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Pese a que una sentencia judicial eximió al Ministerio de Salud Pública (MSP) de financiarle un medicamento oncológico de alto costo a un paciente, la secretaría de Estado hizo una excepción a su política habitual y ordenó la compra del fármaco para continuar el tratamiento contra un cáncer de piel. El paciente es Gonzalo Cid, hijo del ex senador frenteamplista Alberto Cid.
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Según documentación a la que accedió Búsqueda, el MSP emitió el 3 de junio una orden para adquirir tres frascos de la droga vemurafenib, cuyo nombre comercial es Zelboraf, a un costo de $ 202.178. Un mes y siete días antes, el 27 de abril, el Tribunal de Apelaciones había fallado en contra del paciente al revocar una sentencia judicial que en primera instancia obligó al Ministerio de Salud a otorgarle el medicamento. El fallo definitivo de la Justicia absolvió al MSP de seguir financiando el fármaco, que tiene un costo de $ 70.000 por semana. Ante esa resolución, Cid había expuesto su caso en la prensa. En un artículo publicado por “El País” el 22 de mayo, se consignó que le quedaban pastillas para solo seis días de tratamiento y que intentaba “contactos con autoridades de gobierno en busca de una solución para su delicada situación”.
Fuentes del MSP consultadas por Búsqueda señalaron que se evaluó este caso como “excepcional” y se ponderó que el hecho de interrumpir el tratamiento tendría “efectos secundarios y adversos” para el paciente. A esto se suma que actualmente el Ministerio está analizando con el Fondo Nacional de Recursos (FNR) la inclusión de “algunos medicamentos” dentro del Formulario Terapéutico Médico (FTM). El Zelforab es uno de los que está “priorizado” para ingresar en la lista de fármacos financiados, destacaron las fuentes.
Excepciones.
El tema fue seguido de cerca por el diputado Martín Lema, del Partido Nacional, quien anunció a Búsqueda que llamará al Parlamento al ministro de Salud, Jorge Basso, para que dé explicaciones. “Lo que nosotros reclamamos y le queremos preguntar es por qué se hacen excepciones. Porque lamentablemente hay excepciones. No podemos tener matices y discrecionalidades para decir a qué uruguayos se les da un fármaco y a qué uruguayos no. Sabemos de casos en los que el Ministerio de Salud, con sentencias en contra del paciente, le dio igual el medicamento. Entonces nos preguntamos por qué en otros casos no”.
Según las fuentes del MSP, hay un solo antecedente similar, en el que pese a un fallo judicial a favor, la autoridad sanitaria siguió ordenando la compra de un fármaco de alto costo para el tratamiento de una paciente con cáncer de mama. Esto fue en el 2009 durante la administración de María Julia Muñoz. Lema insistió en que el rector sanitario está haciendo “diferencias” que se ”contradicen” con el principio de igualdad que marca el artículo 44 de la Constitución. “Conocemos muchos casos en los cuales la Justicia negó la medicación al paciente y ahí el MSP no hizo ninguna excepción. ¿Por qué? ¿Hay uruguayos clase A y clase B para el MSP? No se puede transitar en la discrecionalidad de decir, según a quién le toca, si se hace la excepción o no”.
El caso de Cid —la excepción que hizo el MSP— fue usado como antecedente determinante para un fallo judicial a favor de una paciente con el mismo tipo de cáncer y que reclamaba el mismo medicamento. En la sentencia, fechada el 23 de junio, el juez Pablo Eguren lo menciona como un “hecho nuevo en la causa” y señala que la actitud del MSP “violenta el principio de igualdad entre los habitantes de la República y es por ello que su actuar se torna manifiestamente ilegítimo”.
Una ordenanza polémica.
El MSP no ha ocultado su preocupación por la creciente judicialización para el acceso de los fármacos de alto costo. En su edición del 2 de julio, Búsqueda publicó que el Estado gastó en el último año unos $ 90 millones para hacer frente a juicios perdidos y que el gobierno buscaba junto al Poder Judicial maneras conjuntas para tener “otra fortaleza” frente a la ola de solicitudes de amparo.
El diputado Lema ató esta situación con la firma de una reciente ordenanza ministerial en la que se excluyen de manera expresa del FTM una serie de medicamentos de alto costo. Y dijo que es una “herramienta” que está siendo utilizada por la Justicia para fallar a favor del MSP. De hecho, esto ocurrió así en el caso de Cid.
“Esa ordenanza, que fue firmada el 26 de febrero de 2015, materializa lo que es esta injusticia y desigualdad. Es una ordenanza que excluye medicamentos y a su vez, justo excluye los que son más controversiales desde el punto de visto jurídico, los más solicitados por los pacientes. Es una ordenanza ilegal, va en contra del artículo 44 de la Constitución”, insistió Lema.
Entre los medicamentos incluidos en la ordenanza —y a su vez excluidos del FTM— se encuentra el Zelboraf (nombre comercial del vemurafenib) para tratar el cáncer de piel.
Lema anunció que hará una campaña de recolección de firmas para derogar la ordenanza. “Es ilegal y es además inoportuna, porque la firma la ex ministra Susana Muñiz justo dos días antes de dejar el MSP”. Lema aclaró que no pretende adjudicar intenciones, pero cuestionó la forma y el momento en el que se procesó la normativa. “Estoy convencido de que esa ordenanza se dictó para contrarrestar la ola de sentencias en contra que estaba padeciendo el MSP. Oh, casualidad, la mayoría de los medicamentos son los más solicitados por los pacientes y, oh, casualidad, lo hace una ministra a días de abandonar el cargo”, dijo. “La ministra dos días antes de irse suprime medicamentos oncológicos y ni siquiera da tiempo para que la nueva administración, presidida por un médico oncólogo, tenga en cuenta las consecuencias de una ordenanza de este tipo”.
Otra de las acciones previstas por Lema es reclamar que se incluyan en el FTM los medicamentos con comprobada eficacia y seguridad. Aseguró que muchos de los que están en la ordenanza “están comprobados” porque el MSP los habilita a comercializar, es decir que consiente su uso y su beneficio. También pretende que el FTM se actualice en un período no mayor a seis meses. “La ciencia crece a pasos agigantados, no podemos estar tan retrasados desde el punto de vista administrativo. Estudiando sentencias, las pericias dicen que estos fármacos alargan el tiempo de vida y mejoran la calidad. Ese es un argumento importante: alargar y mejorar la calidad de vida le da tiempo a la ciencia a buscar alternativas. No somos quienes para hablar de un costo-beneficio de los fármacos. Ese es un argumento triste”, concluyó.
Compras.
En una entrevista con Búsqueda, el ministro Basso dijo que el “gran desafío” es “sostener” la política actual de cobertura de medicamentos de alto costo frente a las “presiones” que existen desde los laboratorios y desde los pacientes a través de la Justicia para seguir incorporando fármacos al FTM (Búsqueda N.º 1.822). Y discriminó entre los distintos tipos de fármacos cuya cobertura se reclama: aquellos en los cuales la evidencia científica sobre su efectividad no está firme y otro grupo en los que la ecuación costo-efectividad no es conveniente. Pero también hay otros medicamentos en los que sí hay evidencia suficiente sobre sus beneficios, pero tienen un precio que sobrepasa las posibilidades del Uruguay . “Es en esos donde hay que encontrar una solución”, reconoció. “En países como el nuestro, la viabilidad de poder seguir teniendo acceso a los medicamentos de alto costo depende muy fuertemente de buscar alternativas de compra conjunta”.
