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“¿Cómo hacemos para funcionar en estas condiciones?”, planteó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ante los legisladores que estudian el proyecto de ley de Presupuesto, elaborado en un contexto de restricciones económicas que impactó en los recursos de la mayoría de los organismos del Estado.
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“No tenemos buenas noticias”, dijo Díaz, en referencia a que el Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento congela los recursos de la Fiscalía al mismo nivel de 2015. “Desde el 2015 al 2024 los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión serían, en pesos constantes y sonantes, los mismos. O peor aún porque, en realidad, lo que se está proponiendo en los gastos de funcionamiento es no solamente mantenerlos, sino una rebaja del 12 %, lo cual implicaría un incremento del déficit que ya existe hoy”, afirmó.
“La pregunta que uno se hace, señor presidente, en estas condiciones, es cómo se funciona o cómo se puede trabajar”, planteó Díaz.
Aunque indicó que no descarta que llegado el momento cuenten con refuerzos de rubros del Ministerio de Economía, afirmó que su “obligación como encargado de gestionar una institución es decir a los señores legisladores: ‘En estas condiciones difícilmente se pueda funcionar de forma normal en el año próximo’”.
Díaz aclaró que es “absolutamente consciente” de “cuál es la situación económica de Uruguay, de que hay una pandemia y de que existen dificultades financieras”, pero aseguró que no está “exagerando” sobre la situación crítica de la Fiscalía. “Estamos hablando de la institución que se encarga de la investigación y de la persecución criminal”, insistió.
Protección de testigos y pericias
El fiscal de Corte sostuvo que el organismo no tiene “gastos suntuarios” que pueda recortar, y que se verá obligado a “entregar un inmueble y cerrar una Fiscalía”. Otras formas de ahorrar serían, ejemplificó, achicar el programa de protección de testigos, a través del cual “se han realojado más de sesenta y dos núcleos familiares de los ochenta y tres que se atendieron”.
“¿Qué se nos pide? ¿Que ahorremos dinero ahí? ¿Que no paguemos los hoteles mientras se está haciendo el realojo? ¿Que las víctimas queden en una situación de indefensión, que queden expuestas?”, planteó. “Ese es uno de los riesgos que corremos”, añadió.
Díaz destacó el funcionamiento de la Fiscalía bajo el nuevo Código del Proceso Penal, que demostró ser un sistema “eficaz y eficiente”. Pero nuevamente advirtió que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la Justicia.
Mencionó como ejemplo la falta de recursos para pagar pericias, y se refirió a un caso concreto que causó polémica en el pasado: la denuncia sobre un presunto sobrecosto en la construcción de la planta de Alur. El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió una pericia a la Universidad de la República para evaluar la inversión de la planta, pero esta costaba US$ 360.000 y no se pudo realizar. “Obviamente, ni el Poder Judicial ni la Fiscalía General de la Nación disponían de esos fondos”, dijo Díaz. “La pericia no se hizo y el Uruguay entero se quedó sin saber si los costos de esa planta eran o no acordes”.
Si bien luego de este caso se creó un fondo para costear las pericias —al que se destinaría el 10 % del Fondo de Bienes Decomisados—, la suma que recibió la Fiscalía fue ínfima: $ 17.650. “Dígame usted qué pericia se puede pagar con ese dinero. Eso es calidad de justicia”, dijo el fiscal de Corte. “Este es el estado de situación; creo que fui absolutamente claro”.
