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La Fiscalía de Corte archivó la investigación administrativa sobre la fiscal de Tacuarembó Claudia Lete, quien en octubre de 2020 le ordenó a un periodista de la radio comunitaria La Kandela que no publique nada sin la “debida prueba documental” para “evitar” denuncias, luego de que informara sobre presuntas irregularidades que involucraban a un funcionario municipal.
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La investigación, que se inició luego de que Búsqueda difundiera lo sucedido, buscaba determinar si Lete había incurrido en una falta administrativa al ordenar al periodista Sebastián Ríos suspender la difusión de información sobre el tema.
De acuerdo a la resolución de la Fiscalía firmada a fines de enero, a la que accedió Búsqueda, la fiscal Lete argumentó en la investigación que desconocía que la denuncia contra el funcionario municipal “había sido realizada por un periodista” y que “en ningún momento intentó violentar la libertad de prensa y mucho menos ejercer la censura previa”. Esas “afirmaciones descabelladas” se hubieran aclarado con una “simple comparecencia” ante la seccional policial para aclarar el “sentido de lo expresado” por la Fiscalía, afirmó Lete en sus descargos.
La notificación que recibió el periodista, sin embargo, hacía referencia a las apreciaciones difundidas “a través de la radio”.
La abogada que intervino en la investigación evaluó que no surgían elementos que “hicieran dudar del accionar de la representante del Ministerio Público”, y que se había “justificado debidamente”. A partir de la recomendación, el fiscal de Corte archivó la investigación.
Consultado sobre el tema, Díaz señaló que “tanto el investigador, como el instructor, como Jurídica de la Fiscalía entendieron que no había una falta administrativa y por eso se archivó”.
“De todas maneras —añadió—, creo que queda absolutamente claro que no es posible en una sociedad democrática imponer ningún tipo de restricciones a un periodista que está cumpliendo con su función”.
“Extrema gravedad”
La comunicación recibida por el periodista Ríos a través de la Policía de Tacuarembó le ordenaba que se abstuviese de difundir “apreciaciones a través de la radio” sin “la debida prueba documental”, a efectos de evitar denuncias. El periodista recibió esa notificación luego de que un funcionario municipal lo denunciara por difamación a raíz de un informe sobre un uso indebido de predios de la intendencia. Además, la Fiscalía lo citó a declarar en calidad de indagado. El abogado de oficio Joaquín Gamba, que asumió la defensa del reportero, criticó lo “irregular” de la actuación de la Fiscalía y afirmó que se trataba de un caso de “censura previa”.
Luego de la difusión del hecho, la organización Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó “su preocupación por la actitud de la fiscal de Tacuarembó” y advirtió que la orden que impartió es “de extrema gravedad ya que busca amedrentar al periodista y coarta su derecho a la libre expresión”. Cainfo recordó que las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por el país consagran el derecho a la libertad de expresión sin censura previa. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre lo ocurrido.