Ex ministro y abogado Juan Andrés Ramírez presentará recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Minería de Gran Porte

En 2007 la empresa Aratirí se instaló en Uruguay con la intención de explotar yacimientos de hierro de Valentines. A partir de allí la empresa avanzó en la presentación de documentación que habilite su explotación mientras el gobierno ha realizado diferentes modificaciones legales, entre ellas la aprobación de la ley de Minería de Gran Porte, que, a juicio del Poder Ejecutivo, permite tener un marco legal que deja mayores ganancias al Estado. En la actualidad la empresa y el gobierno negocian la firma del contrato de inversión.

Para Ramírez se debió llamar a licitación, ya que la concesión no aplica porque Aratirí no es quien descubrió el yacimiento. En la década de 1970, luego de una investigación geológica encabezada por Juan Caorsi, se supo que existía el yacimiento en la formación Valentines.

En este sentido, la ley de Minería de Gran Porte establece modificaciones por las cuales no se incluye el llamado a licitación obligatorio sino exclusivamente la firma de un contrato de inversión.

“Una ley que sortee la licitación pública cuando no tiene justificación material es inconstitucional, porque es un principio general del Derecho. Eso deriva del principio de igualdad, artículos 12 y 72 de la Constitución. Que alguien me explique acá cuál es la justificación”, afirmó el ex ministro.

“La licitación cumple tres finalidades: principio de igualdad, donde todos estamos iguales ante la ley y tenemos el mismo derecho de contratar con el Estado en lo que fuere, el principio de finalidad, ya que es el único mecanismo para obtener el mejor precio, y para luchar contra la corrupción”, agregó.

En el Código de Minería se establece un máximo de dos concesiones de 500 hectáreas para el mismo mineral en todo el territorio nacional. En esta condición se presenta Aratirí ante la Dirección Nacional de Minería y Geología a solicitar la concesión para explotar. Sin embargo, la nueva ley le da la facultad al Poder Ejecutivo de autorizar sin límite las hectáreas concedidas para un proyecto minero si así lo considerara pertinente por razones fundadas.

“Las razones fundadas tienen que ser de buena administración por el mejor interés público. No hay nadie que me pueda convencer de que el mejor interés público es otorgarle 12.000 hectáreas más de lo permitido a Aratirí y no llamar a licitación para ver quién tiene un proyecto mejor y quién paga más”, enfatizó.

Por su parte, el abogado cuestiona que Aratirí haya invertido U$S 185 millones en investigación “sin tener el compromiso del gobierno de otorgarle el derecho a explotar el mineral a través de la ley de Minería de Gran Porte o que el Poder Ejecutivo por decreto le daría el aval para extender el tope de hectáreas”.

“Todo se hizo a medida para otorgarle a Aratirí la concesión del yacimiento más importante de Uruguay”, afirmó.

“El Estado dictó una ley con el especial ánimo de favorecer a una empresa en particular, de sortearse un requisito indispensable en la contratación pública, que es la licitación, y obtener un procedimiento para negociar en privado y reserva con la empresa”, concluye.

Otro Pluna.

“Acá hay un paralelismo en el procedimiento y en la conducta política con Pluna. En Pluna vino Leadgate, le vendió espejitos de colores y sin una rigurosa licitación se la otorgaron a una empresa que no tenía experiencia en la materia de aviación. Es más, en el auto de procesamiento dice que no se aceptaron las observaciones del Tribunal de Cuentas, que dijo que la selección de Leadgate fue sin cumplir las reglas de transparencia. Ahora están haciendo lo mismo pero esto es 100 veces mayor en volumen”, dijo.