Ex ministros de la Corte manifiestan “preocupación” por el tono de “algunos ataques” a la “independencia” del Poder Judicial

Además de este hecho, la Policía y la Justicia investigan la presunta participación de grupos radicales que aprovecharon el festejo por el Campeonato Uruguayo de fútbol del Club Atlético Peñarol para atentar contra la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y contra el Palacio de los Tribunales (ver nota en página 3).

Poco después el escenario se complicó mucho más aún, con la declaración de inconstitucionalidad de la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y de la que derogó la “ley de caducidad”.

A partir de ese momento algunos de los principales dirigentes oficialistas, como el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, y el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio, comenzaron a manifestar que es necesario “democratizar” el Poder Judicial, sin especificar qué entienden por ese término.

En mayo, una delegación del Poder Ejecutivo entre quienes se encontraba el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores), Eduardo Bonomi (Interior) y Ricardo Ehrlich (Educación), visitaron a los ministros de la SCJ para —entre otros temas— transmitirles que existe inquietud a nivel internacional por sus fallos sobre derechos humanos.

Ataques.

Expertos en derecho y ex integrantes de la Corte que fueron consultados por Búsqueda manifestaron “preocupación” por el ambiente en torno al máximo órgano judicial del país.

Todos los consultados destacaron que, si bien comparten la necesidad de que los fallos judiciales sean criticados y debatidos por la opinión pública, ven como algo negativo la virulencia de algunos de los cuestionamientos.

El ex presidente de la SCJ Leslie Van Rompaey precisó a Búsqueda que aunque no está de acuerdo con algunas de las últimas decisiones de la corporación vinculadas a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, observa “con mucha preocupación algunos ataques que se están dando contra la independencia del Poder Judicial”.

Van Rompaey, quien se retiró de la Corte a comienzos del 2012, subrayó que tampoco comparte la idea expresada por Garzón de que los jueces sean electos por la ciudadanía.

“Esas son formas de querer controlar al Poder Judicial”, se limitó a decir el ex magistrado.

El también integrante de la SCJ en la década de 1990 Jorge Marabotto fue más enérgico aún en su diagnóstico. “Quiero expresar mi total solidaridad con los miembros de la Corte que se están viendo sometidos a un asedio”, dijo el ex juez a Búsqueda.

“De esta forma se quebranta el Estado de derecho al atentar contra uno de sus principios básicos, como lo es la separación de poderes”, reflexionó.

“Se ha dicho —añadió—que la Corte está subordinada al Poder Ejecutivo. Me parece que es clarísimo el tema y me preocupa enormemente”.

Por su parte, el catedrático de Filosofía del Derecho de la estatal Facultad de Derecho, Oscar Sarlo, aportó una visión original sobre este punto.

Según Sarlo el Poder Judicial ha servido históricamente como un “punto neutro” que permite “descargar tensiones” que el sistema político no puede o no quiere resolver.

De acuerdo con el experto, esta no es una particularidad uruguaya, sino que esa función es cumplida por todos los poderes judiciales que funcionan en el mundo.

“Hay muchas decisiones que si las tomara el gobierno tendrían un costo político enorme, pero que cuando son resueltas judicialmente los costos se neutralizan, se disuelven. (...) Para no mencionar los múltiples casos nacionales, basta recordar que cuando la cuestión del corte de puentes por los ambientalistas de Gualeguay­chú, el gobierno argentino accedió a llevar el asunto a la Corte de La Haya, como único modo de salir del pantano”, ejemplificó.

“Ese tipo de rol del Poder Judicial permite que se le echen las culpas por un tiempo a alguien, con lo cual el sistema tiene una válvula de escape razonable, siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos límites”, opinó.

De acuerdo con Sarlo, en este caso la crítica “se fue un poco de las manos”.

“Los mecanismos institucionales están funcionando saludablemente, porque algunos jueces y algunos fiscales han activado recursos legítimos para cambiar la orientación de la Corte. Pero intentar amedrentar a los jueces me parece de una irresponsabilidad mayúscula. ¿De qué serviría un poder judicial que siempre acompañe al gobierno de turno? Se transformaría en una rama más del sistema político partidario, y dejaría de ser ese punto neutro”, razonó.

Según Sarlo lo “preocupante” en este caso es que se están quebrando esos códigos “sin que puedan distinguirse claramente quiénes quieren jugar dentro del sistema y quiénes no”.