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A la comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se le agotó el plazo en el Parlamento, y pese a que el oficialismo no dio los votos para aprobar una prórroga, los diputados de la oposición continuaron trabajando. Al igual que en el mediático caso de Ancap, también investigado por una comisión parlamentaria, una de las primeras medidas que se tomaron fue pasar a la Justicia algunos de los temas en los que no se pudo profundizar por falta de tiempo, acceso a pruebas concretas o testimonios que no se escucharon porque los testigos no concurrieron.
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Los legisladores encararon los temas pendientes por tramos y asuntos separados. El primer paquete que se envió a la Fiscalía es información que amplía una denuncia contra la empresa de traslados especializados Siemm, propiedad de tres directores de hospitales públicos, que fue contratada en reiteradas oportunidades para prestar servicios en el Hospital de Bella Unión.
El caso ya estaba siendo analizado por Crimen Organizado. Pero ante la ampliación de la denuncia presentada por los abogados de los diputados Martín Lema (Partido Nacional), Daniel Radío (Partido Independiente), Eduardo Rubio (Unidad Popular), Ope Pasquet (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Richard Charamelo (Partido Nacional), el fiscal Luis Pacheco resolvió pedir varios informes a ASSE y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, según informaron a Búsqueda fuentes del caso. Además, Pacheco pidió a la jueza Dolores Sánchez que cite a los legisladores mencionados para que ratifiquen la denuncia y a la vez solicitó la comparecencia de funcionarios de ASSE involucrados o testigos de los hechos.
Pacheco pidió, entre otros documentos, pruebas sobre los presuntos traslados de pacientes “inexistentes”.
Pacheco pidió, entre otros documentos, pruebas sobre los presuntos traslados de pacientes “inexistentes”, además de facturas en las que se demostraría que uno de los jerarcas y propietario de la empresa se contrató a sí mismo durante tres meses y que probarían incluso que lo hizo antes de que la licitación fuera adjudicada. Por otra parte, solicitó un peritaje al Banco Central para que constate si la empresa estaba autorizada por la licitación a realizar una factura diferencial con y sin IVA, para despejar si existió doble facturación por los traslados.
La licitación y los pacientes que no existían.
Una de las cuestiones que logró determinar el trabajo de la investigadora es que el entonces director del Hospital de Bella Unión, Marcos García, y uno de los propietarios de la empresa Siemm, estuvo de los dos lados del mostrador durante los primeros tres meses de contratación del servicio. Fue en el año 2013. Según los legisladores, García firmó los contratos del centro de salud con Siemm durante ese lapso de tiempo, y no solo durante un mes, como argumentaron los jerarcas de ASSE en su momento.
En la ampliación de la denuncia se aportan pruebas en fotocopias donde surgen facturas de Siemm con el sello del hospital, firmado por el mismo García. Y se reclama a la Justicia un peritaje contable de esas facturas. Además, una de las pruebas documentales aportadas por la oposición son fotocopias de facturas, donde se demostraría que García se contrató a sí mismo de manera directa con compras antes de que se adjudicara la licitación de la empresa.
En un informe policial enviado al fiscal de Crimen Organizado en abril, se concluyó que la empresa creada por García, recientemente suplantado en la dirección del Hospital de Salto, Federico Eguren, actual director del Hospital Pereira Rossell, y Rodrigo Barcelona, director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, empezó a gestarse al menos dos años antes de su inauguración y que durante ese tiempo “recabaron información para poder crear el servicio”.
La denuncia se enfoca en este punto. “Lo más relevante es detenerse en las fechas, los lugares que ocupaban sus socios en el hospital y las razones dadas para su creación: se creó en el año 2011, sus tres socios eran directivos o médicos del hospital, para prestar un servicio de emergencia móvil requerido por la comunidad”, dice el escrito. “¿Que ocurrió en los hechos? Aun sin habilitación, fue contratada por el Hospital de Bella Unión para traslados especializados, siendo sus socios o bien directores del hospital o bien funcionarios de jerarquía de ASSE, en clara contravención a lo dispuesto por el artículo 46 del Tocaf como bien observó el Tribunal de Cuentas de la República”.
El informe policial también reveló entre sus conclusiones un hecho que despertó bastante polémica y que fue informado por Búsqueda. El auditor de la Policía concluyó que la empresa cobró por el traslado de personas “que no existen”, pues las cédulas de identidad que surgen de algunas de las boletas no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Registro Civil. En la denuncia, los abogados de la oposición presentaron fotocopias de órdenes de compra y facturas donde “aparecen nombres de supuestos pacientes trasladados, sin consignar número de cédula”, dice el escrito. “En algunos casos se agrega la cédula y en otros no. Con irregularidad manifiesta no se agrega la cédula en la orden de pago de Siemm, cruzaban socios con pacientes del hospital, hay tachas y enmiendas en órdenes, haciendo un manejo de lo público y privado de manera conjunta”, agrega.
Citaciones.
Además de estas pruebas que aportaron los diputados tras el trabajo de la investigadora, y de información que piden que el fiscal reclame a las autoridades sanitarias —por ejemplo, si Siemm presta servicios en el Hospital Pereira Rossell—, en la denuncia se solicita la citación a la Justicia de testigos que no concurrieron a declarar a la comisión. El caso más notorio es el de la exdirectora de la Regional Norte de ASSE, Valeria Celada, quien hace unos meses renunció a su cargo envuelta en una polémica por nepotismo, también en el Hospital de Bella Unión.
