El enunciado que define la “misión” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es largo. Mediante la conducción de la política económica, debe “velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la República, desarrollando políticas públicas coordinadas y consistentes, realizando el seguimiento de su ejecución y brindando información relevante a la población sobre sus resultados”. Y sigue: “La estabilidad de las condiciones macroeconómicas y la mejora del ambiente para el desarrollo del trabajo y las inversiones en el país —que permita desplegar un círculo virtuoso de mejora de las condiciones económicas y sociales— es su cometido fundamental”. Resumido en pocas palabras, que usualmente repite la titular de la cartera, Azucena Arbeleche, el accionar tiene que estar guiado por el propósito de la “sostenibilidad”, la “responsabilidad” y la “transparencia de las finanzas públicas”. Las metas que se propuso el MEF, acordes con esos cometidos, tuvieron un relativamente alto cumplimiento pleno (superior al 80%) durante 2020; en el resto del Poder Ejecutivo el panorama fue heterogéneo, en parte por las distorsiones que generó el Covid-19.
De la mano de la definición de una “misión” y “visión”, el MEF y los demás incisos deben realizar una planificación estratégica, definir “objetivos” atados a esos planes para que, con “indicadores” como herramienta, se evalúen cuantitativamente los resultados. Todo esto está desplegado a través del Sistema de Planificación Estratégica (SPE), un software desarrollado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los indicadores, validados por esa dependencia con sede en la Torre Ejecutiva a cargo de Isaac Alfie, se contrastan con metas definidas para cada año.
En 2020, el grado de cumplimiento se vio afectado “en gran medida por la atención de los organismos a la pandemia Covid-19”, consignó el Poder Ejecutivo en documentos entregados junto con la Rendición de Cuentas que analiza el Parlamento. Pero son números en general que se miran poco. “Esta puesta a punto de la información debería producir una evaluación y en ciertos casos una reprogramación para el año o los años posteriores. Lamentablemente la historia indica que en muy raras ocasiones el Poder Legislativo realiza un examen de estos indicadores (...). Al no existir ese examen de lo realizado, sólo se puede afirmar que se produjo la ejecución de un menor gasto en un período interanual, y nada más que eso”, se lamenta Ariel Rodríguez Machado, excontador General de la Nación, en un análisis sobre el gasto en el 2020.
El debate político usualmente corta grueso, como ocurrió en la larga comparecencia del martes 7 de la ministra Arbeleche para explicar el proyecto de Rendición de Cuentas en una comisión del Senado. “¿La opción hubiera sido más impuestos o aumentar todavía más la deuda de los 12,5 puntos (del Producto Bruto Interno) que estamos presentando en pantalla en lugar de generar eficiencia en los gastos? (…). El camino elegido fue aumentar la eficiencia en el gasto, lo que posibilitó atender los gastos de la pandemia sin un aumento de impuestos”, alegó la jerarca. Así, según ella, “por primera vez en mucho tiempo se tomó el toro por las astas y se enfrentó, con transparencia y realismo, un problema de larga data” en cuanto al uso de los dineros públicos.
El senador Mario Bergara, quien ocupó su cargo en el último tramo de la administración de José Mujica, le retrucó: “Todo esto se dice en un enfoque con el que también discrepamos, que es el de pensar que recortar –en nuestro lenguaje– o ahorrar –en el lenguaje del gobierno– es sinónimo de eficiencia. No hay ningún indicador de eficiencia que lo demuestre en esta formulación”. Y cerró, molesto, cuestionando el tono usado por Arbeleche: “Hay que ser muy atrevido para venir a esta casa a tratar de mentirosos a los legisladores de la oposición, es mucho el desparpajo para hacer eso; podremos tener, en todo caso, visiones distintas”.
Monitoreo de metas
Tomando en cuenta el comportamiento deseado definido para cada indicador y el desvío del valor alcanzado, se establece si se “cumplió” (se alcanzó o superó lo previsto), si hubo un “cumplimiento parcial” (cuando el valor se ubicó en un rango inferior al 25% la meta definida para ese año) o “no cumplió” (desvío superior a 25%); hay situaciones donde figura que “no informó valor” o “sin meta”.
El MEF, como inciso, mostró en 2020 un cumplimiento pleno de 83% respecto al propósito, a la vez que tuvo un 7,5% de los indicadores con estatus “parcial” y 9,4% de incumplimiento. Entre sus unidades ejecutoras, la Dirección General de Secretaría, junto con las de Comercio y la DGI, fueron las únicas que cubrieron a cabalidad la totalidad de las metas. En contrapartida, el peor desempeño lo tuvo la Tesorería General de la Nación (40% de incumplimiento), ya que, por ejemplo, con el “advenimiento de la pandemia y el trabajo remoto no se logró avanzar” todo lo esperado en la racionalización de cuentas bancarias oficiales para hacer pagos.
En el caso de la Auditoría Interna de la Nación, su cometido de ayudar a mejorar los controles internos en el Estado tuvo un desvío del orden del 12% respecto de la meta ante la escasez de personal y “la realidad producto de la pandemia, de efectuar auditorías de manera remota en muchos de los organismos. A pesar de no llegarse a la meta, los logros obtenidos fueron significativos, ya que se realizaron auditorías que presentaron hallazgos de alto impacto para los organismos auditados y la opinión pública”, dice el Poder Ejecutivo en los documentos. Para 2021 la repartición planea aumentar la cantidad de auditorías a partir de la “dotación de más recursos humanos”; el lunes 6 divulgó dos nuevos informes (ver página 17).
En Aduanas, que logró un relativamente alto nivel de cumplimiento general de las metas fijadas (90% total y 10% parcial), uno de los indicadores refiere al propósito de ser un organismo “intransigente con la corrupción”. En 2020 se presentaron 179 denuncias, de las cuales 126 fueron “finalizadas”, lo que arrojó un indicador de 70,3% (frente a 60% como meta, calculada como la división entre la cantidad de denuncias hechas por funcionarios sobre la suma de estas y las efectuadas por agentes externos). Como parte de un pedido de acceso a la información hecho por Búsqueda, el organismo aseguró que inició un “proceso de rediseño del Cuadro de Mando Integral (indicadores y metas) el que, de acuerdo a lo planificado, está previsto terminarlo en 2021”.
Otros ministerios
Algunos incisos no presentan información para sus unidades ejecutoras. Los tribunales de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, al igual que la Corte Electoral, tienen su planificación ingresada al SPE a nivel de inciso, pero no disponen de indicadores definidos. En los casos de la Administración de Educación Pública y la Universidad Tecnológica, habrá una planificación estratégica a partir del 2021.
La Cancillería cumplió con 10 de sus 11 indicadores. “A pesar de las particulares condicionantes” de 2020 “logró avanzar en los aspectos prioritarios” de su plan estratégico, “tanto en materia de política exterior como de gestión de recursos y desarrollo humano, todo lo cual sienta las bases para concretar los logros ambicionados en los próximos años”, consigna el informe gubernamental.
Dentro de Defensa Nacional, Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas —la llamada “caja militar”— fue la unidad ejecutora con peor desempeño, aunque está evaluada por un único indicador. Debido “en gran medida a la pandemia” no pudo mejorar lo suficiente los trámites de jubilación, que demoraron un promedio de 413 días, cuando tenía una meta de 355.
El Ministerio del Interior figuró “sin metas” definidas para 2020.
El grado de cumplimiento fue desparejo en Industria, Energía y Minería y también entre sus diferentes unidades ejecutoras. Para 2021 fijó como un objetivo elaborar un documento de Agenda Energía Uruguay y seguir tratando de “acelerar la sustitución de vehículos a combustión por eléctricos”, entre otras acciones.
En Turismo, las direcciones de Secretaría y de Turismo —sus dos unidades ejecutoras— promediaron un cumplimiento pleno de 84%, mientras que el 4% de las metas se alcanzó solo en parte y otro 12% quedó en el debe.
Ganadería y Vivienda registraron porcentajes similares de cumplimiento total de sus metas: 77,6% y 78,7%, respectivamente.
El 60% de las metas globales en Transporte y Obras Públicas tuvieron cumplimiento pleno. El año pasado hubo tareas de infraestructura vial por US$ 218 millones, el 86% sobre lo esperado, pese a la “desaceleración de todos los procesos (públicos y privados) que involucra la concreción y ejecución de las obras por contrato principalmente”. Para 2021 previó el comienzo de las obras denominadas “Crema” 2+10 (ejecución dos años y repago durante 10)” a través de la Corporación Vial del Uruguay.
Educación y Cultura completó casi tres cuartas partes de las metas que tenía para el año pasado. Al igual que para otros incisos, la aplicación del decreto de marzo del 2020 que fijó límites al gasto fue uno de los desafíos, además de la emergencia sanitaria. “Se identificaron dos unidades ejecutoras con déficits económicos como consecuencia de deudas contraídas por la administración anterior, para las que se gestionaron y lograron refuerzos presupuestales y (el) levantamiento de los topes” por parte del MEF y la Presidencia de la República, indicó el Ejecutivo. Con los ajustes hechos, se abatieron en 13,4% los gastos de funcionamiento y 13,71% las inversiones del inciso.
Todavía con Pablo Bartol como ministro —cargo que dejó en mayo pasado—, Desarrollo Social completó de manera total poco más de la mitad (52,2%) de las 23 metas del 2020, el menor porcentaje entre todos los incisos del Ejecutivo. Su foco estuvo puesto, entre otras cosas, en resolver la inseguridad alimentaria y nutricional de la población afectada por la pandemia de SARS-CoV-2. Debido a la menor movilidad durante la emergencia sanitaria y la falta de personal para los programas de acompañamiento, se atenció a 5.112 hogares como beneficiarios de Uruguay Crece Contigo, cuando se quería llegar a 5.900, por ejemplo.
La cartera encabezada por Daniel Salinas satisfizo a plenitud menos del 60% de las metas e incumplió casi el 40%. La pandemia “aparejó cumplir con los medios existentes, una serie de múltiples exigencias, para las cuales no existía ninguna experiencia previa en el mundo”, señala el informe de gestión referido a Salud Pública. Como un “desafío” para 2021 marca que “es indudable” que el ministerio “deberá analizar e implementar una nueva estructura organizativa” para cumplir mejor la función rectora sobre el sistema sanitario y en los aspectos de formulación de política, de contralor, de evaluación y de fiscalización, “partiendo de las enseñanzas” que dejó la lucha contra el Covid-19.
Otro ministerio muy activo frente a las derivaciones que trajo la emergencia sanitaria fue Trabajo y Seguridad Social. Alcanzó de manera completa el 86,7% de las metas y el otro 13,3% de forma parcial. Por fuera de crisis por el coronavirus, por ejemplo, intervino en 1.254 conflictos colectivos en Montevideo, de los cuales el 71,2% alcanzaron acuerdos (totales y parciales).
