Eso lo dejó en evidencia el ministro de Transporte, Victor Rossi, al ser consultado por periodistas al término del acto en cuestión. El jerarca calificó de “soberbio”, “superficial” y “para la tribuna” el discurso de Capurro.
Botín del partido
El presidente de la ARU cuestionó que “en los últimos 15 años aumentaron los empleados públicos en el entorno de 70.000, US$ 1.000 millones por año”, y que “2017 terminó con el número récord de empleados públicos desde que se llevan registros”.
“El año pasado en esta misma exposición se nos dijo que cada tres funcionarios que se retiraran entrarían dos, y que iban a ser estrictos en el cumplimiento, se fueron 27.000 e ingresaron algo más de 29.000, no se cumplió y terminamos 2018 con un nuevo récord de funcionarios públicos desde que se llevan registros”, precisó.
Detalló que “hay 695 cargos de particular confianza, además 1.015 cargos de designación política, y 653 cargos en el escalafón R, residual, que también son designados políticamente”.
“En 2010 se creó el cargo de adscripto al ministro, hoy tenemos 91 nuevos adscriptos”, criticó.
Se quejó de que “el Estado no puede continuar siendo el botín del partido que accede al gobierno o del partido del ministro de turno o del intendente que accede al cargo”.
“Se utiliza el empleo público como fuente de recaudación de los partidos”, fustigó y afirmó que eso “lleva a que el criterio de selección más fuerte es la afiliación política, luego el amiguismo o el parentesco y no las condiciones para los cargos”.
“En el sector rural, específicamente, en este período de gobierno, desde el 2014, dejaron la actividad 1.000 productores por año y casi 2.000 trabajadores”, se quejó Capurro, basándose en datos del Banco de Previsión Social.
Paralelamente, ese ruralista reconoció que “el gobierno hizo varias cosas bien en el inicio del ciclo” de las administraciones frenteamplistas. “Mantuvo la economía orientada al mercado, sin grandes distorsiones o regulaciones; la reforma impositiva del 2007, aunque luego se desdibujó totalmente; y se generaron políticas que permitieron que el incremento de ingresos obtenido se distribuyera hacia los salarios, las jubilaciones y la población más vulnerable, lo cual permitió bajar la pobreza y mejorar varios índices sociales”, puntualizó.
Y admitió que “eso fue muy bueno”.
El ministro de Ganadería, Enzo Benech, advirtió en su discurso que “a 43 días de las elecciones nacionales, en pleno proceso electoral, todo lo que se dice y muestra es interpretado en clave política”.
Realizó un repaso de las políticas de apoyo a productores rurales, especialmente a los pequeños y medianos dentro de lo que es la definición de priorizar a ese renglón de la actividad agropecuaria.
Varios de los planes que comprenden la concreción de obras para la provisión de agua en los predios, para la gestión de efluentes, la innovación tecnológica y el manejo de los recursos naturales fueron destacados por Benech.
Resaltó los acuerdos comerciales alcanzados este año por el Mercosur con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), además de la reapertura del mercado de Japón para la carne vacuna uruguaya y el estudio de la posible exportación de carne ovina con hueso a esa nación asiática.
El titular de Ganadería recordó la habilitación para la venta de carne ovina a Estados Unidos y la aprobación de protocolos para las exportaciones de soja y carne a China.
Las medidas de protección en materia ambiental, específicamente para la cuenca del río Santa Lucía, y la reducción en el uso de agroquímicos fueron abordadas por ese jerarca ante los reclamos y las críticas de organizaciones sociales y vecinos de ciertas zonas por el impacto negativo de la actividad agropecuaria.
Se refirió además al escenario regional “muy complejo”, con “crisis económica en Argentina y Brasil” que deriva en “pérdida de empleo” y “del poder adquisitivo de los trabajadores”, “volatilidad del sistema financiero” e “incertidumbre para el sector productor”.
Al hablar con periodistas, Benech respondió a cuestionamientos de la ARU. “Gabriel (Capurro) me levantó un centro: habló de los pases en comisión y de los cargos de confianza. Les quiero decir algo, en este momento, en mi escritorio hay varios expedientes, de diversos sectores políticos, del mío alguno, pero la mayoría son de otros, de pedidos de pases a comisión que yo no los firmé. No sé si puedo aguantar”, declaró.
Tierras y propuestas
Otro capítulo del discurso de la ARU fue el de la concentración y extranjerización de tierras y las grandes inversiones forestales, como la nueva planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en Paso de los Toros.
“Preocupa hacia el futuro si la estrategia del país debe ser apostar a este tipo de megainversiones, donde el poder de las empresas muchas veces tiene la capacidad de torcerle el brazo a un país de economía pequeña como el nuestro”, se lamentó Capurro.
Señaló que “la integración vertical de estas megaempresas, que implica la adquisición de grandes superficies de tierras, conduciendo a la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, debe ser analizada en profundidad desde la óptica de los intereses del país en el mediano y largo plazo”.
“La ARU considera que UPM 2 debería ser la última planta de celulosa que se instala en el país con beneficios, concesiones y en el marco de la negociación que se realizó en este acuerdo”, enfatizó.
Considerando datos del Ministerio de Ganadería, el titular de esa gremial indicó que “en los últimos 18 años cambiaron de propiedad en el Uruguay algo más de 8 millones de hectáreas de un total de 15,8 millones, más de la mitad del territorio productivo”.
“Esto no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo”, afirmó Capurro.
Dijo que “más de la mitad de las tierras comercializadas fueron vendidas por productores de menos de 1.000 hectáreas, que son casi el 90% de los productores” de Uruguay.
En cuanto al tema impositivo, la Asociación Rural propuso que “se exonere de todos los impuestos ciegos a los productores de menos de 1.000 hectáreas, que tienen como ingreso principal la producción agropecuaria y que tributen solo por el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas”.
Que los trabajadores rurales “tengan un acceso diferenciado y preferencial a las viviendas de Mevir” y que pequeños productores y asalariados “tengan una asignación familiar diferenciada que contribuya a afrontar los mayores costos de la educación de sus hijos”, planteó.