2004 el entonces presidente Jorge Batlle envió dos veces la venia al Parlamento, una a mediados de año que el Frente Amplio votó en contra y otra en diciembre, con los resultados de las elecciones resueltos, y donde la mayoría de la futura fuerza de gobierno apoyó.
“Fue una carta de negociación, dejarles las misiones a cambio de otros acuerdos”, sostuvo González.
Azucena Berruti fue la primera ministra de Defensa del Frente Amplio. Durante su mandato “impuso las primeras limitaciones a las prerrogativas tradicionales de la corporación militar” con decisiones destinadas a “desmilitarizar” el Ministerio: permitió que la Dirección General de Secretaría fuera ocupada por civiles y creó más cargos de dirección con las mismas características.
“Fue un período muy importante de mi vida”, dijo Berruti a Búsqueda. La ex ministra señaló que sus principales desafíos fueron “encaminar las FFAA hacia su integración plena con el pueblo”. El segundo, añadió, fue “llegar a conocer el terrible secreto, que aún nos angustia: qué fue de los detenidos desaparecidos”.
Berruti también dijo que “nunca” sintió resistencias internas a los cambios que impulsó, ni siquiera cuando destituyó a Díaz.
También bajo su mandato se promulgó la Ley Nacional de Defensa, precedida de un debate nacional de defensa. La norma es inédita para Uruguay y fue aprobada por unanimidad.
“Fue una ley sin precedentes que tiene un valor trascendental, les da un marco general a muchos conceptos”, explicó González, encargado de coordinar el debate nacional en esa época.
Sin embargo, el balance final del primer período, según los académicos, tiene claroscuros. “Existieron continuidades significativas con relación a las décadas anteriores” y Vázquez “optó por postergar las decisiones de fondo de su propio programa de gobierno” apelando a “los mecanismos tradicionales de manejo del Ministerio”.
La era Mujica.
Corto pero intenso. Así fue el período de Rosadilla al frente del Ministerio en los primeros meses del gobierno de José Mujica, un ex tupamaro que se enfrentó a tiros contra los militares.
En julio del 2010, apenas cinco meses después de asumir, estalló el escándalo de los manejos financieros fraudulentos en la Armada Nacional. “Este asunto contribuyó a desestabilizar los proyectos de reformas que Rosadilla y su equipo pudieran tener”, señalaron los investigadores.
“Me quedé con cosas para hacer, no actualizamos las leyes orgánicas de las Fuerzas, en eso estamos en falta ahí, nos faltó ir más a fondo. Está claro que los hechos de la Armada echaron por tierra esto”, dijo Rosadilla a Búsqueda.
Para el ex ministro el otro hecho que alteró los planes fue la inédita detención del entonces general en actividad Miguel Dalmao, imputado de crímenes durante la dictadura. El general fue finalmente procesado por la Justicia, pero en ese entonces era jefe de la División IV (Minas).
“Creo que es un hecho que muchos pasan por alto y no se dan cuenta de la magnitud institucional que tuvo. Dalmao solo con haberse negado a salir de su escritorio en la Unidad podría haber creado una crisis institucional de una magnitud enorme. Pero no, se dio como un hecho natural, y no tenía nada de natural”, sostuvo Rosadilla, y agregó que eso “muestra a las claras el inmenso nivel de trabajo institucional dentro de las Fuerzas Armadas”.
Estos elementos, junto con la discusión de derogar los artículos 1, 3 y 4 de la “ley de Caducidad”, crearon un mar de fondo que propició algunos actos de indisciplina militar importantes, como cuando varios generales del Ejército fueron a solidarizarse con camaradas procesados sin autorización del comandante en jefe.
En julio del 2011, Rosadilla dejó el cargo y asumió Eleuterio Fernández Huidobro, lo cual “generó cambios notables” dentro del Ministerio, según los investigadores.
“El impulso reformista se detuvo para imponer una suerte de restauración, retomando una modalidad de gestión más emparentada con las tradiciones del Ministerio”, agregaron.
Al frente del Ministerio, Fernández Huidobro defendió en cada oportunidad a las instituciones militares y se enfrentó en varias oportunidades con organizaciones civiles de derechos humanos y hasta con varios parlamentarios de su fuerza política.
Tras el fallecimiento de Fernández Huidobro, en agosto de este año, asumió Jorge Menéndez, hasta entonces subsecretario. Menéndez dijo a Búsqueda que apelará al “diálogo” como “llave” para continuar en la búsqueda de acuerdos que permitan avanzar “en la integración” del Ministerio con la sociedad.
Menéndez quiere actualizar las normas legales que rigen a la institución y a las FFAA.
Las dos campanas.
Esa mejora de la legalidad y adecuación del Ministerio es algo que también consideran necesario los académicos. En su ensayo advirtieron que los 30 años desde la restauración democrática “parecen haber naturalizado la militarización de las políticas de Defensa” y que eso no cambió con el Frente Amplio.
Para González, es “indispensable” crear un cuerpo civil “fuerte” que asesore al ministro de turno, “porque si no, queda rodeado por la corporación militar, la burocracia más servicial que hay en el Estado”.
“En muchas partes del mundo se entendió que la política de Defensa no puede quedar en manos de militares, sino que tiene que haber dos campanas, la militar y la civil, para tomar decisiones”, añadió.
Sostuvo que “a nadie en el mundo se le ocurre que las decisiones económicas del gasto en Defensa las tomen los militares. Hay que contrarrestar la campana militar tomando profesionales de varias áreas y capacitándolos en el área de Defensa, que ayuden en la toma de decisiones”.
“Es imposible cambiar algo si contás solo con asesores que están estrechamente vinculados a lo que querés cambiar”, agregó.
En su análisis, González y Méndez elaboraron una hipótesis de por qué el Frente no fue más a fondo en su intención reformista dentro de las FFAA.
“Los gobiernos de cualquier signo no solo esperan, sino que necesitan contar con la disciplinada obediencia de los aparatos armados del Estado. Malquistarse simultáneamente con las corporaciones profesionales que integran y manejan ambos aparatos puede ser muy riesgoso para la estabilidad de un gobierno”, escribieron los académicos. A este escenario “se asomó Mujica a principios de su período”, ya que las reformas tanto en Interior como Defensa encontraron malestar y “hasta formas de resistencia corporativa más o menos abierta”.
Es por ello que para los investigadores la designación de Fernández Huidobro “tuvo como objetivo central lograr la tranquilidad de la corporación militar, de manera de poder avanzar en la reforma” del Ministerio del Interior.
Si bien no lo asumen de manera tan directa, las fuentes militares consultadas por Búsqueda reconocen que Fernández Huidobro fue “el mejor ministro” que tuvieron porque “entendía el funcionamiento” de las FFAA.
