Gómez viajó el año pasado a una conferencia que Nisman dictó en Buenos Aires sobre el avance de su investigación en el caso AMIA y —según señaló— se quedó muy “sorprendido” del grado de “compromiso” y de “seriedad” con el que la había llevado adelante. También lo sorprendieron las diferencias que existen entre uno y otro país para indagar casos de este tipo, ya que mientras Nisman “estaba solo para esto desde hace años y dirigiendo un equipo de investigación”, en Uruguay los fiscales de Crimen Organizado “se ocupan de varios casos al mismo tiempo”.
De hecho, la Justicia uruguaya prestó una importante colaboración en la investigación del caso de la AMIA, al punto que llegó a identificar una casa en la cual presuntamente se había preparado el atentado.
Se trata de una finca en la calle Rivera 2317, en la que se alojó un político iraní sospechoso de haber planificado el acto terrorista y que fue adquirida en 2006 por la Embajada de ese país en Uruguay.
El fiscal Gómez señaló que más allá de ese dato no pudo avanzarse más en la investigación porque en esa fecha no existía la obligación —como sí ocurre actualmente— de las instituciones bancarias de informar aquellos movimientos sospechosos de lavado de activos, cuyo delito precedente sea por ejemplo el terrorismo.
Gómez, quien preside la Asociación de Fiscales en Uruguay, señaló que esa gremial se encuentra redactando una carta de solidaridad que hará llegar a su par argentina. No obstante, precisó que sus comentarios son “a título personal” y que no comprometen a la asociación.
Otra fiscal, que prefirió no identificarse pero que intervino en la investigación de sonados casos de corrupción y de narcotráfico en los últimos años, dijo que la situación le genera “mucha expectativa” porque de acuerdo a cómo se diluciden los hechos el caso tendrá “repercusiones para un lado o para otro”.
“Me da la sensación de que a Nisman lo habían dejado un poco solo en el último tiempo y que no tuvo apoyo de la Procuraduría de ese país, hasta donde yo sé. Acá las cosas son distintas, porque personalmente siempre conté con apoyo del jerarca del servicio para llevar adelante las investigaciones y eso te da otra espalda”, reflexionó.
Si bien esta fiscal considera que las realidades de Argentina y Uruguay son “muy diferentes”, señaló que la muerte de Nisman es “una alerta” que “hace pensar que se debería contar con una estructura mejor para enfrentar este tipo de casos muy complejos”.
El también fiscal nacional en lo penal Carlos Negro piensa que un caso como el de Nisman directamente “no pasaría en Uruguay”.
“Esto se vive como algo muy ajeno en Uruguay”, sentenció. Y de inmediato agregó: “El problema es que en Argentina está todo tan politizado, tan partidizado que todo realmente es posible; tanto de un lado como del otro del espectro puede venir la supuesta presión al fiscal”.
“Siempre puede haber un loco suelto que cometa un atentado o alguien que se enoje con una decisión de un juez o un fiscal, pero algo de esta magnitud lo veo francamente ajeno a nuestra realidad política y judicial”, complementó.
Pero la muerte de Nisman no solo generó repercusiones en el ambiente judicial sino que también tuvo impacto en el ámbito político, al punto que el presidente electo Tabaré Vázquez se refirió a este tema en una improvisada rueda de prensa al inaugurar Rondamomo el martes 20 en la sede de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu). Vázquez no dudó en calificar de “terrible” el fallecimiento del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y sus derivaciones.
“Es terrible, ¿verdad? Es terrible, terrible. No solo para Argentina sino para la región y para el continente. Y estamos seguros que se van a llevar adelante todas las acciones para aclarar este hecho tan lamentable”, señaló.
“Sello presidencial”.
En este contexto, ayer miércoles se conoció en Argentina el texto completo de la denuncia del fiscal Nisman y la imputación que realiza en el documento a la presidenta Fernández y a otros altos dirigentes kirchneristas.
Según un resumen de “los principales pasajes” de la denuncia que publicó el diario “La Nación”, Nisman sostiene con respecto a la presidenta: “Sin importar las evidencias, o su verdadera responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iraníes iban a ser desvinculados de la causa, se le iba a lavar la cara a Irán y ello estaba cerrado muy arriba, es decir tenía el sello presidencial. Todo había sido acordado, se iba a utilizar el caso AMIA como una pieza para saciar intereses geopolíticos en el nuevo tablero internacional”.
Con respecto al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, la denuncia expresa que firmó un “memorando de entendimiento abiertamente inconstitucional, que además de garantizar la impunidad de los acusados iraníes, cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos”.
Según el representante del Ministerio Público argentino, eso demuestra que “no se trató, como se presentó públicamente, de dos partes que negociaron un acuerdo bilateral” sino que fueron directamente “dos socios que confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de ellos”.
De hecho, luego de suscribirse el acuerdo, un agente de inteligencia argentino conocido como Allan le confesó a su par de Irán: “Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije y vos no me tenías fe”.
De acuerdo con Nisman, el diputado kirchnerista Andrés Larroque también fue un “actor clave en la articulación del plan criminal” pues “dada su cercanía tanto con la presidenta como con los partícipes del encubrimiento ha operado como nexo e intermediario de la información transmitida entre autores y cómplices del encubrimiento”. Existen distintos episodios que demuestran que Larroque bajó directivas presidenciales tanto al dirigente islámico Jorge Khalil como al “piquetero” José D’Elía, según el fiscal.
Como ejemplo menciona un audio en el que Khalil reconoció: “Vengo de La Matanza recién, he tenido una reunión con D’Elía y el ‘Cuervo’ Larroque, el de La Cámpora, que me llamaron temprano que querían hablar conmigo que tenían un mensaje para el gobierno para dar. Y ahora me voy a Martínez a dar mensaje a la casa del embajador”.
Según “La Nación”, “una mención aparte merece el sujeto conocido como Allan, que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación”.
Se trata de “una persona con acceso al entorno presidencial, que cuenta con información privilegiada y que ha declarado su simpatía con el régimen iraní, que ha actuado —en reiteradas ocasiones— a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la ley de inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la presidenta ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad”.
Con respecto a D’Elía y al dirigente del grupo Quebracho, Fernando Esteche, “La Nación” señala que ambos aparecen involucrados en “sendas comunicaciones” con Khalil. En un audio, el dirigente islámico manifestó con respecto al memorando de entendimiento entre el gobierno argentino y el iraní: “Lo único que sé es que el mismo documento que hicimos nosotros hace seis años y lo presentamos, tanto a la gente de la Embajada de Irán como a gente del gobierno (....) el acuerdo que hicimos hace seis años con Fernando Esteche y nos trataron de locos (...) hoy lo sacaron”.
Y a D´Elía le confesó: “¿Sabés quién me lo escribió a mí, ese día, el memorando ese, quién lo escribió? Fernando”, en alusión a Esteche.
