Después de más de dos años y medio de investigación, la fiscal especializada en crimen organizado, Mónica Ferrero, pidió en las últimas horas a la jueza Adriana de los Santos que archive la denuncia contra Gonzalo Fernández, ex secretario de la Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez, por presunta conjunción del interés personal con el público, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
Consultadas por Búsqueda, tanto la fiscal Ferrero como la jueza De los Santos dijeron que no podían realizar comentario alguno con el argumento de que el caso sigue estando en etapa de presumario y por lo tanto es reservado.
Fernández había sido denunciado por el abogado Gustavo Salle por su presunta intervención en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, lo que permitió que el Tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno archivara la causa contra los hermanos Peirano Basso.
Luego, la Suprema Corte de Justicia revirtió esa decisión porque los ex banqueros habían sido imputados también por otros delitos más gravosos que no fueron derogados.
Fernández y su pareja, Cecilia Salom, eran a su vez codefensores del directivo del Banco Montevideo Juan Domingo Ratti y en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna se presentaron en el expediente solicitando que también fuera clausurado para su cliente.
Reproche.
Según las fuentes, la representante del Ministerio Público argumenta que la conducta de Fernández no merece reproche desde el punto de vista penal, aunque precisa que su función no es juzgar la conducta ética del ex secretario de la Presidencia, quien actuaba como jerarca de gobierno y a su vez como abogado penalista, en algunos casos en causas contra el propio Estado.
Según las fuentes, entre otros motivos, la fiscal consideró que Fernández no tiene responsabilidad porque le avisó al ex presidente Vázquez que era codefensor de Ratti. Así lo manifestó el propio Vázquez cuando compareció a la sede judicial.
Según el acta de esa audiencia, ante una pregunta concreta del juez, Vázquez respondió: “Me lo comunicó en forma verbal y no sé si dicha comunicación se hizo extensiva a los demás miembros del Consejo de Ministros”.
El magistrado también le preguntó al ex presidente si existía alguna formalidad para firmar la promulgación de las leyes. Esa interrogante obedece a que Fernández como secretario de Estado suscribió la promulgación de la norma que derogó el artículo 76 de la ley 2.230.
“Se promulgaba en el momento, yo firmaba y no había un protocolo definido de cómo actuar”, contestó el ex mandatario.
Vázquez también expresó en la sede judicial que la decisión de impulsar un decreto que permitió la creación de un seguro de salud para los médicos fue impulsada por él a instancias de los gremios y que no tuvo incidencia Fernández en esa decisión. Este aspecto también fue cuestionado porque Fernández es abogado del Sindicato Médico del Uruguay (Búsqueda Nº 1.653).
Por su parte, el ex ministro de Economía y actual vicepresidente, Danilo Astori, también declaró en esta causa que Fernández le avisó sobre el beneficio que podían tener los hermanos Peirano Basso si el Parlamento derogaba el artículo 76 de la ley 2.230 (Búsqueda Nº 1.654).
El resto de los testimonios vertidos en el juzgado por dirigentes oficialistas y de la oposición también absuelven al ex jerarca. Asimismo, de las actas parlamentarias no surge responsabilidad del catedrático en Derecho Penal, precisa la fiscal.
Accidentada.
La denuncia contra Fernández fue presentada en octubre de 2010 y desde entonces tuvo un trámite accidentado.
Comenzaron instruyéndola el ex fiscal de crimen organizado Ricardo Perciballe y el ex juez de esa materia y actual fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Perciballe fue denunciado por Fernández por presuntas filtraciones a la prensa en ese caso. Cuando el gobierno propuso a Díaz como fiscal de Corte, Perciballe se enemistó con el ex magistrado por entender que ese puesto le correspondía a un fiscal. Como muestra de ese enojo, en una práctica poco habitual en la materia judicial, Perciballe solicitó en este caso la declaración del ex presidente Vázquez directamente en la baranda del juzgado sin esperar que el expediente le fuera remitido para que se pronunciara. Lo hizo además sin especificar si citaba a Vázquez como testigo o como indagado en la causa (Búsqueda Nº 1.652).
Ese tipo de actitudes ameritaron la presentación de un escrito de 133 páginas de Fernández ante la sede, en el que denunció irregularidades cometidas por el fiscal Perciballe en el curso de la instrucción.
En el documento Fernández exigió por escrito ante la Justicia que el fiscal Perciballe “concrete, de una buena vez por todas, el pedido de procesamiento” en su contra, sobre el cual ha “alardeado” desde que comenzó a investigarlo por el presunto delito de conjunción del interés personal y el público.
En una “presentación espontánea” Fernández denunció “las irregularidades cometidas en el curso de la instrucción”, especialmente por el fiscal Perciballe.
“Detrás del telón, apenas camuflado por la coreografía, estaba el interés de unos cuantos en ‘construir’ un hecho de corrupción atribuible al anterior gobierno, para enlodar la gestión del señor ex presidente de la República (Tabaré Vázquez) y de su equipo ministerial, perjudicando así su imagen y su futuro en el ruedo político. Entonces, nadie mejor que yo para fungir como chivo expiatorio, por mi estrecha y notoria relación con aquel”, opinó.
El ex secretario de la Presidencia dijo que presentó el escrito en ejercicio de su “irrecusable derecho a ‘ser oído’” y a defenderse “personalmente”, garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos (Búsqueda Nº 1.661).
Finalmente, Díaz fue nombrado fiscal de Corte con el voto unánime del Parlamento y una de sus primeras decisiones fue trasladar a Perciballe a una fiscalía civil. Argumentó, entre otras razones, que la Fiscalía de Crimen Organizado implica una alta exposición pública y desgaste.
A raíz de esa decisión, el expediente de Fernández pasó a manos de la fiscal Ferrero.
Por primera vez desde que comenzó a instruirse esta causa, Fernández declaró como indagado el mes pasado en la sede de la calle Buenos Aires, pese a haberlo pedido en varias oportunidades. La declaración de Fernández era importante porque sin ella no podía cerrarse el expediente, manifestaron las fuentes.
Este caso tuvo fuertes repercusiones en el ámbito político. De hecho, determinó que el propio Fernández renunciara al Frente Amplio, luego de que la Mesa Política de esa organización decidiera pasar al Tribunal de Conducta Política los antecedentes de su actuación en este caso.
