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    Fiscales recurren a la ONU y la CIDH frente a un “cóctel” que provoca una “posición debilitada” del Ministerio Público

    El gremio de trabajadores reclama por “acoso y hostigamiento” del sistema político y la falta de designación de un fiscal de Corte definitivo

    La Asociación de Magistrados Fiscales presentó dos solicitudes el 10 de abril, una a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

    El reclamo se hizo en tres ejes. Por un lado, los funcionarios señalan una “debilidad institucional” que afecta su trabajo, por el “acoso permanente”, el “hostigamiento” y un “sometimiento al descreimiento público que emprendieron jerarcas, legisladores y dirigentes políticos” contra la Fiscalía, a partir del Código del Proceso Penal que entró en vigencia en 2017 y dio al Ministerio Público un lugar protagónico en el sistema, dijo a Búsqueda el presidente del gremio, Willian Rosa. En segundo lugar, plantean su preocupación frente a la falta de nombramiento de un fiscal de Corte definitivo, una situación que se extiende desde que Jorge Díaz renunció al cargo en octubre de 2021 para dedicarse a la actividad privada. En un principio fue subrogado por Gómez y en la actualidad —debido a su licencia médica— desde hace cuatro meses es la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero quien está al frente de la institución, de forma provisional, mientras también mantiene su otro cargo. Sumado los interinatos, el gremio de fiscales cuestiona, en tercer lugar, ante los organismos internacionales que el Poder Legislativo le asigne recursos insuficientes para poder cumplir la función.

    “Ese cóctel genera una posición debilitada de la Fiscalía, mientras hay un auge de la criminalidad organizada transnacional, y debería estar ocurriendo lo contrario. Hay una preocupación por el limbo institucional”, aseguró Rosa.

    El representante del gremio agregó que es una “situación preocupante” que “escapa de la mirada que tiene la región de que Uruguay es un páramo donde las cosas funcionan y hay que ponerlo como ejemplo”. Para Rosa hay una “falta de profesionalismo” de los representantes de los partidos políticos en el Parlamento, que no alcanzan las mayorías necesarias para nombrar un fiscal de Corte, y cuestionó que sean además quienes le dan a la Fiscalía recursos que están “alejados de los pedidos razonables” y “ni siquiera son paliativos”.

    La decisión de solicitar una audiencia temática ante la CIDH y pedir una valoración a la ONU sobre la situación —que de avanzar debe escuchar la posición del Estado— fue tomada por el gremio en octubre de 2023, cuando comenzaron una recopilación “seria y sistemática” de información para la elaboración de los escritos que fueron presentados la semana pasada, señaló Rosa.

    En ese marco, el jueves 4 de abril, tres representantes del gremio de fiscales mantuvieron una reunión con Ferrero, tal como había adelantado Búsqueda. Participaron Rosa, la vicepresidenta, Brenda Puppo, y la secretaria María Claudia González, quienes reiteraron a la jerarca sus reclamos en relación con varias problemáticas que habían sido planteadas previamente a Gómez. Los fiscales exigen desde una regulación del medio horario maternal que asegure su cumplimiento, un convenio que los habilite a contar con días para el cuidado de familiares y que las licencias dejen de computar por días corridos, hasta que se extiendan los plazos para poder impugnar la asignación de casos y que la desgrabación de audios que se necesiten para un juicio oral o una investigación sea realizada por funcionarios administrativos o contar con un programa que facilite el trabajo.

    Para las primeras tres cuestiones propusieron a Ferrero alcanzar un convenio colectivo. La respuesta fue “desesperanzadora”, resumió Rosa, porque la jerarca máxima del Ministerio Público recurrió a la “provisoriedad” de su cargo para establecer que no tenía la “capacidad” para tomar esas definiciones, porque “no podía proyectarse” en un rol que “se renueva mes a mes”, transmitió Rosa. Según el representante gremial, la jerarca les dijo que iba a conversarlo con Gómez para darles una respuesta. “Hoy la conducción de la Fiscalía General la tiene ella. Si bien entendemos la situación, le tenemos que reclamar, y no es personal, como tampoco lo era con Gómez”, indicó. El gremio de fiscales tendrá el 2 de mayo una asamblea en la cual analizarán el tema.

    Consultada por Búsqueda, Ferrero dijo que no quiso “justificar” que decía que no a sus reclamos por la provisoriedad en el cargo, sino que “Gómez está anunciando que tal vez regrese” a asumir la Fiscalía de Corte cuando termine el tratamiento —en un par de meses— y por tanto “consideraba más lógico que se los vuelvan a reiterar a él. Si va a volver quien es titular en el cargo, me pareció atinado, como una cuestión de respeto, que se los planteen a él”, aseguró.

    Previo al encuentro con Ferrero, Rosa había asegurado que como gremio llegaron a un “límite” frente a la falta de respuesta ante sus reclamos, que también tienen que ver con las demoras en los traslados de reclusos para la realización de audiencias —un asunto que es competencia del Ministerio del Interior— e “inconvenientes” en el vínculo de los representantes del Ministerio Público con otras instituciones, como la cartera o el Poder Judicial, que afectan el desempeño de la función. Y aseguró que es “imprescindible” contar con una Fiscalía que tenga una “actitud presente y proactiva”.

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