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La foto global de las instituciones mutuales de la Federación Médica del Interior (Femi) muestra un “virtual equilibrio” de las finanzas y los resultados operativos. Pero si se le acerca una lupa a esa foto, se comienzan a advertir los problemas. Casi la mitad de las mutualistas exhiben “deterioros” en sus balances finales, y aparecen números en rojo: 10 de las 22 instituciones afiliadas a Femi son “deficitarias”, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al sector.
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“Es un problema que tiene que ver con la situación general del país, con la desaceleración económica, con el aumento de la desocupación. Eso pone en riesgo la capacidad del sistema de mantener el pago de los afiliados y eso repercute en las instituciones. Hay instituciones que están con más problemas que otras y eso está vinculado con la situación que atraviesan los distintos departamentos”, resumió el presidente de Femi, José Pedro Ibargoyen, en diálogo con Búsqueda.
Ibargoyen prefirió no identificar las mutualistas afectadas, pero señaló que los casos más complejos se ubican en el Norte y en el Este de Uruguay. “Se trata de instituciones que vienen teniendo problemas en el cierre de los números cuando se hacen los balances, problemas operativos, que se viene repitiendo en el tiempo. En la operativa, en el relacionamiento de ingresos versus gastos por asistencia, hay números que son negativos”, afirmó. La situación empieza a repercutir en los balances generales de Femi, que eran “históricamente operativos”. Otras fuentes gremiales señalaron que desde hace “unos tres años”, los resultados son “equilibrados” pero “con una leve tendencia al deterioro”.
Celebración y advertencia.
La red de Femi, una organización que agrupa a 22 gremios médicos e instituciones, atiende a unos 800.000 usuarios en los 18 departamentos del interior del país. El 14 de mayo cumplió 50 años y lo celebrará durante todo el mes con distintas actividades. Para sus autoridades, parte de la celebración es hacer una puesta a punto de su situación. Ibargoyen entiende que hay problemas en la financiación de algunas prestaciones y servicios exigidos por el gobierno. “No se ha logrado un acuerdo en cuanto a las obligaciones que tienen las mutualistas y los costos de esas obligaciones. Ahí vemos que hay un déficit en la financiación. Los sucesivos aumentos de prestaciones que desde la Junasa (Junta Nacional de Salud) se han venido asumiendo, no se acompasaron con los incrementos de financiación necesarios para poder cumplirlos. Esto ha venido provocando el deterioro”, explicó. “Lo que queremos es generar un mecanismo de cálculo concreto que nos permita establecer la financiación correcta”, agregó. El presidente de Femi subrayó que le interesa poner sobre la mesa del gobierno los números y balances de las mutualistas del interior.
“Entendemos las dificultades que tiene el país. Pero el propio gobierno ha dicho que la salud es una prioridad y a nosotros nos gustaría poder conversar con números, clarificar cuál es la situación y ver los puntos más problemáticos”. Ibargoyen enfatizó que hasta el momento “no hay ninguna” institución deficitaria que corra riesgo de cerrar sus puertas. “En todo caso hay fideicomisos para el sostén de nuestras instituciones. Lo que a uno le preocupa es que los mecanismos de sostén se agoten o no sean suficientes. Por eso tenemos la obligación de advertir, porque es responsabilidad de todos”.
Inversiones.
En julio de este año ingresarán unos 90.000 jubilados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Se trata del último colectivo que ingresará al sistema y puede suponer una nueva inyección de dinero a través de las cápitas que las mutualistas reciben por afiliado. Para Ibargoyen, sin embargo, no tendrá mayor impacto en la economía de las instituciones del interior. “Más del 70% de esos fondos van a ir al sector público. Es una inyección al sistema, pero no compensa las deficiencias que viene teniendo el aporte de las cápitas hace ya bastante años. Nos estamos manejando con cautela, pero venimos viendo una curva en descenso y estamos seguros que eso no se va a revertir con el contingente de jubilados que ingresan al sistema”, destacó.
El promedio de afiliados que tienen las instituciones mutuales del interior es de aproximadamente 35.000. En ese universo hay algunas grandes y otras pequeñas: unas con 90.000 socios y otras con 10.000. Una fuente del sector explicó que el sistema en sí es el que les permite amortiguar o mitigar costos fijos a las instituciones más chicas. Agregó que en los últimos tres años, la red de Femi se embarcó en inversiones que llegan a los U$S 100 millones en estructuras edilicias, equipamientos nuevos o reposición de equipos. “Esas inversiones, si se las cualifica por afiliado, son incluso mayores a las de mutualistas de Montevideo”, destacó el informante. Añadió que un tercio de ese monto fue financiado con la sobrecuota de inversión aprobada por el gobierno. “Las otras dos terceras partes fue con esfuerzo propio o con endeudamiento de las instituciones, deudas que tienen una carga de intereses que finalmente gravitan en los resultados operativos”.
Lucha entre gremios.
Dentro del balance que hacen las autoridades de Femi no se deja de lado el enfrentamiento que mantienen con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por la representatividad para alcanzar acuerdos salariales en las mesas de negociación tripartitas con el gobierno y las empresas. Ibargoyen sostuvo que “en los últimos dos años ha habido una serie de amenazas de afianzar la hegemonía montevideana, tratando de aplicar determinadas fórmulas que probablemente sean buenas para Montevideo pero que nosotros consideramos que no son las más adecuadas para los médicos del interior”. El SMU, con algo más de 10.000 afiliados, es el colectivo que el gobierno elige para negociar. Pero Femi, con unos 2.500 socios, reclama tener la misma participación. El año pasado denunció que el SMU no los representa, y que el gremio cerró un acuerdo que no contempla sus intereses. Ibargoyen anunció que este año volverán a la carga para denunciar que se “vulneraron los derechos” de los médicos del interior.
