N° 1927 - 20 al 26 de Julio de 2017
El 5 mayo de 2010, tras reunirse con su colega brasileño Lula da Silva en la residencia de Suárez, el presidente José Mujica anunciaba “la decisión política” de “este pequeño Uruguay” de “viajar en el estribo de Brasil todo lo que pueda”.
Brasil, ese inmenso país-continente, era por entonces considerado, junto con Rusia, India y China, una de las estrellas de las economías emergentes. Los BRIC, como se identificaba al grupo, se beneficiaban por entonces del alza de precios de las materias primas y de los ajustes de la economía mundial tras la crisis que estalló en Estados Unidos en 2008 y que arrastró severamente a las principales economías del mundo.
Cuatro años después del sorprendente anuncio de Mujica, en las vísperas del campeonato mundial de fútbol disputado en Brasil, centenares de miles de brasileños salieron a las calles a quejarse de servicios públicos deficientes y para protestar por la corrupción imperante en el sistema político. Sin embargo, en noviembre, Dilma Rouseff, la delfín político de Lula, logró su reelección. Durante la década de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) millones de brasileños dejaron de ser pobres e indigentes y, mediante trabajos formales, incorporaron a su vida hábitos de la clase media. Según el discurso oficial, todo iba de maravillas.
Pero las políticas progresistas del PT no resultaron sostenibles en el tiempo. La economía, que ya venía decayendo, tuvo en 2015 y 2016 performances horribles: el PBI cayó casi un 8%, aumentó la inflación, creció el desempleo y los avances sociales de la década anterior se volvieron insostenibles. La presidenta fue sometida a juicio político y destituida por un Congreso ensombrecido por investigaciones judiciales de corrupción que involucraban a políticos de todos los partidos, incluidos el vicepresidente Michel Temer, quien sucedió a Rousseff en el Planalto hace 14 meses.
La semana pasada el juez Sergio Moro condenó a nueve años y medio de prisión bajo cargos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero a Lula por haber recibido de la constructora OAS, beneficiada con contratos de obra de gobiernos del PT, un apartamento de tres plantas de US$ 3,7 millones en un balneario de la costa paulista. Lula lo niega, dice que no hay pruebas y sus abogados pidieron al juez que precise su fallo que alude a “omisiones, contradicciones y oscuridades” del expresidente.
Siete años después de que Mujica anunciara el deseo de viajar “en el estribo de Brasil”, mientras lo cortejaba para que el Bndes financiara la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha y lo interesaba para que Petrobras se involucrara en la prospección petrolera en el mar territorial uruguayo, los brasileños viven una profunda crisis de confianza que golpea a sus principales políticos casados con poderosos e inescrupulosos empresarios y funcionarios públicos. Todos sacaron su tajada.
Procedimiento corrupto que operaba mediante la sobrefacturación de contratos de obra pública y el desvío de fondos públicos volcados en parte a financiar campañas políticas y patrimonios personales de gobernantes.
Decenas de políticos, empresarios y funcionarios han sido encarcelados por estas tramas que se remontan a la llegada del PT —y de Lula— al gobierno.
José Dirceu, fundador del PT y hombre de confianza de Lula, fue jefe del Gabinete Civil de la Presidencia (2003-2005), cargo que debió dejar acusado por su responsabilidad en el Mensalão, compra de votos para lograr apoyos en el Congreso. Dirceu pasó al Congreso del que fue expulsado en 2005 y condenado por el Tribunal Supremo en 2012. Reelecto como congresista en 2015, un año después fue sentenciado a 23 años y 3 meses de prisión por su implicación, ahora, en el Lava Jato.
Lula proclama inocencia, pero es difícil creer —otra cosa es probar ante la Justicia— que ha sido ajeno al Mensalão y al Lava Jato, operativos del PT para construir hegemonía de poder y conservar el gobierno.
Brasil vive hoy una gran inestabilidad política. Su presidente está acusado no solo de haberse beneficiado de mesadas de las tramas corruptas, sino también de haber intentado obstruir las investigaciones judiciales.
Aun así, la economía ha dejado de caer y ha comenzado a crecer como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas en estos 14 meses y de la sanción en el Congreso de una regla fiscal que pone límite al aumento del gasto público. Después de 17 trimestres de caída, el PBI creció 1% entre enero y marzo, la inflación se redujo de más de 10% anual a 3%-4%, y comenzó a disminuir lentamente el desempleo.
“Los mercados han reaccionado de forma sorprendentemente tranquila después de una devaluación del real de 9% y del aumento de los intereses futuros en casi un punto porcentual, las cotizaciones retrocedieron” y la Bolsa de Valores de San Pablo “que cayó 10% ensayó una recuperación (cerca de 2,5%)”, destacó esta semana el economista Paulo Levy (suplemento Economía y Mercado, El País).
Levy sostiene que “los sucesivos escándalos de corrupción revelan el inmenso potencial que el marco institucional brasileño ofrece para este tipo de práctica”. A vía de ejemplo, refiere que “una de las revelaciones del tráfico de influencia que da origen al pago de sobornos está (por ejemplo, en el caso del grupo JBS) en el acceso a préstamos subsidiados del Bndes, banco de desarrollo económico y social del gobierno federal”.
Y agrega: “Como parte de la política de formación de ‘campeones nacionales’ —componente de la estrategia desarrollista durante el gobierno del PT, que apunta a la creación de grandes empresas brasileñas con penetración internacional— el grupo JBS adquirió empresas en el mercado local e internacional con el apoyo del Bndes, a través de préstamos subsidiados y de participaciones accionarias del banco”.
“Acceso a préstamos subsidiados, exoneraciones de impuestos, estímulos sectoriales y regionales a través de fondos oficiales, protección arancelaria, políticas arbitrarias de control de precios e intervención del gobierno en las agencias reguladoras por medio de designaciones políticas, son mecanismos extendidos en la economía, que, con el pretexto de promover el desarrollo económico, acaban por crear una amplia casta de empresarios rentistas a quienes interesa más obtener favores del gobierno que invertir en aumentos de productividad”.
“Este ambiente es (…) altamente propicio (remarca el articulista) para la diseminación de la corrupción, a menudo disfrazada en forma de contribuciones electorales a los partidos”, “tendencia potenciada por la visión” del liderazgo del Estado en el desarrollo del país a través de la inversión pública y de empresas estatales como Petrobras, cuyo programa de inversiones está en el origen del Lava Jato.
En todos los casos, añade Levy, “el resultado fue una profunda distorsión en la asignación de los recursos en la economía a favor de grupos y/o sectores específicos, reduciendo la productividad agregada y generando desequilibrios fiscales, debido a la presión sobre el presupuesto federal”.
Uruguay no es Brasil. Pero algunas de estas estrategias podrían reconocerse por estos lares. Las políticas progresistas, con las particularidades de cada caso, tienen mucho en común. También sus resultados.
A un mes de haber asumido en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, vicepresidente y heredero político de Rafael Correa, acaba de reconocer que las cuentas públicas no están como se dijo que habían quedado. Es herencia progresista.
