Un sistema lento y burocrático en el que poco importa el ciudadano común, salas en las que faltan servicios mínimos y conviven las víctimas con los indagados, sentencias que son redactadas para la academia y no para los destinatarios del servicio, un régimen en el que no se protege a los damnificados y en el que el dinero que se tenga para pagar un buen abogado particular puede determinar si se pierde o no la libertad.
Ese es el sombrío panorama que la ex fiscal penal Mirtha Guianze plantea del sistema judicial en Uruguay, que ella misma integró como representante del Ministerio Público hasta hace pocos meses, cuando se integró al Instituto de Derechos Humanos del Parlamento.
Guianze, quien en el ejercicio de su cargo se especializó en investigar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura (1973-1985) y solicitó el procesamiento con prisión de decenas de militares, plantea estas reflexiones en un artículo titulado “Justicia y Derechos Humanos”, publicado en la última revista de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).
La ex representante del Ministerio Público, que aclara en más de una oportunidad a lo largo del artículo que su intención no es responsabilizar a nadie por estos hechos sino “bajar a tierra” algunos conceptos, plantea que el sistema ha llegado a un punto crítico en el que están en juego principios esenciales como el debido proceso o el acceso a la Justicia.
A tal punto esto sucede, que la propia Guianze reconoce que durante sus largos años de trabajo como fiscal, en varias ocasiones se fue a su casa con la sensación de que no había hecho “lo suficiente para garantizar plenamente los derechos humanos de los sujetos involucrados en el proceso”.
Peor aún, para la ex fiscal uno de los principios cardinales del sistema jurídico uruguayo, la igualdad de las personas ante la ley, es hoy en día letra muerta, porque en los hechos la suerte que una persona tenga en un juicio puede variar si es capaz de pagarse un buen abogado.
“La igualdad ante la ley no es un dato de la realidad, sino una exigencia normativa”, reflexiona Guianze, que estuvo a cargo de la Fiscalía de Corte en forma interina durante parte del gobierno de Tabaré Vázquez.
“El Estado y con más razón el sistema de Justicia no puede tratar desigualmente a sus habitantes. Pero es una cuestión fáctica, que viene dada por la disimilitud de puntos de partida: de carencias socioeconómicas o culturales que colocan a las personas en posición de inferioridad frente a su contraparte”, agrega.
Como ejemplo, sostiene que “no afrontará del mismo modo las contingencias del juicio aquel que dispone de medios suficientes para contratar profesionales a elección, que el que busca afanosamente un abogado gratuito, o el que se queda sin asistencia a mitad del proceso porque se le acabó el dinero”.
“Burocrático”.
“Todo ese aparato del juicio, de base constitucional y legal, pero con fuertes componentes burocráticos genera un peregrinaje de gente que demanda justicia, o que es demandada, de demandantes y denunciados, de damnificados y presos, de familiares y testigos, de defensores públicos o privados que deambulan por los juzgados y su entorno con suerte diversa”, reflexiona.
Estas falencias del sistema se observan en cuestiones básicas como la “ubicación de las salas de testigos, los horarios fijados y la carencia de servicios mínimos” que se ofrecen a las personas.
“Ese componente estructural puede llegar a condicionar la aplicación efectiva del derecho de fondo por el operador y, seguramente a vulnerar las garantías del debido proceso en muchas ocasiones”, subraya.
“La conclusión puede parecer exagerada (...) pero basta ponerse en la situación de un testigo o de una víctima, sentados en la misma sala de espera que los familiares del indagado, muy posiblemente intimidados. O de un niño abusado, que aguarda durante horas en un lugar extraño y hostil, hasta que al final alguien, en un inhóspito box le pregunta qué le pasó”, añade.
“Advertimos que la gente no entiende el lenguaje técnico, o esa jerga que manejamos a diario en las barandas. No entiende tampoco las sentencias porque no están hechas para la gente común en lenguaje llano y sencillo”, señala en otro pasaje del artículo.
A juicio de la ex fiscal, en el país hay “juzgados sobrecargados” que dictan “excelentes sentencias para la formación del pensamiento jurídico y para la cátedra (no está en tela de juicio la solvencia técnica de los magistrados), pero no siempre para la resolución eficaz de los problemas de la gente”.
“¿Es culpa del tribunal?”, se pregunta Guianze. Y de inmediato contesta: “Generalmente no. Pero sí de un sistema que admite alongaderas. (...) Todo esto no puede entenderlo el que espera detrás de la baranda, que no es letrado, que no tiene quién le explique o que es mal informado”.
“Rémora”.
Según Guianze, esto se produce, entre otros aspectos, por “la rémora de un proceso penal anticuado, escrito, semisecreto, de corte inquisitivo, que no da participación a la víctima, lo que da origen a situaciones frustrantes”.
“El damnificado se retira de la sede judicial muchas veces luego de esperar horas sin lograr que se le informe el resultado del procedimiento”, indica. Agrega además, que mientras el indagado está asistido por un abogado, las víctimas generalmente no, salvo que el juez tenga una interpretación “muy garantista”.
De acuerdo con la ex fiscal existen muchas carencias también en la protección de las víctimas. Subraya que se ha avanzado en esta materia en la experiencia de los juzgados especializados en crimen organizado, que se acercan a los estándares internacionales, pero sostiene que no sucede lo mismo en otras áreas.
“Es bastante más difícil encarar programas de contenido similar en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad”, destaca como ejemplo.
Según Guianze, en este contexto una “especial atención” merecen los defensores públicos, porque son quienes patrocinan a la enorme mayoría de las personas que son imputadas de la comisión de un delito.
“Parece indispensable como cuestión ineludible si quiere asegurarse el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas por Uruguay, el fortalecimiento de la defensa pública y la jerarquización del servicio”, opina.
Sin embargo Guianze afirma tener “la impresión” que en la actualidad el rol de los defensores “no siempre es valorado en sus verdaderos términos”. El servicio de defensa pública está a cargo de la Suprema Corte de Justicia.
La integrante del Instituto de Derechos Humanos del Parlamento concluye que debe irse a un sistema de justicia “que se acerque a la gente común”.
