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La discusión de la reforma de la seguridad social de las últimas semanas estuvo centrada en si los cambios presentados en el proyecto que estudia la Cámara de Diputados provocará una caída o no de lo que los pasivos cobrarán en el futuro. Desde el Frente Amplio son firmes en señalar que impactará en forma negativa y otros piden que un consultor externo e independiente cierre el debate.
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El Poder Ejecutivo tomó postura en esta discusión basado en cálculos de la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social (BPS). La jubilación promedio crecerá entre 18% y 20% si se aprueba la reforma, afirma. Pero este dato es rebatido por Luis Camacho, un anterior jefe de esa oficina técnica y “coordinador del equipo asesor de la reforma de la seguridad social de 1996”. Así fue presentado ese contador —que hoy es asesor de la Caja Bancaria— cuando compareció el martes 7, invitado por la comisión que trata el proyecto.
Camacho presentó una comparación entre el nivel de las nuevas jubilaciones (“altas”) del régimen vigente y el de las que surgirían de la reforma, que entre otras cosas sube a 65 años la edad mínima de retiro.
El especialista concluyó que el “nuevo régimen solidario” propuesto generaría una “inequidad” que se implantaría en las futuras generaciones, porque habrá pérdidas que aumentan con la “disminución de la edad de los cotizantes”. Según sus cálculos, a menor edad, “mayor (sería) la pérdida”.
Camacho agregó que si se acumulan las jubilaciones de los “regímenes solidarios” con las rentas vitalicias cobradas por el aporte a las AFAP, los resultados serían “significativamente peores”, en especial para quienes “acreditan muchos años” de contribución a ambos sistemas. Esto, explicó, obedece a la disminución prevista en la porción del aporte que va a las administradoras previsionales. De aprobarse la reforma, los nuevos trabajadores aportarán 10% al régimen general y 5% a una AFAP.
Tasas de reemplazo
Otro análisis que hizo el exfuncionario del BPS estuvo relacionado con las tasas de reemplazo, es decir el monto de la jubilación en relación con lo que la persona cobra estando en actividad. Lo que hizo fue comparar los valores que figuran en el proyecto de ley con los que surgen aplicando un software preparado especialmente. En la propuesta del gobierno se crea una “tasa de adquisición”, que es un valor que varía según la edad de retiro y que hay que multiplicar por los años trabajados para saber el monto jubilatorio.
Con el software sumó una “tasa de contribución”, que incluye las “tasas de aporte” a las AFAP. La tasa de reemplazo para quien se jubile a los 65 años con 30 años de aporte es de 45%. Sin embargo, según estimó Camacho, si una persona tiene 40 años de aportes y 30 años de reemplazo, sería de 58% y no del 60%, como está previsto en el proyecto.
Otra de las “inconsistencias” que detectó es el “crecimiento significativo” del monto jubilatorio a medida que aumenta la edad de retiro. Su conclusión es que quienes tienen más años, tendrán tasas de reemplazo “sensiblemente superiores a las de quienes tienen menos años de actividad”, un crecimiento “excesivo”.
Camacho cuestionó que las penalizaciones por cada año de anticipo en la jubilación son “sustancialmente superiores a lo que corresponde actuarialmente”.
Otro de los cuestionamientos que expresó es que el “suplemento solidario” tiene una “gran falla”, porque se ajusta por inflación y no según los salarios, como sucede con otras prestaciones.
Por otro lado, dijo ante los diputados que los actuales funcionarios de la Asesoría Actuarial del BPS fueron contratados por él o por personas de su confianza. “En la Asesoría siempre decíamos que no éramos infalibles. (...) O sea que ellos se pueden haber equivocado —son personas, son técnicos—, como me pude haber equivocado en alguno de estos números”, comentó.
