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    Es legal

    Nº 2118 - 15 al 21 de Abril de 2021

    El cannabis no solo es legal en Uruguay, sino que también quedó fuera de la lista de narcóticos de riesgo de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, debido a los cambios que internacionalmente han surgido alrededor de esa droga. Pero en un país como el nuestro, tan proclive a las marchas y contramarchas, el Ministerio del Interior da señales equivocadas, de no respeto a la ley, al pretender hacer uso y abuso del registro de consumidores de marihuana, cuya creación fue muy controvertida en su momento.

    En declaraciones publicadas en la última edición de Búsqueda, el presidente de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Daniel Radío, evaluó que el crecimiento del mercado legal de la marihuana “no es una mala noticia”, afirmación con la que concordamos, ya que es lo que está en el espíritu de la ley. El experto va más lejos, diciendo que “si el escenario fuese ideal, tendría que crecer mucho más”.

    Es verdad que la ley de legalización del mercado de la marihuana incluyó el registro de consumidores en su reglamentación. Fue un error, cuestionado por varias organizaciones sociales y también desde estas páginas, pero el Frente Amplio entendió que era una medida necesaria por lo revolucionario del cambio que implicaba la nueva norma, y ante las resistencias que causaba en parte de la opinión pública y en gobiernos de otros países. Pero la idea siempre fue que el registro fuera de carácter transitorio o protegido como lo está, con fuertes limitaciones para su manipulación.

    Por eso, lo que el Ministerio del Interior quiere hacer al pretender acceder a esos datos se parece mucho a la actitud de un Estado policial. Además, crea diferencias a favor de otras drogas legales como el alcohol, el cigarrillo o psicofármacos y viola la confidencialidad comprometida con los ciudadanos involucrados. Esto desalienta y contradice la estrategia general de ampliar la base de aquellos consumidores que quieren entrar en la órbita legal.

    En tiempos de “libertad responsable”, por la que el presidente Luis Lacalle Pou hace una de sus principales apuestas desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Larrañaga, va en otra dirección. Para los consumidores de marihuana no parece existir la “libertad responsable”, por más que lo que hacen es legal.

    “La mayoría (de los cultivadores) están haciendo las cosas bien”, además de estar debidamente fiscalizados de acuerdo a la ley, advierte en la nota de Búsqueda Rosario Queirolo, del equipo que coordina la encuesta mundial de autocultivadores. Su colega Belén Sotto señala que los registrados “buscan ampararse en una marco legal y no meterse en un mercado criminal”.

    Hasta el director de Políticas de Drogas de la WOLA (Washington Office on Latin America) se mostró preocupado de que “la Policía quiera adoptar una potestad que es del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis”, para concluir que “podría contribuir al incremento del mercado ilegal”.

    “La preocupación mayor es que la arquitectura institucional creada por la ley sea puesta en cuestión, lo que podría poner en dudas la sustentabilidad del sistema”, advierte. Eso debería sonar como una alarma importante para un rubro en el que nuestro país está a la vanguardia.

    El director general de Ministerio del Interior, Luis Calabria, justifica su posición diciendo que, según la ley, entre las atribuciones policiales “está la observación, información, prevención y represión del delito”. Tendrá que explicar mejor cómo eso se usa de justificación para avasallar la Ley 19.172 y además cambiar arbitrariamente las condiciones en las que los ciudadanos registrados dieron su nombre.

    El Ministerio del Interior nos está dando buenas noticias en estos días, ya que su actitud más asertiva y firme muestra resultados positivos en la baja de los delitos en general. Tendrá mucho trabajo para lograr mantener esa tendencia, contradiciendo a los escépticos que dan mucha importancia a la crisis sanitaria, pero será mucho mejor que destine su tiempo y recursos en eso. Seguir insistiendo con la marihuana sería irrumpir en el manejo de un tema que ya es una opción regulada para los ciudadanos.

    Los gobiernos están para hacer respetar las leyes, no para destruirlas. Y vale la pena recordar que, guste o no a las nuevas autoridades, la marihuana es legal.


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