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    Estudiantes de la Udelar presos tienen en promedio 36 años, eligen más carreras sociales y artísticas y el 22% son afrodescendientes

    El 75% es primera generación universitaria en su familia y seis de cada 10 terminaron la secundaria en privación de libertad

    En 2016 la Universidad de la República (Udelar) inició un proceso de trabajo para facilitar el ingreso y la permanencia de personas privadas de libertad en diferentes carreras de grado. Cuatro años después, en 2020, la institución firmó un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el que establecieron acuerdos sobre las condiciones de trabajo y estudio que permitieran garantizar el acceso a la educación superior en unidades penitenciarias. Por ese documento se formó el circuito universitario que hoy abarca a las unidades del INR 3, 4, 5, 6, 9 y 20.

    Cuando se firmó el convenio había 106 presos que estudiaban carreras universitarias. Hoy son 134 estudiantes en 25 carreras, y fuera del circuito hay otras decenas de inscriptos a la Udelar. Los estudiantes privados de libertad avanzan en sus carreras mediante métodos virtuales, preparación de exámenes libres o adecuaciones pedagógicas para hacer un curso regular pero sin asistencia a clase. Como apoyo se implementan tutorías entre pares, se recurre a los “entornos virtuales de aprendizaje” de la Udelar y también se generan mecanismos de intercambio con docentes de la institución. Todo esto depende de lo que proponga cada facultad o servicio universitario, pero existe también un equipo central dentro del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa).

    A partir de estos años de experiencia, un equipo investigador universitario se planteó estudiar las trayectorias educativas universitarias en cárceles. “El objetivo es obtener insumos que orienten una política basada en evidencia, que favorezca el derecho a la educación superior y optimice los recursos, que siempre son escasos”, dijo a Búsqueda Gabriela Pasturino, una de las responsables del proyecto y coautora de los informes finales.

    Este viernes 24 en el campus Luisi Janicki se presentará el trabajo realizado con los comentarios a cargo de los académicos Ana Vigna y Máximo Sozzo. El documento Trayectorias educativas de estudiantes de Udelar en privación de libertad. Proyecto de Proyecto Innovación + Desarrollo (I+D) CSIC (2021-2023), a cuyo resumen ejecutivo accedió Búsqueda, refleja varias particularidades de este núcleo de estudiantes respecto a la matrícula global.

    Perfiles y autopercepciones

    El 66% de los estudiantes privados de libertad terminaron su educación secundaria en prisión y el 80% de ellos se inscribió a la universidad estando preso. A su vez, de acuerdo al documento, crece el porcentaje de estudiantes que son primera generación de ingreso a la Udelar en sus familias. Mientras en la matrícula global son el 52%, entre los presos son el 75%, destacaron la psicóloga Alicia Álvarez y Pasturino, responsables del proyecto enmarcado en el Progresa, el programa que orbita en la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Udelar.

    También existen diferencias significativas en “el promedio y la mediana de edad” del estudiantado. En términos generales, los estudiantes de la institución tienen en promedio 27 años y la mediana es de 24 años. Para los estudiantes presos estos valores son de 36 años y 35 años, respectivamente.

    Ninguna de las personas de la muestra del estudio dijo que se percibe como trans o no binaria. Según el informe, el 81,4% de los estudiantes privados de libertad son hombres y el 18,6% mujeres. De nuevo, hay una distancia marcada con la realidad de la matrícula general. Allí las mujeres son el 65,2% mujeres y los varones son el 34,8%.

    En esa diferencia puede influir el hecho de que la población privada de libertad es altamente masculinizada (92,7%).

    Otro dato relevante es la proporción de estudiantes afrodescendientes. Dentro de las cárceles son el 22%, mientras que para el alumnado general son el 5%.

    “Ritual de reconocimiento”

    Para Pasturino, el hecho de que el 80% de los estudiantes de Udelar en prisión empiece sus estudios terciarios dentro de las cárceles demuestra que “buena parte de esta población no alcanzaría este nivel educativo si la institución no facilitara la inscripción”. Sin embargo, en las encuestas realizadas los privados de libertad señalaron como “insuficiente” la orientación que reciben de la Udelar. De hecho, son los tutores y los referentes, tanto centrales como de los servicios, quienes tienen más incidencia en la afiliación de estas poblaciones a la universidad. El denominador común de estos roles es el de la presencia regular en cárceles.

    Sobre la distribución por área de conocimiento, los porcentajes de estudiantes privados de libertad se diferencian de los porcentajes generales. Se aprecia una mayor concentración de estudiantes en el Área Social y Artística: totalizan el 73% de la muestra. Mientras que por el Área de Salud opta el 23,7% de estos estudiantes, frente a un 36,5% de los de la Udelar. Entretanto, se inclinan por el Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat solo un 3,3%, frente a un 18,7% en la matrícula general.

    Los mayores obstáculos que se perciben en el comienzo de la universidad en las cárceles son las dificultades en la lectoescritura, la ausencia de técnicas de estudio adecuadas para el nivel y el insuficiente uso y conocimiento de herramientas virtuales. En medio de esas dificultades, el primer examen aprobado se percibe como “un ritual de reconocimiento” del estudiante y también como “un hito” de su afiliación a la institución.

    Quienes participaron de la investigación perciben cambios en sí mismos y sus relaciones con otras personas, a partir de su vínculo con la educación terciaria. El cambio más común y que todas las personas resaltan es el del lenguaje, en especial, las formas de expresión oral. En algunos casos se asocian estas transformaciones a una nueva forma de relacionarse, tanto con su familia como con pares y funcionarios de la prisión. Los autores pudieron identificar además la percepción del alumnado sobre cómo el derecho a la educación abre otras perspectivas y acceso a derechos adicionales, tales como la mejora en las condiciones de reclusión.

    En la práctica, las condiciones de reclusión y de estudio son muy disímiles entre las diferentes unidades y repercuten en cómo los estudiantes perciben el resto de las consultas que se hacen con relación a su acceso a la educación superior. En los últimos años no se alcanzaba a las 30 horas de estudio estipuladas por convenio en ninguna unidad. En la actualidad solo las unidades 6 y 20 llegan a esa cantidad de horas.