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    Existe un acuerdo entre todos los partidos políticos para que la Fiscalía salga de la tutela del Ministerio de Educación y Cultura

    La designación el martes 10 por unanimidad del ex juez en crimen organizado Jorge Díaz como nuevo fiscal de Corte reveló la existencia de un “acuerdo político” para que los fiscales no dependan más del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), aunque aún no está definida su nueva forma institucional.

    Mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado quieren que se cree un ente autónomo o un servicio descentralizado que garantice de manera efectiva que los fiscales no dependerán del Poder Ejecutivo de turno, en el oficialismo existe una discusión acerca de si se impulsa un Ministerio de Justicia —lo que es promovido básicamente por el diputado Felipe Michelini— o un ente autónomo o servicio descentralizado, alternativa por la que se pronunciaron los servicios jurídicos de la Presidencia en un reciente informe.

    Lo que es un hecho es que tanto el gobierno como la oposición asumieron el compromiso de debatir este año el tema junto con el nuevo proceso penal. En la sesión del Senado durante la cual le concedieron la venia a Díaz, este fue uno de los principales temas que mencionaron los legisladores.

    En esa oportunidad el senador nacionalista Gustavo Penadés expresó que “a este acuerdo se llega por una serie de compromisos asumidos por todos los partidos políticos de carácter parlamentario”.

    “El primero: que este año sea el año en que los temas relacionados con el nuevo código y proceso lleguen a su sanción. El segundo: la salida de la órbita del MEC de la Fiscalía y trabajar sobre dos hipótesis: 1) La posible creación del Ministerio de Justicia 2) La creación de un ente autónomo o servicio descentralizado tal cual proyecto de (el senador colorado) Ope Pasquet”, agregó.

    “El Partido Nacional tiene la voluntad de trabajar por la idea de aprobación no de un Ministerio sino de un ente o servicio descentralizado que, con el debido control parlamentario, lleve adelante la tarea con la mayor autonomía no solo técnica sino funcional”, prosiguió.

    En esa línea subrayó que cuando Díaz concurrió a la comisión se manifestó “a favor de la más absoluta independencia y mayor autonomía posible” para el Ministerio Público.

    En la misma línea, el senador colorado Pedro Bordaberry consideró que la reforma del proceso penal implicará un rol más activo de los fiscales. Sobre ese punto, dijo que es “muy importante” la ubicación institucional que tenga el Ministerio Público, ya que los fiscales van a tener mayor poder.

    “Estamos todos de acuerdo en que no debe estar en el MEC, a donde ha ido a parar por una cuestión residual. Creemos nosotros que dada la función que va a adoptar no puede estar dentro del Poder Ejecutivo: tiene que constituirse en un servicio descentralizado independiente que nos dé a todos garantías”, argumentó.

    También destacó que cuando se le preguntó a Díaz su opinión sobre este tema “sus respuestas fueron contundentes y compartibles”, lo que lo llevó a votarlo.

    Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular, MPP) también se había referido a este tema con motivo de la comparecencia de la Asociación de Fiscales en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado.

    En esa oportunidad, la senadora y primera dama había transmitido tranquilidad a los legisladores de la oposición, en cuanto a que ese tema está en discusión en el gobierno.

    “Tengo entendido que se trata de un tema polémico y que aún está en discusión, ya que en el oficialismo hay quienes se inclinan por el servicio descentralizado y otros por el ministerio. En el departamento de Jurídica de Presidencia hay un informe favorable al proyecto de Pasquet que hace bastante tiempo que está siendo analizado. Manifiesto nuestro compromiso en discutirlo”, concluyó.