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El oficialismo incorporó un artículo en el proyecto de Rendición de Cuentas que permitirá al gobierno sancionar a las empresas que no adquieran la tecnología necesaria para que el nuevo sistema de escuchas telefónicas, denominado El Guardián, pueda funcionar correctamente.
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La propuesta agrega un inciso al artículo quinto de ley Nº18.494, en el que se regulan los métodos de “vigilancia electrónica”. De aprobarse sin cambios, se establece que la Unidad de Servicios de Comunicaciones “podrá aplicar sanciones” a “aquellos operadores de servicios de telecomunicaciones que dificulten o impidan la ejecución de este tipo de vigilancias, dispuestas por la justicia competente”.
Según fuentes del oficialismo, ese inciso responde a que las empresas deberán hacer inversiones en sus redes para que El Guardián pueda operar en ellas.
El software adquirido por el Ministerio del Interior permite que “30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos”, informó el 26 julio “El País”.