Unos días antes de Navidad, los barrios Cerro y Paso Molino fueron invadidos por decenas de comerciantes ambulantes que, sin ningún tipo de permiso, instalaron puestos en la vereda para vender de los más diversos artículos. Eso generó el rechazo de los feriantes y comerciantes de la zona que trabajan allí todo el año. A través de un comunicado, Gabriel Otero, el alcalde del Municipio A —que abarca la zona oeste de la capital—, pidió disculpas a los vecinos por la presencia de 'mercados sin control” y por el “desorden” generado en esos barrios.
El alcalde, que pertenece al Frente Amplio, explicó que la encargada de regular ese tipo de situaciones es la Intendencia de Montevideo (IMM), por lo que responsabilizó al gobierno central del departamento por la “falta de control”. Por su parte, el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, le restó importancia al conflicto y dijo que es “un hecho que se da todos los años”, pero que ya están “saliendo a controlar” las ferias.
Más allá de esos casos puntuales, el tema de la falta de fiscalización en las ferias es un fenómeno que se da durante todo el año y que es generalizado. Esa, al menos, es la opinión que tienen en la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias, un grupo de montevideanos que viven en zonas donde funcionan estos mercados al aire libre.
Su representante, Flavio Harguindeguy, que además es concejal colorado del municipio CH (Pocitos, Punta Carretas, Parque Batlle, Tres Cruces) explicó que uno de los principales problemas son las periferias, que son los puestos que se forman alrededor de las ferias alimentarias y que no cuentan con autorización por parte de las autoridades.
“Tenés tres cuadras de feria regularizada y 20 cuadras de periferia. Y como no tienen permiso no hay quien lo llame a cause”, dijo Harguindeguy a Búsqueda. El concejal denunció que muchos de quienes están al frente de esos puestos generan ruidos molestos, suciedad y daños al patrimonio, y que incluso llegan a amenazar a los vecinos cuando se les hace algún reclamo. El motivo por el cual no se fiscaliza, dice, es porque la IMM quiere “evitar el costo político” de una medida que genera antipatías.
Gustavo Ferreira, uno de los directivos de la Asociación de Feriantes, también está en contra de las periferias y piensa que la IMM debería regular su situación. Esos puestos “no pagan ningún tipo de impuestos” y tienen los productos en condiciones que no son las mejores, se quejó.
Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también es responsable de las ferias de la capital, y Defensa al Consumidor, una de sus dependencias, administra 117 de las 147 ferias alimentarias que hay en Montevideo, es la IMM la encargada de las periferias.
Ana María Sánchez, la encargada de esa área del MEF, explicó que su rol consiste solamente en llevar el control de los permisarios, lo que implica chequear las balanzas, verificar que quienes atiendan tengan el carné de salud al día, que los puestos paguen monotributo y que no se excedan con los precios. En ningún caso el MEF se encarga de regularizar los puestos que no tienen permisos, afirmó. Es la comuna, además, la que tiene la potestad de autorizar y ejecutar el traslado tanto en el caso de los mercados que están regulados como los que no.
En diciembre de 2015, unos meses después de que asumió la nueva administración de Daniel Martínez, la IMM firmó un protocolo de actuación por el cual deberían guiarse los feriantes. El texto establece un horario de arme y desarme —que va de 5:00 a 16:00—, que haya dos baños químicos por bocacalle y que los feriantes se encarguen de la limpieza durante su funcionamiento, y también al final. En caso de que estos requisitos no se cumplan, la comuna podrá resolver la “prohibición” de su funcionamiento.
Desde la Asociación de Feriantes dijeron que el protocolo fue firmado por la directiva anterior y que hoy no están en “condiciones” de cumplir con todo lo que exigen. Según dijo Ferreira, el motivo es que las obligaciones implican un costo demasiado alto para los feriantes.
En 2011 la Junta Departamental aprobó un decreto para regular la actividad de las ferias. El texto apunta a que los puestos de la periferia que vendan productos competitivos con los de la feria y productos no competitivos que sean nuevos se integren a esta. Eso significa respetar la normativa, que establece, por ejemplo, el tamaño que debe tener el puesto. A su vez, el decreto asume la existencia de periferias y de puestos que venden productos usados, pero en lugar de prohibirlos o exigirles autorización, establece su reorganización y que cumplan ciertas pautas.
La defensora del vecino, Ana Agostino, que hace tiempo trabaja en el tema, dijo que esa resolución “no se está aplicando en la medida que se esperaba” y que hay que darle mayor seguimiento. De todas formas, consideró que la comuna está haciendo un buen trabajo y se “está encargando” de la reorganización de esos mercados.
Una de las propuestas de la Defensoría del Vecino es que tanto las ferias como las periferias roten cada cinco años, de modo que, por lo menos, alivien la carga a vecinos que hace décadas conviven con esos mercados. La propuesta, que excluye a las llamadas ferias permanentes —como la de Tristán Narvaja, Villla Biarritz y Parque Rodó—, que tienen un estatuto diferente, está en línea con el reclamo que hace la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias, aunque ellos van más lejos y solicitan que la rotación sea cada tres años, y que el traslado se haga hacia un lugar establecido con anterioridad.
Para poder concretar esa medida hay que cambiar la normativa vigente, ya que, si bien habilita la posibilidad de solicitar un cambio de lugar, en ningún caso exige y garantiza su rotación. De hecho, el promedio de estadía de las ferias en Montevideo ronda los 20 años, y algunas de ellas llevan décadas instaladas en el mismo lugar.
Esa cantidad de tiempo, opinó Harguindeguy, resiente la calidad de vida de los vecinos de la zona, que durante años “sufren” los ruidos molestos, la imposibilidad de mover su auto libremente y una caída del valor patrimonial de su casa. “Hay alteración del descanso porque a las cuatro de la mañana comienzan los ruidos molestos”, dijo. La presencia de artículos presuntamente robados y de medicamentos que se venden ilegalmente en las periferias son otros de los puntos que preocupan a la organización.
Ricardo Posada, el director de Promoción Económica de la IMM, el área que se ocupa del tema, aseguró que la rotación automática de las ferias municipales hacia un lugar determinado es inviable. Argumentó que si, por ejemplo, se establece una calle a priori para su traslado y en ese lugar se abre una policlínica o se flecha determinada calle, los cambios ya imposibilitarían la rotación. “Hay un montón de variables que no son previsibles a tres años”, dijo el jerarca, que reconoció que la propuesta “no es una mala idea”, pero que es “difícil” de ejecutar. La forma de solucionar el problema, dijo, es intentar “dotar de mayo agilidad” los traslados.
Posada también aseguró que la comuna realiza los controles correspondientes y que el objetivo de la administración, más que hacer que los “periferiantes” paguen impuestos, es ordenarlos, pero que en ningún caso se plantea expulsarlos.
En abril de 2016 la comuna lanzó un operativo de reordenamiento de la feria y la periferia que se ubica en Larravide (Villa Española), que anteriormente iba desde 8 de Octubre hasta 20 de Febrero, y que luego de la intervención se redujo varias cuadras, desde las calles Tomás Claramunt hasta Fray Bentos. A su vez, se eliminaron los puestos que están en las calles transversales.
La próxima feria que está en agenda intervenir es la que se encuentra en la Avenida José Belloni. La comuna necesita despejar el lugar para iniciar las obras de ensanche de esa calle, que están previstas para que inicien este año, y nuevamente apuntará al diálogo con los feriantes. A unas cuadras de esos puestos funciona la tradicional feria de Piedras Blancas. En ese caso, Nopitsch reconoció que es “casi imposible de meterse” y, por lo tanto, de controlar.
