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No hay evaluaciones sobre el impacto y los resultados del programa; el uso de los recursos públicos es “ineficiente” y la eficacia de los controles tiene “debilidades”. Además, se observaron “perjuicios económicos” al pagar por la gestión de créditos incobrables. Estas son algunas de las conclusiones de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras evaluar la ejecución del Programa de Emprendimientos Productivos y Redes (Emprored) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
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El Emprored abre convocatorias para emprendimientos que pueden ser familiares, asociativos o individuales y que deben cumplir determinadas condiciones de funcionamiento y de contexto de vulnerabilidad. Entre los postulantes se sortea una cantidad de cupos a los que luego se les brinda capacitaciones, acompañamiento social, acceso al crédito y apoyo a la formalización, la comercialización y la integración productiva. En 2019 se inscribieron 3.145 proyectos y 1.000 accedieron al programa.
El informe de auditoría publicado el 7 de setiembre analizó el desempeño del programa en relación con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, entre el 1º de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, y determinó que las “debilidades” detectadas “no permiten asegurar una adecuada gestión”.
La auditoría señaló que no se realizaron “mediciones” para evaluar los resultados de las acciones implementadas en la sustentabilidad y la mejora económica de los emprendedores. Además, al no existir una “política de incobrables” para determinar qué apoyos económicos podían tener retorno, “se pagaron comisiones por la gestión de créditos de escasa o nula probabilidad de cobro”.
Por otro lado, el organismo sostuvo que la “disparidad” en la calidad de la información sobre el trabajo con el emprendedor y la “subutilización” del sistema informático para el monitoreo de las intervenciones con los beneficiarios afectaron “la eficiencia en la gestión del programa. Mientras, “la inexistencia de datos confiables” y controles de los bienes adquiridos “no permite asegurar la racionalidad de los recursos ni verificar la integridad del inventario” en las organizaciones sociales y en el Mides.
Hallazgos
Entre los hallazgos detallados en el informe con un “nivel de criticidad extremo”, la auditoría identificó una “ineficiencia en la gestión de recupero de los créditos y gastos asociados”. La inexistencia de una política de gestión de deudores acordada entre el Mides y la empresa administradora de créditos provocó “perjuicios económicos al ministerio”, dado que “no se establecieron criterios para considerar un crédito incobrable”, estableció el informe.
También se detectó una “falta de uniformidad e integridad de la información”. El procesamiento de los datos brindados al programa por las organizaciones sociales y las cooperativas de trabajo “no permite tomar decisiones, realizar la evaluación y posterior seguimiento y aplicar medidas correctivas o sancionatorias”, sostuvo la AIN.
Dentro de los hallazgos de criticidad “alta”, existen problemas en los controles sobre las rendiciones y los gastos asociados. Es que si bien las organizaciones y las cooperativas de trabajo deben presentar una planilla con el detalle de gastos, no se les exige la presentación de documentación adicional, como comprobantes o recibos de sueldo, que permita realizar controles más exhaustivos. Además, el acuerdo establece que dentro del año de finalizados los convenios entre el Mides y las organizaciones se harán auditorías aleatorias a la información presentada. Sin embargo, no se pudo comprobar la realización de ninguna auditoría sobre los fondos rendidos por las organizaciones, concluyó la auditoría.
Otro hallazgo identificó “debilidades en la planificación de compras e inventario de bienes”, ya que, según el informe, el programa no cuenta con una política centralizada de compras “que permita una mayor racionalización de los recursos”. Tampoco se realizaron controles tendientes a verificar la integridad de los inventarios informados por las organizaciones respecto a la compra de bienes rendidos durante el programa ni es posible asegurar que los bienes adquiridos se encuentren en poder del ministerio.
Paralelamente, la auditoría detectó una “ausencia de evaluación de impacto” y aseguró que si bien se realizan seguimientos durante el proceso, “no se puede asegurar que en el corto o mediano plazo se cumplan con los objetivos del programa” porque no existen evaluaciones que permitan medir los resultados obtenidos.
El último de los hallazgos catalogados como de “criticidad alta” se vincula con el “incumplimiento de las ofertas presentadas” por las organizaciones, dado que, según la auditoría, “no se puede asegurar el cumplimiento de las horas propuestas como mínimo en las ofertas aceptadas respecto a los tallares dictados”. Asimismo, de la información sobre los egresados del 2019 surge que el 77% manifestó que el pasaje por el programa “no mejoró su formación profesional”.
