Eliminar el Registro Nacional del Trabajo Sexual de la órbita de las carteras de los ministerios del Interior (el “fichaje”) y de Salud Pública (MSP) y pasarlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), bajo la denominación de Carné de Trabajo Sexual, es una de las claves de la norma a estudio. “Es un cambio de una mirada sanitarista y de seguridad hacia una laboral”, dice el vicepresidente de la Comisión, el diputado frenteamplista Daniel Gerhard. “No queremos que se considere que es un trabajo más ni mucho menos incentivarlo, pero es algo que está presente y tenemos que convivir hasta que la sociedad avance. Entonces tiene que estar en la órbita del MTSS, que incluya jubilaciones o subsidios por enfermedades”.
Luego de recibir entre julio y agosto a delegaciones de las tres secretarías de Estado involucradas, de la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual y de otros representantes de la sociedad civil, se puede hablar de un cierto humo blanco: “Estamos cerca de una especie de consenso para que no exista más tal registro. Por ahora, es solo de palabra”, precisó el legislador.
Según el proyecto, esa Comisión Nacional dejaría de ser honoraria, actuaría de forma mensual (hoy no hay nada estipulado sobre la frecuencia de las sesiones) y su presidencia pasaría del MSP al MTSS. El Ministerio del Interior, que integra el actual cuerpo honorario, no fue incluido en el organismo proyectado que lo sustituiría, aunque esto último hoy está siendo reevaluado.
La iniciativa también implica una mirada más integral sobre la salud de las personas implicadas, para que no sean vistas como meros “vectores infecciosos”, con el foco puesto casi exclusivamente en la salud de los “clientes”. Asimismo, se buscarán mejores controles para eliminar el proxenetismo. Esto último está penado desde 1927, por la Ley 8.080, sin embargo, por más prohibición que haya no es un secreto para nadie que este delito casi centenario goza de una triste buena salud.
El diputado Gerhard señala que este proyecto nació con Otras y que su bancada “no va a acompañar modificaciones” que no tengan el respaldo de este colectivo nacido en 2018 y reconocido como sindicato por el PIT-CNT el año pasado. Más allá de este respaldo, la afiliación a este novel gremio no llega al 0,3%, otra muestra de la vulnerabilidad del sector.
La salud y los “dueños”
“Tratamos de llegar a todas las compañeras. Sobre todo en el interior, donde hay más vulnerabilidad. Pero hay lugares donde nadie sabe nada”. A veces, la sonrisa de Claudia Gutiérrez es irónica. “Hace dos meses fuimos a Treinta y Tres, fuimos a la Policía, a la(Dirección Departamental de) Salud, a la oficina del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y ¡nadie sabía donde había una compañera para que pudiéramos llegar a ella! ¿Vos podés creer? ¿Y cómo se controlan? Porque se supone que se tienen que hacer un control. Aunque sea control de sangre, porque es lo único que nos controlan…”.
Según datos del Ministerio del Interior de 2019, hay 13.000 personas dedicadas al trabajo sexual en Uruguay, de las que el 94% son mujeres. El Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, realizado en 2020 por la comuna, dice que 3.914 viven en ese departamento. Solo 100 del total aportaban en 2018 como monotributistas al Banco de Previsión Social (BPS). Estos números están incluidos en la exposición de motivos del proyecto modificatorio.
Otras, pese a la visibilidad adquirida en los últimos años, en parte gracias al empuje de Núñez, solo tiene 36 afiliadas. “Yo creo que es porque estar sindicalizada te da mala prensa. Cuando yo estaba de presidenta, se arrimaban solo cuando necesitaban algo o les pasaban cosas. Les conseguías algo y ni te contestaban los mensajes”, dijo la referente, quien en diciembre pasado dejó el trabajo sexual tras más de 25 años. Ella es una de las pocas que aportó al BPS, desde 2003.
El miedo es otra causa, dice Gutiérrez. Y acá entran en juego los proxenetas, esos que según la ley están prohibidos. La sonrisa de la presidenta de Otras, al hablar de “la 8.080”, ya es directamente amarga. “Esos son los que menos te dejan llegar. Y la mayoría de las compañeras tienen, sobre todo las más jóvenes. Las veteranas somos las que no tenemos”.
Ella en un momento tuvo: su segundo marido. “Un día faltó la plata en casa, mis hijos no tenían para comer, y cuando quise acordar estaba parada en (avenida) Luis Batlle Berres, cerca de La Teja. Eso fue hace 15 años. Él me llevó, me hacía el dos, me ‘cuidaba’”. Trabajó en Punta del Este, trabajó en Cerro Chato, trabajó en varios lados. “Me daba cuenta de que le estaba dejando casi toda mi plata a mis ‘patrones’ y para cortar eso volví a la calle. Empecé en la calle y ahora estoy en la calle, por el Prado. Trabajo para mí. Claro que estoy más expuesta a cosas, a que te roben, a que te violen…”.
—¿Tiene algo para defenderse?
—(Se señala el cuerpo y se sonríe). Somos nosotras. Las que nos defendemos en la calle somos nosotras. No hay nadie más.
Trabajar en whiskerías las expone a una realidad que no se ve en otro tipo de trabajos. “Las compañeras que trabajan ahí están sometidas a música alta, corre mucha droga, tienen problemas de audición, y tienen que tomar alcohol con los clientes, están obligadas. Ellas también cobran por ‘la copa’, mitad va para el ‘dueño’ y mitad para ellas. Y si alguna hace problema, no trabaja más. Los ‘dueños’ se pasan la bola entre ellos. Con este proyecto buscamos que no estén obligadas a estar con quienes no quieren, que no estén sometidas a ruidos molestos, que los clientes vayan a lo que van a buscar”, dice la titular de la organización.
En su tercer capítulo, el más extenso, el proyecto apunta a una mayor participación del MTSS en la inspección de los lugares habilitados para el trabajo sexual y en la eliminación de relaciones de dependencia entre la trabajadora y un eventual “empleador”. El artículo noveno habla de “controles de salud semestrales que incluyan exámenes clínicos y paraclínicos de acuerdo a las pautas para la atención integral de las personas” dedicadas a esta tarea. La ley actual no incluye plazos ni habla más que de “pautas previstas por el MSP”. Otras cuestiona que hoy los controles de salud no hacen foco en la salud de las trabajadoras.
“¿Sabés cuántas compañeras hay con cáncer de cuello de útero?”, pregunta retóricamente Gutiérrez. “¿Sabés cuántas tienen cáncer de mama? ¿O problemas en el hígado porque están obligadas a tomar? Solo con esta ley muchas compañeras se van a poder controlar eso, porque lo único que hacen ahora es una revisión de la sangre”.
La ley proyectada también establece que las trabajadoras tienen que ser independientes (cuentapropistas) o estar asociadas en cooperativas entre ellas, ya sea que trabajen en locales privados —donde tampoco se van a poder vender bebidas alcohólicas— o fuera de ellos. Si al administrador de esos lugares le paga un porcentaje de lo percibido por sus servicios, se considerará una “presunción simple” de proxenetismo. “No elimina la figura (del proxeneta) pero sí las relaciones laborales. Desde la óptica de afuera puede parecer lo mismo, pero lo cambia todo”, indica Gerhard. “Hay algo fundamental: la trabajadora va a decidir con quién se acuesta y con quién no. También va a decidir cuánto va a trabajar”. Esto último, reconoce el legislador, es un eufemismo de cuántas relaciones sexuales va a tener por día.
“No queremos naturalizar (el trabajo sexual). La alternativa es abolirlo, pero eso es algo que en el mundo no ha dado buenos resultados. De cualquier forma, es importante para ellas poder decir ‘hasta acá trabajo’”, agrega el legislador del PVP.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Intención y realidad
Hay un consenso generalizado entre gobierno y oposición de que hay que hincarle el diente al tema. “Nuestra idea es avanzar en el proyecto y no postergarlo. Tenemos un compromiso en sacarlo adelante, aunque no creo que salga (de la comisión al plenario) este año, no quiero generar falsas expectativas”, afirma la diputada colorada María Eugenia Roselló, presidenta de la comisión. “Todos queremos mejorar la situación de estas trabajadoras, pero tenemos que resolverlo de forma pragmática, no generando una ley que luego no se pueda aplicar”, agrega.
Una de las dificultades puntuales pasa por cómo evitar lagunas jurídicas. “Es fácil controlar una whiskería, pero no tanto controlar qué pasa en un apartamento dentro de una propiedad privada”, ejemplifica Roselló.
Gerhard —que teme que si no hay un avance este año el tema se “enfríe”— saluda que haya consenso en la necesidad de hacer algo y destaca que aún “no se han realizado rondas de consideración sobre los artículos”, verdadera instancia donde se ven las diferencias entre las partes. Y si bien discute el concepto de “ley perfecta pero difícil de cumplir”, sí admite que algunas cosas tienen que modificarse. El texto, por caso, no alude a ningún tipo de comercio sexual por Internet (algo que pretendía Otras), más allá de realizar una base para futuras reglamentaciones.
A su vez, luego de recibir a las delegaciones se entendió que “quizá fue un error” excluir completamente del proyecto al Ministerio del Interior y que este debería integrar la Comisión Nacional que se cree. “La Policía debería actuar de forma más integral y no solo para ‘apagar incendios’”, dice. “En todo caso, pueden aportar su mirada para ver qué está haciendo para combatir al proxenetismo y por qué no se ha podido actuar en algunas situaciones”.
La presidenta de Otras lo dice de manera menos eufemística: “Nosotros no queremos más estar en el registro, pero precisamos un apoyo de la Policía, por si Salud Pública o Trabajo lo piden, en los controles, por si pasa algo, ¡no queremos que nos suelten la mano, si no, esto va a ser un relajo!”.
Eliminar el Registro Nacional significaría, para Gutiérrez, “tener más compañeras que se inscriban (ahora en el Ministerio de Trabajo), que no quedarían marcadas y así se animan a controlarse”. Quitar ese fichaje, algo para lo que hay consenso, sería un estigma menos.
Pero solo sería un estigma menos. “Como trabajadoras, es como si no tuviéramos derechos… Todavía somos mal miradas, la gente nos señala… Pasa con los niños en la escuela; si ellos cuentan ‘mi mamá es trabajadora sexual’, se los discrimina. Las maestras los discriminan… Me ha pasado, sí. A mí y a muchas compañeras. Las otras madres también: ‘No la voy a invitar a esta al cumpleaños porque es la hija de una puta’. Esa es la realidad”, cuenta la mujer, ya sin sonreír.