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Aunque entre los productores citrícolas existe una “gran convicción” sobre la necesidad de “relanzar” el sector —mejorando la calidad de la fruta e invirtiendo para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales—, la situación de endeudamiento de las empresas y los efectos del clima dificultan su orientación hacia un desarrollo “más sostenible”. Y si bien hay un “enverdecimiento” de la cadena, con firmas que se certifican para agregar “valor ambiental” a su producción, falta que la citricultura incorpore ese aspecto de manera estratégica para “revertir” el actual estancamiento.
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Ese diagnóstico surge del informe Uruguay: identificación de oportunidades para promover la creación de empleos verdes en la citricultura, realizado por la socióloga Mariela Quiñones para la Organización Internacional del Trabajo, como parte de un proyecto implementado en 2016 y 2017 con financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo y solicitado por el Ministerio de Trabajo.
El rubro citrícola tuvo un auge exportador en los años 80 que lo orientó a realizar transformaciones varietales, incorporar tecnología y otras innovaciones, con el objetivo de colocar fruta de calidad de acuerdo con los requisitos del mercado mundial, repasa el estudio. Actualmente, las tendencias hacia patrones de consumo más saludables y sostenibles, así como nuevas regulaciones y exigencias ambientales, representan un “alto potencial” para desarrollar “empleos verdes”, afirma la autora.
Destaca “la capacidad” del sector de promover las transformaciones necesarias y constituirse en un “nicho para el desarrollo de empleos verdes” en el país. Con esa denominación se refiere a las actividades que buscan eficiencias energéticas en el uso de materias primas y en el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero, o ayudan a reducir el volumen de residuos y la contaminación.
Quiñones señala que la inversión en “calidad ambiental” promueve la obtención de productos diferenciados por sus atributos “orgánicos” o “naturales”. Y plantea que si la citricultura apostara al desarrollo del empleo verde en forma estratégica se generarían nuevos puestos de trabajo y “oportunidades de negocios” que redundarían en la expansión del rubro.
El sector
La citricultura es el principal rubro hortifrutícola del país, que emplea a unos 15.000 trabajadores, según estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Representa 6% del Producto Bruto Interno agropecuario, agrega el informe.
En 2016 existían 313 plantas de packing para exportación y seis dedicadas al mercado interno.
En ese año la producción total fue de 271.000 toneladas, 7% más que la zafra anterior pero lejos del pico de 2012 (330.000 toneladas).
Algo más de un tercio de la producción (38%) se destinó a la exportación, lo que generó US$ 82 millones, 13% más que en 2015. Se exportó 51% de naranjas, 35% de mandarinas, 13% de limones y 1% de los pomelos cosechados; el resto se canalizó al mercado interno y a la industria para la elaboración de jugos concentrados.
Cuatro empresas concentraron 60% de los envíos totales del rubro: Citrícola Salteña (Caputto), Azucitrus, la multinacional argentina San Miguel y Naranjales Guarino. Según Quiñones, son las que tienen mejores condiciones para alcanzar los requisitos que plantean los mercados internacionales (escalas mínimas de producción, estándares de calidad, certificaciones, ajustes de la logística y soporte económico financiero, entre otros). Y son, además, las que cuentan con la capacidad para mejorar la sostenibilidad del proceso productivo, introducir cambios tecnológicos para elevar la inocuidad de los productos y garantizar que todo eso se enmarque en condiciones de empleo decente.
De hecho, la cantidad de productores citrícolas —la mayoría de pequeño y mediano porte— descendió en los últimos años: en 2016 había 423, 20% menos que en 2010.
Plan y restricciones
A partir de esas capacidades, el sector está en proceso de implementación de un plan estratégico de reconversión productiva para revertir las “actuales señales de estancamiento”, reseña la investigadora.Pero al analizar los datos recogidos en un taller de validación de dicho plan, encontró falencias en materia ambiental. A su juicio, falta evaluar la “potencialidad de generar un subsector 100% orgánico al interior de la citricultura como estrategia de competitividad ante mercados saturados o nuevos nichos”.
Argumenta que “hay claras señales de que los productos orgánicos serán los estándares en el mercado mundial, siendo los de menor valor agregado ambiental los que serán penalizados con precios inferiores”.
Pero en Uruguay, sostiene Quiñones, aunque las empresas exportadoras “están más constreñidas por su entorno” para producir de manera sostenible debido a las barreras y exigencias ambientales, esos temas “no aparecen de forma explícita dentro de las prioridades del plan”.
Fundamenta que como “muchos productores se sienten afectados por el endeudamiento o por los efectos del clima”, la problemática ambiental está “alejada de sus prioridades”. Añade: “La visión extrema es que las cuestiones ambientales en realidad deberían atenderse en el futuro y que hoy tan solo interferirían en temas prioritarios o encarecerían la producción citrícola nacional”.
En ese sentido, observa que “no aparece” en el discurso empresarial un análisis de cómo lo ambiental afecta la producción, ni de las ventajas económicas para el productor y la economía.
Sin embargo, la investigadora reconoce que hay cierto “enverdecimiento” del sector, porque al “valor económico y estratégico” de la producción de fruta cítrica en Uruguay “se ha ido incorporando el “ecológico”, la adopción de prácticas ambientalmente sostenibles, el respeto por la biodiversidad, etcétera. También alude a los “valores sociales”, como la capacidad de desarrollar empleos de mayor capacitación o de incidir en los procesos de inclusión social, por ejemplo.
A su juicio, “la cuestión clave es cómo la política de sostenibilidad del sector pasa de ser una acción heterodirigida para ser incorporada estratégicamente por las empresas, reconociendo el beneficio potencial asociado al valor agregado ambiental y social”.
