FinCEN Files: Sin controles de los bancos, la historia del dinero sucio que destruye sueños y vidas

Emily Spell escuchó los gritos desde el exterior de la casa de ladrillo rojo de sus padres. Al ingresar, encontró a su hermano, Joseph Williams, de 31 años, desparramado sobre un colchón en el sótano. Tenía los ojos entreabiertos, amarillos, y los labios azules. Su esposa Kristina le estaba golpeando el pecho. “¡Joe! ¡Despierta Joe!”, aullaba Kristina.

Como era estudiante de enfermería, Emily empezó a practicarle las maniobras de reanimación a su hermano. Cada vez que presionaba el pecho de Joe, por su boca salía espuma blanca, que le chorreaba sobre su pijama de Batman, su favorito.

La madre de Joe, que había regresado a toda velocidad a su casa desde su trabajo en una sucursal de la cadena de supermercados regional Piggly Wiggly en Garland, Carolina del Norte, entró al sótano y se recostó al lado de su único hijo varón.

“Está todo bien hijo, ya podes seguir durmiendo”, dijo Susan Williams. “¿Querés un cigarrillo? ¿Tenés frío en el cuerpo?”

“Creí que mi madre había perdido la razón”, recuerda Emily. “Por supuesto que tenía el cuerpo frío, porque estaba muerto.”

En la familia de Joe, nadie sabía qué lo había matado. No tenían ni idea que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caerían víctimas del fentanilo, el narcótico más letal del mundo. Cuando les dieron el informe de la autopsia, tampoco conocían –tardarían meses en saberlo– cuáles eran las fuerzas responsables a nivel global de la muerte de Joe.

Emily Spell y Susan Williams (Credito: Travis Dove-ICIJ)

Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulación de dinero sucio a través de instituciones financieras conocidas en todo el mundo.

Los detalles sobre cómo el dinero que impulsó la red de drogas de fentanilo y más de US$2 billones en otros fondos sospechosos esparcidos por todo el mundo, están contenidos en los archivos financieros secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los archivos, conocidos como informes de actividades sospechosas (SAR por sus siglas en inglés), ofrecen una visita guiada al mundo del delito, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos desempeñados por políticos, oligarcas y estafadores con buena labia, y el rol crucial de los banqueros que atienden a cada uno de ellos. Los SAR demuestran el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para desbaratar el flujo de dinero ilícito que fomenta el delito y causa sufrimiento a escala planetaria.

En un mundo asolado por crisis que acaparan los titulares de los diarios, incluida la pandemia de coronavirus que destruye vidas y medios de subsistencia, el movimiento sin control de dinero sucio puede parecer una amenaza remota. Pero sus consecuencias son profundas: narcotraficantes y estafadores “Ponzi” mueven sus ganancias más allá del alcance de las autoridades. Los déspotas y los corruptos capitanes de la industria amasan fortunas ilícitas y consolidan su poder. Y acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar el tratamiento para los enfermos.

Joe Williams y su familia (FotoTravis Dove-ICIJ)

En el centro de estas historias hay personas reales afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artimañas financieras predatorias, atletas olímpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas.

La familia de Joe Williams y otras víctimas con frecuencia no saben qué parte de su dolor es producto del delito financiero, o la violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, que es el “lavado de instrumentos monetarios”.

“La gente tal vez no toma dimensión de cuestiones como el lavado de dinero y las sociedades offshore, pero siente sus efectos todos los días, porque eso es lo que hace que el delito a gran escala rinda, desde los opioides hasta el tráfico de armas, pasando por el robo de los seguros de desempleo relacionados con el Covid-19”, dijo Jodi Vittori, experto en corrupción en Carnegie Endowment for International Peace.

Pero las redes delictivas y los agentes policiales y judiciales que intentan detenerlos saben que un flujo descontrolado de dinero sucio es el requisito más importante para que un emprendimiento delictivo sea exitoso. Brandon Hubbard, que cumple cadena perpetua por participar de la importación del fentanilo que terminó con la vida de Joe, recuerda que el policía que lo arrestó parecía menos interesado en el polvo conocido como “china blanca” que en saber adónde había ido a parar el dinero.

“Eso es lo primero que me preguntaron cuando entraron a mi casa”, dijo Hubbard en una entrevista desde la cárcel. “¿Dónde está el dinero?” Hubbard asegura no haberle vendido drogas a Joe Williams ni saber quién lo hizo.

Los documentos filtrados, conocidos como The FinCEN Files, incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros, y enviados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según BuzzFeed News, algunos de los documentos fueron reunidos para el comité de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, mientras que otros fueron compilados por pedido de agencias de seguridad ante la FinCEN.

Los informes –boletines con densa información técnica– son los documentos filtrados más detallados de la historia del Tesoro de los Estados Unidos. Revelan pagos procesados por grandes bancos, como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays.

Describen “viajes” de dinero sucio que zigzaguean inexplicablemente a través del mundo; desde botines de cleptócratas o de alguna empresa fantasma en la costa del Atlántico a través de un banco de Wall Street, hasta algún paraíso fiscal bañado por el sol del Caribe, un edificio torre en Singapur o una financiera en Damasco.

Greatness Grows en Garland (Credito: Travis Dove-ICIJ)

Los SARs no son evidencia de un ilícito. Reflejan las observaciones de “vigilantes” internos dentro de los bancos, conocidos como “autoridades de cumplimiento”, que informan sobre transacciones pasadas que llevaban la marca del delito financiero, o que incluían a clientes con perfiles de alto riesgo o con antecedentes de pleitos ante la ley.

La FinCEN dijo a BuzzFeed News e ICIJ que no hace comentarios sobre “la existencia o no existencia de SARs específicos”.  Emitió una declaración sobre medios no identificados indicando que “la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos”. La semana pasada, antes de que ICIJ y sus socios publicaran la investigación FinCEN Files, la agencia anunció que estaba buscando comentarios públicos sobre formas de mejorar el sistema contra el lavado de dinero de EE. UU.

Cuatrocientos periodistas de casi 90 países hurgaron en los documentos filtrados, y con frecuencia salían solamente con la pista de un nombre o una dirección. Dedicaron 16 meses a buscar en documentos de fuentes adicionales, y a leer voluminosos archivos y expedientes judiciales, entrevistando a quienes luchan contra el delito y a las víctimas del mismo, y revisando datos de millones de transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y 2017.

Animados por el contenido de esos archivos secretos, los periodistas siguieron el rastro de los dólares de un narcotraficante de Rhode Island hasta el laboratorio de un químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que perjudicaron a economías en África y en Europa del Este; rastrearon a profanadores de tumbas que saquearon antiguos artefactos budistas que luego fueron vendidos en galerías de Nueva York; investigaron a magnates venezolanos que malversaron dinero de viviendas y hospitales públicos, y analizaron en detalle la mayor refinería de Oriente Medio, motivo de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos nunca revelada.

Entre las decenas de figuras políticas que aparecen en los documentos se encuentra Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump y quien fue condenado por fraude y evasión fiscal.

JPMorgan informó que movió dinero entre Manafort y las empresas fantasmas de sus socios hasta septiembre de 2017, mucho tiempo después de que se revelaran sus vínculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y el sospechoso lavado de dinero.

Con frecuencia, la persona vinculada con una transacción sospechosa es suplantada por otra persona con la que tiene vínculo directo o indirecto: un niño, un socio o, como en el caso de Atiku Abubakar –exvicepresidente nigeriano acusado de desviar 125 millones de dólares de un fondo de desarrollo petrolero–, la esposa. Años después de que se conocieran las acusaciones de corrupción contra su marido, Rukaiyatu Abubakar movió más de 1 millón de dólares del dinero de su esposo a través del Banco Habib a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un departamento en Dubái. (Atiku Abubakar no ha sido enjuiciado y niega cualquier ilícito.)

Decenas de casos de la investigación de los archivos de la FinCEN rastrean transferencias de dinero similares –desde capitales extranjeros a empresas que solo existen en papeles– manejadas por grandes bancos que desde hace mucho tiempo consienten a oligarcas y déspotas, y hasta ahora casi no han enfrentado presiones reales para dejar de hacerlo. Este sistema tiene consecuencias duraderas que arruinan la vida de muchas personas.

Un aromaterapista australiano envió 50.000 dólares en una estafa con criptomonedas realizada desde Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia. Un jubilado de Texas pensó que había encontrado el verdadero amor con una estudiante universitaria de Austin a la que conoció por internet, y le transfirió dinero a una cuenta del Bank of America perteneciente a un político nigeriano venido a menos. Padres rusos que necesitaban transportar en un ferry a su hijo enfermo para llegar a un hospital de San Petersburgo le transfirieron 15.000 dólares a un vendedor de autos usados de Nueva Jersey que les había prometido un Honda de segunda mano, que nunca les entregó.

Y un hombre de Carolina del Norte que padecía una adicción pagó unos pocos dólares por un polvo blanco que cruzó tres países y terminó costándole la vida.

Supermercado Piggly Wiggly en Garland (Crédito: Travis Dove-ICIJ)

Sobredosis en Garland

“Emily, ¿qué demonios es el fentanilo?”

La madre de Joe Williams estaba parada en la cocina de su hija, sosteniendo el informe de toxicología que había llegado por correo ese día del año 2014. Emily Spell había escuchado hablar del opioide en la escuela de enfermería. “Es una medicación para el dolor que les dan a los pacientes con cáncer”, respondió la hija.

Williams, padre de cuatro hijos, vivía al este de la localidad de Garland, donde residen apenas poco más de 600 personas y hay plantaciones de arándanos y criaderos de cerdo.

“La grandeza crece en Garland”, es un lema de la ciudad, pero para las personas de la generación de Joe, resulta cada vez más difícil encontrar evidencias de esa grandeza. Hace años que no se construyen casas, y hace poco las autoridades locales disolvieron la fuerza policial debido a limitaciones presupuestarias. La ciudad ha sido golpeada fuertemente por la pandemia de Covid-19.

En uno de esos días de verano, los vecinos de Garland, varios de ellos con barbijo, estaban recargando sus garrafas de gas propano frente al atestado supermercado Piggly Wiggly, y algunos pedían un sándwich en el local de Subway. La tienda de antigüedades y otros negocios del centro de la ciudad estaban cerrados, y en las rajaduras del asfalto de la desierta playa de estacionamiento de la fábrica de camisas Brooks Brothers crecía la maleza.

Emily sabía que su hermano consumía drogas; había sido arrestado en tercer año de la secundaria por llevar marihuana a la escuela y, más recientemente, había empeñado las herramientas de trabajo de su padre para comprar cocaína.

Pero la familia no tenía idea de la cantidad y la frecuencia del consumo de Joe, que con su poco más de 1,80 metros de estatura y sus 90 kilos parecía un hombre mayormente saludable. Para Emily, Joe era ese muchacho que ponía caras graciosas en las fotos familiares; que cuando eran niños le hacía suavemente tomas alrededor del cuello mientras miraban peleas de lucha libre en la televisión, y que se colaba en su habitación por las noches, porque no podía dormir solo por miedo a la oscuridad.

Ya de adulto, William cambiaba de trabajo todo el tiempo, jugaba mucho al videojuego “Call of Duty” y mantuvo su adicción a las drogas en secreto. Unos días antes de su muerte, Williams recibió un paquete enviado desde Canadá con cinco analgésicos y polvo de fentanilo.

En 2017, fiscales estadounidenses se refirieron a William –utilizando solo sus iniciales, “J.W.”– como el primer norteamericano víctima de una trama global para distribuir drogas letales. El año que viene, un juez federal de Fargo, Dakota del Norte, sentenciará a Anthony Gomes, quien se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y distribuir drogas que mataron a Joe Williams y otros estadounidenses.

Las autoridades arrestaron a Gomes cerca de Fort Lauderdale, Florida, en 2017, no lejos de su cabaña estilo Tudor de seis habitaciones valorada en 850.000 dólares y comprada, según los fiscales, con dinero del tráfico de drogas. Los investigadores incautaron 150.000 dólares, el deportivo Maserati de Gomes y un vehículo todo terreno.

Durante años, Gomes y su novia, Elizabeth Ton, enviaron transferencias bancarias y giros de dinero a China y Canadá, donde el líder de la banda operaba desde su celda en la cárcel.

Los fiscales dijeron que para ocultar sus operaciones, Gomes, Ton y otros miembros de la “conspiración” de lavado de dinero y tráfico de drogas utilizaron cuentas en el exterior, transferencias de dinero, una cuenta en el Bank of America y comunicaciones encriptadas.

En una planilla sin fecha de los FinCEN Files, Gomes y otras ocho personas están vinculadas con pagos por más de 403.000 dólares realizados entre 2012 y 2017 vía MoneyGram International, una empresa de transferencia de dinero con sede en Dallas que pagó 125 millones de dólares en 2018 en penalidades a las autoridades estadounidenses por violar un acuerdo con las autoridades estadounidenses destinado a detener el lavado de dinero y el fraude.

La planilla de los FinCEN Files, una lista que contiene básicamente 1.500 informes de actividades sospechosas, fue titulada “VTB Bank Export” ["Exportación del VTB Bank"], en referencia a la institución perteneciente al Estado ruso y conocida como la “alcancía” del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al VTB Bank en 2014 en respuesta a la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia. No queda claro qué conexión tiene el VTB Bank con las transferencias de MoneyGram, ni por qué fue creado el documento.

El VTB Bank dijo que “opera en conformidad estricta con las leyes locales e internacionales y cumple íntegramente con todos los estándares regulatorios a nivel local y global”. El banco “no ha recibido ninguna queja sobre nuestras actividades de parte de las autoridades estadounidenses” y es “incapaz de emitir comentarios al respecto, ya que no se nos ha concedido el acceso a la documentación relevante a la que se refiere la pregunta”.

Tres de las ocho personas cuyos nombres aparecen junto al de Gomes en la planilla han sido acusadas o condenadas por tráfico de drogas. Una de ellas, Xiaobing Yan, es el primer fabricante de fentanilo imputado de la historia de los Estados Unidos. Yan, de 43 años, operaba desde Wuhan, China, y todavía es buscado por las autoridades estadounidenses. Yan niega haber infringido las leyes chinas o haber vendido a sabiendas sustancias prohibidas en Estados Unidos.

Las otras dos personas eran Ton –la novia de Gomes– y Darius Ghahary. Ambos fueron acusados de delitos vinculados con el fentanilo en 2017. MoneyGram informó transferencias sospechosas en relación a Ghahary más de una década después de que las autoridades de Nueva Jersey lo multaran en un caso de fraude por internet que obtuvo mucha cobertura mediática.

No queda claro quién le pagó a quién y la ruta exacta que emprendió el fentanilo para llegar hasta Garland. Los fiscales de Estados Unidos que tratan el caso de Gomes se negaron a responder las preguntas de ICIJ aduciendo que existe un litigio en curso.

La localidad de Garland se caracteriza por las plantaciones de arándanos y criaderos de cerdos. Crédito: Travis Dove-ICIJ.

Un jornalero en Turkmenistán

Cuando llegó al supermercado, la harina olía mal. El aceite era negro y amargo.

Corría el año 2016, y la economía de Turkmenistán estaba en caída. Los pobres buscaban comida en los contenedores de basura. En dos años, la inflación sería la más alta del mundo después de Venezuela.

Los jornaleros arrastraban bolsas de cemento en bicicleta por unos pocos manats, la moneda del país de Asia Central, cuyo valor se hundía día a día. A la noche, esposos y padres se amontonaban fuera de las puertas de plástico negras de los supermercados pertenecientes al gobierno, donde los estantes estaban vacíos si no se tenían en cuenta los productos importados, que estaban por las nubes.

“Nunca había suficiente comida”, dijo un turkmeno jornalero de la ciudad oasis de Mary, en el sur del país, quien pidió mantener el anonimato por temor a poner a su familia en riesgo. “La gente esperaba harina hasta la medianoche, y los dueños de los negocios no sabían cuándo iban a reponerla”.

Este año, la organización sin fines de lucro Freedom House clasificó a Turkmenistán como un Estado más represivo que Corea del Norte, y uno de los cuatro “peores de los peores” países del mundo para los derechos políticos y civiles. Los expertos dicen que en el país no pasa nada sin la aprobación del presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov.

En Asjabad, la capital, los ciudadanos no pueden hacer extracciones de más de 23 dólares por día en los bancos. No pueden abrir una ventana en una avenida por la que pueda llegar a pasar Berdymukhamedov. Este año, el presidente habría prohibido la palabra “coronavirus”.

El nombre de la capital, Asjabad, significa “ciudad de amor”. Debido al hambre, la represión policial y la corrupción, muchos la conocen con otro nombre: la ciudad de los muertos.

En Asjabad, la corrupción, al igual que en muchas otras capitales del mundo, se sostiene en base a movimientos subrepticios de dinero a través de puestos remotos en el exterior, y con frecuencia, a través de los bancos más ricos del planeta.

En casi tres docenas de informes de actividades sospechosas revisados por ICIJ se detectaron pagos vinculados con Turkmenistán entre 2001 y 2016 por un total de 1.400 millones de dólares.

“Sospechoso” no necesariamente significa ilícito, pero las autoridades de cumplimiento de los bancos que observaron las transferencias determinaron que merecen un análisis más exhaustivo.

“Los giros parecen sospechosos porque con frecuencia se enviaron de manera repetitiva y solían involucrar a entidades sospechosas, con aspecto fantasma”, escribió un empleado del departamento legal del Banco New York Mellon en relación a los casi 100 millones de dólares de transferencias realizadas durante los últimos tres meses de 2016.

Según un análisis de ICIJ, algunas empresas radicadas en el Reino Unido recibieron dinero de Turkmenistán aunque ante los reguladores habían informado que no participaban activamente en ninguna actividad lucrativa.

Según los documentos filtrados, en uno de los casos, el ministro de Comercio de Turkmenistán envió 1.600.000 de dólares a una empresa en Escocia llamada Intergold LP. Los registros del banco indicaron que el pago fue por “golosinas” o dulces. El pago salió de la cuenta bancaria del ministerio en Asjabad, pasó por el Deutsche Bank en Nueva York y llegó a una cuenta bancaria en Letonia perteneciente a Intergold.

Los informes muestran que Intergold LP fue creado 10 meses antes de sus transacciones con el gobierno turkmeno. Su dirección registrada es un local llamado Mail Boxes Etc. en Glasgow, Escocia.

“Obtenga esta dirección comercial”, sugiere el frente del local. Desde entonces, Intergold pasó a denominarse SL024852 LP. No queda claro a quién pertenece la empresa o si tiene algún propósito legítimo.

James Dickins, quien firmó los documentos oficiales para el registro de Intergold en el momento de su creación, también autorizó por lo menos otras 200 empresas en Inglaterra, según un análisis realizado por ICIJ de las empresas que figuran en los Archivos FinCEN. En los últimos años, algunas empresas británicas han sido utilizadas como herramientas para ocultar las recompensas de delincuentes y funcionarios corruptos.

ICIJ no logró contactar a Dickins. Daniel O’Donoghue, quien también firmó la solicitud de registro de Intergold, le dijo a ICIJ que su trabajo corporativo es supervisado por los reguladores anti lavado de dinero del Reino Unido y cumple con los altos estándares requeridos de debida diligencia. “Si tienen evidencias de un delito de parte de Intergold LP deben comunicárselo a las autoridades pertinentes”, dijo O’Donoghue.

“Esto parece sin lugar a dudas un caso en el que se utilizó una empresa fantasma para ocultar fondos de las arcas del Estado”, dice Annette Bohr, analista de investigación en el centro de expertos Chatham House de Londres y quien se especializa en las cleptocracias de Asia Central. “Posiblemente pensaron que si ponían ‘golosinas’ nadie se daría cuenta.”

El ministerio de comercio de Turkmenistán no respondió las preguntas enviadas a través de su embajada en los Estados Unidos. El formulario de contacto en línea del ministerio no funcionaba.

En documentos consultados por ICIJ, el Deutsche Bank no explicó por qué le parecía que las transacciones eran sospechosas. El banco se negó a emitir comentarios sobre su relación con Turkmenistán y le dijo al ICJ que, en general, “discutir sobre los posibles SAR implicaría una violación criminal del derecho estadounidense (y otros)”. Los bancos presentan SAR regularmente y “así ayudan a las autoridades a capturar y procesar a quienes participan en actividades delictivas”, dijo el banco. “El Deutsche Bank monitorea activamente en busca de conductas sospechosas y comparte otros hallazgos relevantes con las autoridades.”

El papel que desempeñó el Deutsche Bank en las transacciones fue de banco corresponsal, lo que significa que permitió que los bancos turkmenos utilizados por ministros y empresarios con buenas conexiones convirtieran los manats en dólares y los transfirieron a otras cuentas alrededor del mundo.

Es un papel que el banco conoce bien: la institución alemana fue la bóveda predilecta de Turkmenistán durante el régimen homicida del expresidente vitalicio Saparmyrat Nyýazow.

Según Global Witness, un grupo anticorrupción, el Deutsche Bank llegó a poseer un tercio de los ingresos del país en cuentas a las que solamente podía acceder Nyýazow. Un expresidente del Banco Central del país le dijo al grupo que los miles de millones de dólares que estaban en el Deutsche Bank eran efectivamente “dinero del bolsillo personal de Nyýazow”.

En la imagen, Paul Manafort, ex jefe de campaña del actual presidente Donald Trump en 2016. Crédito: EFE/Justin Lane/Archivo

Un senegalés en París, una tunecina corredora de obstáculos

Un día templado de junio de este año, Lamine Diack, un octogenario originario de Senegal que llegó a ser el hombre más poderoso del atletismo internacional, apareció en una sala de audiencias del norte de París para enfrentar cargos de corrupción.

“Estoy volviéndome un clavo viejo”, le dijo Diack a la sala de audiencias mientras intentaba recordar detalles de la estafa que tuvo lugar durante su presidencia de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

De anteojos y corbata azul con puntos blancos, Diack se enfrentó a los fiscales a pocos kilómetros del Hotel California de la avenida Champs-Elysées.

Fue en ese prodigio de cuatro estrellas y estilo art déco donde el hijo de Diack y presunto cómplice delictivo, Papa Massata Diack, efectuó un despilfarro final antes de su arresto en 2015, según documentos bancarios enviados a la FinCEN.

La reserva de hotel del joven Diack, por 30.000 dólares, se encontraba entre 112 pagos denunciados como sospechosos en 2016 por el Citibank, según muestran los registros. Durante años, el banco había sido testigo de pagos –a Londres, Singapur, Doha, Moscú, Pekín y otros lugares– que, según los expertos, deberían haber sido informados por banqueros más diligentes mucho tiempo antes.

“Si el dinero va a consultoras sin empleados y tiendas de lujo, eso hace sonar las alarmas”, le dijo a ICIJ el experto en gobernanza deportiva Roger Pielke. “El problema no es necesariamente el dinero que circula por el mundo, sino la combinación del dinero y del destino.”

Como presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Diack padre integró un extenso aparato de sobornos que permitió lo que según los fiscales es el plan de dopaje más audaz de la historia del deporte.

Lamine Diack y su hijo Papa exigieron 3,8 millones de dólares de sobornos, principalmente del ministerio de Deportes ruso, para ocultar los resultados de los tests antidopaje que demostraban que los atletas rusos habían tomado sustancias que potenciaban su rendimiento, aducen los fiscales franceses.

Después de que el escándalo saliera a la luz, la Agencia Mundial Antidopaje concluyó que Diack padre “autorizó y parece haber tenido conocimiento personal del fraude y la extorsión de los atletas”. La Agencia también retiró varias medallas ganadas por los rusos en los Juegos Olímpicos de 2012.

Diack también se llevó 1.500.000 dólares de acuerdos televisivos y del patrocinio ruso para financiar una campaña electoral en Senegal, según señalaron los fiscales. Las autoridades francesas están investigando si los sobornos fueron pagados para influir sobre la selección de las ciudades para ser sede de los Juegos Olímpicos y de los campeonatos mundiales.

Diack no respondió a las preguntas de ICIJ. Días antes de la publicación de los archivos de FinCEN, el tribunal de París condenó a Diack a cuatro años de prisión por corrupción y abuso de confianza. Sus abogados calificaron la decisión de “injusta” y “desconcertante”. El hijo, Papa Massata Diack, fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en actos de corrupción y multado con más de US$1 millón. En Twitter, Papa Massata Diack dijo que era inocente y que estaba "sorprendido por el veredicto”, que sostiene, se basó en “deficiencias” de los fiscales. Ambos hombres fueron absueltos de lavado de dinero. Apelarán.

El proceso contra Diack se llevó a cabo en París. La presunta artimaña financiera que lo puso en el centro de la atención es de alcance global.

En febrero de 2013, en 72 horas, por ejemplo, una empresa senegalesa, Pamodzi Consulting, desparramó 1.250.000 dólares entre un conjunto de clientes inusuales: Lamine Diack, un joyero radicado en París, una federación de deportes rusa y un vendedor de relojes, perfumes y productos de belleza de lujo.

“La participación de esta empresa francesa en un contrato de una consultora de marketing deportivo parece incongruente con su sector de actividad declarado, a saber, ‘el comercio minorista de productos de belleza y perfumes’”, escribió la agencia de inteligencia financiera de Francia (TRACFIN) a los fiscales en relación a la tienda francesa, según documentos consultados por ICIJ.

Era mucho dinero en efectivo para una empresa del centro de Dakar sin trayectoria, que ni siquiera tenía un sitio web.

El Citibank tardó dos años en darse cuenta que había aprobado transacciones que formaban parte de un importante escándalo de sobornos deportivos.

Según documentos confidenciales a los que accedió ICIJ, también enviaron o recibieron pagos sospechosos cuentas de Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan Chase y UBS, que fueron informados a los investigadores franceses.

Casi un año después del arresto de Diack en 2015, el Citibank reportó 112 giros por un monto de 55,7 millones de dólares que se remontan a 2007.

Uno de los pagos sospechosos más recientes – un anticipo de 30.000 dólares por el pago de una reserva en el Hotel California de París– fue enviado pocos meses antes del arresto de Diack. También se realizó un giro de 45.000 dólares a un vendedor de autos de Qatar y otro, de 435.000 dólares, a una empresa de Singapur, Black Tidings, con sede en un complejo de viviendas públicas.

El dinero informado a la FinCEN solo representa una parte de un torrente de dólares, francos, rublos, renminbis y euros que presuntamente fueron a parar a los bolsillos de entrenadores, médicos, administradores y ministros gubernamentales en uno de los escándalos más sórdidos de la historia del deporte. En el camino, a los atletas les robaron los sueños de toda una vida.

La rusa Yulia Zarípova aceptó la medalla dorada por los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ante una multitud entusiasta y una audiencia global de millones de telespectadores. La corredora tunecina Habiba Ghribi terminó segunda.

A Zarípova le arrancaron su victoria en 2016 luego de que la repetición del análisis de la muestra de orina demostrara que se había ocultado el resultado positivo del análisis de drogas como parte de la estratagema de dopaje rusa. Ghribi recibió más tarde la medalla dorada, en una pequeña ceremonia nocturna ad hoc una noche de domingo cerca de la ciudad de Túnez, al margen de un torneo de atletismo para adultos jóvenes.

Ghribi le dijo a Inkyfada, medio asociado de ICIJ, que el hecho de haber perdido contra una competidora que estaba dopada le costó miles de dólares de ingresos y acuerdos de patrocinios.

“No es lo mismo ser campeona que subcampeona”, dijo Ghribi.

Personas sentadas en una parada de ómnibus en Turkmenistán. Foto: AFP

Colapso en Ucrania

“Nos sentamos esperando un milagro”, dijo Olha Prykhodko, al recordar el día, -nueve años atrás-, cuando rogó en la iglesia ver a su madre por última vez. “Y cada vez que traían a otro ser humano en una bolsa de plástico negra, esa esperanza se esfumaba.”

Prykhodko describió el aspecto de su madre, Nadezhda Kulinich, en el funeral. La mandíbula dislocada de Kulinich estaba vendada con cinta blanca. Tenía los dedos hechos añicos y los brazos azules, señales de un intento inútil de proteger su rostro mientras sobre ella llovían toneladas de rocas, metales y hormigón.

El 29 de julio de 2011, Kulinich fue una de las 11 personas que fallecieron en una mina perteneciente al Estado, en el este de Ucrania, cuando colapsó una torre en el edificio donde los empleados separaban carbón y roca.

“Mamá se quejaba de que todo se estaba derrumbando”, le dijo Prykhodko al Kyiv Post, socio de ICIJ. A una comisión de seguridad que había visitado el lugar antes del accidente, Kulinich incluso le dijo que “los ladrillos seguían cayendo sobre la cabeza”, dijo Prykhodko.

Los empleados se quejaron de que la torre que colapsó no había sido reemplazada en 50 años.

Prykhodko, que ahora tiene una hija, culpa a “toda la cadena de responsabilidades, que se remonta hasta el gobierno de Kiev”. Desde la ventana de su casa puede divisar el sitio donde falleció su madre.

Los mineros ucranianos dicen que la corrupción desenfrenada los pone en riesgo.

Muchas de las minas de carbón del país, incluida la de Bazhanov, donde murió Kulinich, pertenecen al Estado. Hace mucho tiempo que son la fuente favorita del saqueo perpetrado por cleptócratas, según activistas anticorrupción, empleados y autoridades.

En esa industria, las fallas en el equipamiento son constantemente motivo de preocupación. Las minas han informado que poseen apenas más de la mitad de las máscaras necesarias para mantener a los mineros respirando en caso de colapso. En una entrevista con una revista ucraniana, el sindicato de mineros se quejó de que toman equipamiento obsoleto de las minas ociosas de todo el país y simplemente vuelven a pintarlo y a reasignarlo.

El colapso de la torre de Bazhanov, en la ciudad de Makíivka, fue uno de los tres accidentes mineros que tuvieron lugar esa misma semana en Ucrania y que en su conjunto se cobraron la vida de por lo menos 39 hombres y mujeres. Todos los accidentes sucedieron en el este del país, rico en carbón, cerca de la frontera con Rusia, donde actualmente operan dos “repúblicas populares” con el apoyo del Kremlin.

Una comisión oficial indicó que el equipamiento envejecido fue uno de los posibles factores que provocó el colapso de la torre Bazhanov, y recomendó cambiar la forma y los plazos en que se inspeccionan las torres.

Una proveedora de la mina Bazhanov era una desconocida empresa chipriota llamada Tornatore Holdings Ltd. Meses después del funeral y a más de 8.000 kilómetros de distancia, Peggy McGarvey, la directiva de cumplimiento de mayor jerarquía del Deutsche Bank en Wall Street, intentaba comprender a quién pertenecía Tornatore.

Lo que le llamó la atención no fue el accidente fatal sino las señales de advertencia que percibió el banco luego de procesar dos grandes pagos de parte de Tornatore.

En diciembre de 2011, Tornatore recibió 5,5 millones de dólares de una subsidiaria de equipamiento minero ucraniana llamada LLC Gazenergolizing. Al día siguiente, Tornatore envió 999.994 dólares a una importante empresa de arrendamiento rusa, perteneciente en parte al Kremlin.

Los pagos de grandes sumas de dinero, algunos de los cuales se acercaron al millón de dólares, que los expertos consideran una “huella digital” del fraude, le pusieron fin a un año de inquietudes del Deutsche Bank respecto de Tornatore. La empresa había realizado pagos sospechosos y no tenía dirección expresa ni “área de negocios”, escribieron los banqueros en informes que empezaron desde marzo de 2011, pocos meses antes del accidente en la mina Bazhanov de ese verano.

El equipo de McGarvey observó que la empresa arrendataria describió las últimas transferencias bancarias como regalos y un reembolso de un préstamo, y quiso obtener más información, según señala el informe del banco de febrero de 2012. El banco ruso de la empresa arrendataria, Globex, le había asegurado al Deutsche Bank, como respuesta a inquietudes previas, que “el cliente no realiza operaciones sospechosas”. Pero los colegas de McGarvey insistieron y le pidieron a Globex: “Por favor, envíenos información comercial de Tornatore”.

“No tenemos información”, respondió el banco ruso. Meses después, McGarvey tampoco averiguó más.

McGarvey, que sigue siendo directora de reporte de actividades sospechosas del Deutsche Bank en Estados Unidos, no respondió las preguntas formuladas para elaborar este artículo.

Fueron periodistas ucranianos quienes relacionaron a la empresa Tornatore con el accidente en Makíivka.

En 2011, Tetiana Chernovol y Yuriy Nikolov informaron que Tornatore estaba vinculado a Yuriy Ivanyushchenko, un político cercano al entonces presidente Viktor Yanukovych. Era el vehículo para controlar Gazenergolizing, que tenía el monopolio de suministrar equipos a las minas del país.

Nikolov y Chernovol, -que fue miembro del parlamento de Ucrania entre 2014 y 2019-, escribieron que la mina perteneciente al Estado le había comprado material de recambio a Gazenergolizing antes del colapso, pero no pudieron determinar si el equipamiento había sido entregado y ni siquiera si el pedido era válido.

Pero la agencia auditora estatal ucraniana publicó un informe en 2011 que pintó un cuadro lúgubre de las operaciones de la mina. Encontró equipamiento dañado valuado en 21 millones de dólares en la oficina central de la mina Bazhanov, a kilómetros del accidente, y detectó 205 millones de dólares de “deficiencias en la contabilidad y groseras violaciones a la disciplina financiera y presupuestaria”.

Ivanyushchenko huyó luego de la revolución de 2014 en Ucrania y está siendo investigado por las autoridades de Ucrania y Suiza por presuntamente haber malversado millones de dólares destinados para proyectos de energía. A través del abogado suizo Vincent Solari, Ivanyushchenko negó poseer o tener acciones en Tornatore o Gazenergolizing. “La supuesta ‘información’ a la que parece referirse es incorrecta”, dijo Solari.

Papa Massata Diack. Foto: AFP

“Cualquiera puede ser traficante”

Brandon Hubbard, el traficante de drogas que ahora se encuentra en una prisión de Dakota del Norte, no se consideraba un delincuente financiero.

“Veo a los que lavan dinero como personas que invierten en lava-autos o restaurantes” para blanquear dinero sucio, le dijo Hubbard a ICIJ, o como personas que hacen “lo que hacen los oligarcas rusos, que sacan el dinero de Rusia y lo llevan a bienes raíces en Estados Unidos”.

Después Hubbard se volvió uno de ellos. Expugilista durante la escuela secundaria, Hubbard, que creció en Portland, Oregon, dijo que se quedó anonadado cuando la policía le dijo que estaba acusado no sólo de distribuir drogas mortíferas sino también de delitos financieros.

“Nunca consideré nada de lo que hacía como lavado de dinero”, dijo Hubbard. “Pero ya lo sabe, me han sentenciado a ocho años de prisión por eso.”

En 2018, más de 31.000 norteamericanos murieron a causa de opioides sintéticos, como el fentanilo. El fentanilo y otras drogas hechas en laboratorio, algunas de ellas 10.000 veces más potentes que la morfina, ahora matan a más norteamericanos que cualquier otro opioide. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el delito financiero hace que todo eso sea posible.

El año pasado, el departamento publicó una advertencia a las instituciones financieras para generar conciencia en torno a las estratagemas que facilitan la inundación de opioides. Datos financieros y judiciales muestran que los traficantes de fentanilo van desde criminales reincidentes con redes de intermediarios hasta un residente de Pittsburgh que vía MoneyGram adquirió 100 gramos de fentanilo que fueron entregados a una dirección con el nombre de Avon Barksdale, un personaje ficticio de la serie de HBO “The Wire”.

“Con los teléfonos inteligentes, ahora cualquiera puede ser traficante”, dice Donald Im, agente especial asistente a cargo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. “Si cualquiera puede ser conductor de Uber, cualquier puede ser traficante de drogas”.

Los traficantes “utilizan todos los métodos de la economía y del sistema financiero”, dijo Im, que trabajó en la Operación Negación, una investigación en curso sobre el tráfico de fentanilo y otras drogas. Las condenas de Hubbard y de Anthony Gomes fueron resultado de la operación.

Hace unos meses, la policía llamó a la casa de Emily Spell con una novedad. Emily recuerda que le dijeron que están teniendo problemas para atrapar al “principal narcotraficante” de China.

“Este pueblo es tan pequeño y tan rural”, dijo Emily, “que el hecho de que mi hermano haya podido conseguir drogas que terminan viniendo de cualquier punto del planeta es verdaderamente escalofriante.”

 

Colaboradores: Agustin Armendariz, Simon Bowers, Wahyu Dhyatmika, Emilia Diaz-Struck, Momar Dieng, Abdelhak El-Idrissi, Azeen Ghorayshi, Adebayo Hassan, Karrie Kehoe, Mohammed Komani, Tanya Kozyreva, Malek Khadhraoui, Vlad Lavrov, Andrew W. Lehren, Anna Myroniuk, Toshi Okuyama, Delphine Reuter, Mago Torres, Tom Warren, Amy Wilson-Chapman, Farruh Yusupov

(Crédito Traducción: Jaime Arrambide)