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    Expertos en Derecho reclaman al Parlamento transparencia en designación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia

    El rechazo de legisladores del Partido Nacional a la candidata del Frente Amplio estuvo influenciado por empresarios, que cuestionan su perfil “pro trabajadores”, aseguran en el oficialismo

    Sobre fines del año pasado, los criterios sobre cómo se designaría a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) parecían resueltos. El oficialismo y la oposición acordaron rápidamente un punto esencial: nadie ingresaría al cargo por antigüedad. El siguiente paso era, entonces, acordar los nombres.

    Una comisión integrada por no más de diez legisladores comenzó a negociar sobre los posibles candidatos para el máximo tribunal.

    Pero la forma opaca en que el Parlamento se maneja en este tipo de asuntos llevó a que organizaciones de la sociedad civil y expertos en Derecho Constitucional y Público reclamaran más transparencia, ya que sostienen que la forma en que se eligen a los ministros de la Corte afecta a las bases de la República.

    El 26 de febrero vence el plazo para cubrir la vacante del ex ministro Jorge Larrieux, que dejó el cargo en noviembre de 2016. Y en mayo dejará su lugar en la Corte Ricardo Pérez Manrique, porque cumple 70 años.

    El artículo 236 de la Constitución establece que los miembros de la SCJ serán designados con el voto de dos tercios de la Asamblea General del Parlamento. Si no hay acuerdo, la Constitución prevé que sea designado el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

    Cuando los partidos comenzaron la negociación sobre los futuros integrantes de la SCJ, todos coincidieron en que las vacantes debían ser llenadas por designación y no siguiendo la vía de que asuma el de más antigüedad. Para eso debían ponerse de acuerdo en los nombres.

    Entre noviembre y diciembre había un acuerdo para que la ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alicia Castro, ocupara el lugar de Larrieux. Fue propuesta por el Frente Amplio, ya que le toca proponer nombres en esta instancia, según un acuerdo previo. Pero finalmente el acuerdo cayó y Castro seguirá en el TCA.

    El oficialismo presentó otro nombre, el de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo, Rosina Rossi, experta en Derecho Laboral. El Partido Nacional y el Partido Colorado no apoyaron esa propuesta. La falta de “currículum” y el hecho de que está decimocuarta en el orden de prelación por antigüedad, fueron los argumentos que esgrimieron para decir que no, dijeron fuentes del Partido Nacional.

    Pero desde el Frente Amplio afirmaron a Búsqueda que los blancos no la apoyan debido a que tiene una posición muy favorable a los derechos de los trabajadores y consideran que por tanto carece de una postura “equilibrada” en estos temas. Legisladores que participaron en las negociaciones aseguraron que la negativa de los blancos estuvo influenciada por el lobby de empresarios, a quienes no les agrada el perfil “pro trabajadores” de la ministra Rossi.

    El Frente Amplio insistió con Rossi y ante la negativa de la oposición, el oficialismo decidió “congelar” las negociaciones, según informó el diario “La República” el martes 14.

    Sin embargo, se han dado conversaciones informales para tratar de encontrar un punto de acuerdo. Desde el oficialismo y la oposición afirman que, por una cuestión de plazos, es probable que no se llegue a un acuerdo para el sustituto de Larrieux, por lo que entraría Eduardo Turell, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y el primero en el orden de prelación. Pero sí buscarán llegar a un acuerdo para el sustituto de Pérez Manrique. Además, deben trabajar en los acuerdos para los siguientes cambios que se darán en la SCJ en 2018, cuando se retire Felipe Hounie, y en 2019, con la partida de Jorge Chediak.

    Amplia publicidad.

    Las negociaciones secretas entre legisladores, una modalidad que viene desde varios años atrás, es cuestionada por varias organizaciones sociales que reclamaron al Parlamento que establezca un nuevo mecanismo de designación donde todo sea público.

    A su vez, expertos en Derecho Constitucional y en Derecho Público también criticaron la forma en que se desarrollan las negociaciones, ya que consideran que es “anti republicana” y afecta la legitimidad de las decisiones que se toman. Los cuestionamientos fueron planteados por los abogados Daniel Ochs, Diego Gamarra e Ignacio Robaina en tres trabajos —a los que accedió Búsqueda— redactados en el marco de una iniciativa llamada “Deliberativa” que pretende contribuir en la discusión de los asuntos públicos más relevantes.

    Para Ochs, el método de búsqueda de candidatos a ocupar cargos como los de la SCJ es “dramáticamente anti-republicano”. “Los partidos en vez de construir una Corte equilibrada prefieren ‘lotizar’ los organismos con candidatos propios”. Por eso reclamó que este tipo de gestiones se realicen con la “más amplia publicidad”.

    “Este estado de cosas se defiende merced a la manida idea del juez técnico, apolítico y desideologizado. Pero todo el mundo sabe que los fallos rezuman ideología, que no hay seres carentes de toda idea política”, planteó el constitucionalista.

    Además, se provoca un “daño” al sistema de Justicia porque hay un “debilitamiento de la confianza pública” ya que no se sabe por qué razón se designó a determinado jerarca.

    Gamarra, también especialista en Derecho Constitucional, sostuvo en su trabajo que el hecho de que “el procedimiento de designación de los miembros de la cabeza de un Poder de Gobierno —que tiene además competencia para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes—, se realice rodeado de intrigas y sin participación y control de la comunidad, pone en juego su legitimidad y con ella la configuración de una separación de poderes eficaz y de un Poder Judicial fuerte que asegure la sumisión de los gobernantes al Derecho”.

    Gamarra consideró que esta práctica es “anti republicana” por tres motivos: “no asegura una accesibilidad igualitaria a los cargos públicos en cuestión”; se realiza a “espaldas de la comunidad, sin su participación y ni siquiera con su noticia”, y se “deslegitima al Poder Judicial, erosionándose con ello el control del Estado”.

    “Fingir que la perspectiva política y moral de los candidatos no es relevante es pretender tapar el sol con un dedo”, agregó.

    Ignacio Robaina, especialista en Derecho Público, sostuvo que difundir ampliamente la forma de designación apunta a “fortalecer y robustecer la legitimidad democrática de las decisiones que se adoptan en nombre del derecho y la comunidad”. 

    “En el Uruguay, nadie sabe nada, los partidos negocian y trabajan con reserva. La tradición es llegar por antigüedad, y si se apartan de ella, no se sabe por qué. No se sabe nada, y eso es un problema: no hay bases procedimentales para una participación (o acceso) en un asunto tan importante”, escribió.

    Petición al Parlamento.

    Esta no es la primera vez que se realizan planteos en este sentido. En 2013, el Colegio de Abogados presentó un anteproyecto para dar más “transparencia” a las designaciones. La propuesta pasa por dar a conocer los nombres de los candidatos y que se realicen audiencias públicas en el Parlamento.

    Además, más de veinte organizaciones sociales presentaron una petición administrativa ante la Asamblea General del Poder Legislativo para que la población conozca cómo se adoptan las decisiones en torno a las designaciones de los integrantes de la SCJ. Sin embargo, la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General aún no tomó una postura sobre el planteo.

    El diputado Gustavo Penadés (Partido Nacional) dijo a fines de octubre en esa comisión que más allá de aprobar un reglamento, no convalida la idea de que los acuerdos realizados entre los partidos hasta ahora son una “conjura de oscurantismo”. Se trata de acuerdos políticos que “han hecho los días más felices de la República”, aseguró.

    Información Nacional
    2017-02-16T00:00:00