El caso fue de los más mediáticos de los últimos años. Motivó incontables titulares de prensa, minutos en radio y televisión y debates encendidos en redes sociales. Hasta inspiró una obra de teatro. La Fiscalía asumió un perfil inusualmente alto para explicar los detalles de la operación, y los abogados de los imputados no se quedaron atrás: objetaron cada paso –y algunos traspiés– del equipo de fiscales. La responsable de llevar adelante la investigación renunció por razones de salud en medio de cuestionamientos de los defensores. La perspectiva de género, el poder económico y la naturalización de prácticas delictivas como hacer regalos a adolescentes a cambio de sexo atravesaron las discusiones sobre el caso.
En estos días la Fiscalía está realizando una “depuración” de la causa, informó el martes 26 el encargado de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech. Es que las situaciones de los imputados son disímiles, y el equipo fiscal está analizando caso a caso para determinar cuál es la mejor estrategia para cada imputado.
Hay 25 hombres contra quienes la Fiscalía considera que tiene suficientes evidencias para acusarlos y llevarlos a juicio oral. Las penas que solicitará la Fiscalía variarán en función de la gravedad de cada caso, explicó una fuente. Algunos están más comprometidos, ya que llegaron a concretar encuentros sexuales o explicitaron saber que las adolescentes eran menores de edad durante los chats en poder de la Fiscalía. Hay hombres que se involucraron con varias de las víctimas. Otros mantuvieron diálogos y promesas de regalos o dinero, pero no llegaron a verse personalmente.
De los 25 imputados, unos ocho tienen la posibilidad de negociar un acuerdo con la Fiscalía, que implica que reconozcan su responsabilidad a cambio de una pena más leve. Según dijeron a Búsqueda fuentes del caso, por el momento ningún imputado aceptó un acuerdo, aunque es razonable que se tomen unos días para evaluar si les conviene. Las fuentes creen que algún acuerdo llegará a concretarse.
De todos modos, en los delitos sexuales es poco frecuente que los imputados admitan los hechos, explicó una fiscal, y por eso la cantidad de acuerdos es significativamente menor que en otro tipo de crímenes.
Por otra parte, la Fiscalía dispondrá el sobreseimiento de cinco imputados porque cree que no cuenta con evidencias suficientes para conseguir una condena. Las fuentes precisaron que esta misma semana, el viernes 29, lo plantearán ante la jueza del caso. Además, hay otras cuatro personas que no fueron formalizadas todavía. Respecto a dos de ellas, la Fiscalía decidió que archivará la causa, mientras las dos restantes están todavía bajo análisis.
El abogado Eduardo Sassón, que defiende a dos de los imputados, subrayó que “recién ahora, cuando comience el juicio, empezará a discutirse sobre los hechos y sobre el derecho aplicable”. Es que si bien la causa lleva dos años, lo ocurrido hasta el momento es la investigación formal y la recolección de evidencias para el juicio. “Todo se centrará en si existió o no el conocimiento del elemento etario”, añadió Sassón en diálogo con Búsqueda.
Es que uno de los principales argumentos de los defensores es que los imputados desconocían que las víctimas eran menores de edad y que fueron engañados para creer lo contrario. Ese aspecto es determinante, ya que lo que convierte a los hechos en delictivos es la edad de las involucradas. Pagar a una adulta a cambio de sexo es legal, pero no cuando es menor de 18 años. La Fiscalía ha insistido en que desconocer la edad no es una exoneración, ya que es responsabilidad del adulto asegurarse de que no es menor, por lo cual ese punto será central en la discusión.
“La responsabilidad es siempre del adulto”, dijo a Búsqueda la abogada de la principal víctima del caso, Alicia Deus. “Algunas defensas plantean que hubo un engaño de parte de las menores, que chiquilinas de 16 o 17 años engañaron a hombres de 40, 50, 60 y 70 años… Parece que estaban un poco dispuestos a dejarse engañar”, planteó con ironía. “El tema es si ellos tuvieron la posibilidad de saber, porque es el adulto el que debe cerciorase”, explicó. Y la Ley N° 17.815, sobre violencia sexual contra niños y adolescentes, “es clara” en la redacción del delito. La joven asistida por Deus, que hoy tiene 19 años, es amiga de la adolescente que fue hallada sin vida en marzo de 2020 en el arroyo Solís Chico, hecho que dio inicio a la investigación penal.
El pasado viernes 22, luego de declarar en dos audiencias que se dilataron durante cinco días, la víctima expresó que ya no quería seguir respondiendo preguntas. Estaba emocionalmente agotada. La jueza Tonarelli decidió entonces suspender una siguiente audiencia prevista para repreguntas, y dio por terminada la declaración.
Sin embargo, los defensores de los imputados protestaron y ahora buscan que toda la declaración quede fuera de la causa porque “el acto procesal” no se pudo completar. Por eso presentaron un recurso de aclaración pidiendo a la magistrada que explique si la audiencia se realizará en otra instancia o si quedó definitivamente suspendida. En caso de que ya no se realice, “lo que vamos a hacer las defensas es pedir que se decrete por no realizado el acto procesal y, si se dice que es válido, pediremos la nulidad”, explicó Sassón.
“Es clarísimo que fue de forma dolosa el dejar de declarar cuando íbamos a preguntar sobre algunas cosas que había dicho”, afirmó el abogado.
Deus refuta esa lectura. Para la abogada, es claro que el testimonio de la víctima es válido y explicó el desgaste emocional que sufrió tras declarar por horas y días sobre episodios tan “dolorosos”, vinculados con la explotación que sufrió y con la muerte de su mejor amiga. Además, explicó que la participación de la víctima “es voluntaria”, por lo que no se la puede obligar a seguir. “Puede en un momento estar presente y en otro decir ‘no puedo más’. Ella dijo ‘no puedo seguir, no estoy en condiciones emocionales de seguir’. Hubo instancias que fueron torturantes”, describió.
Para Deus, lo que los abogados hacen es “confundir y pretender que la víctima sea tratada como un testigo más, cuando no lo es”. Agregó que la joven ya declaró sobre su vinculación con todos los imputados y respondió preguntas de ambas partes.
Si la jueza rechaza el planteo de los abogados, estos podrán acudir a una sala de apelaciones. Quedarse sin el principal testimonio del caso como evidencia sería un gran problema para la Fiscalía, aunque en el entorno de Alfaro no creen que eso vaya a suceder.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Este es uno más entre varios episodios que han enfrentado a las defensas y a la Fiscalía, con acusaciones que llegaron a niveles poco habituales de agresividad y múltiples recursos que fueron en su gran mayoría rechazados por el Tribunal de Apelaciones de 1er turno, que interviene en el caso.
Los abogados de los imputados “se han centrado en cuestionar todo y dilatar la causa en el tiempo para evitar que prospere el proceso, jugando con el vencimiento de los plazos. Creo que ha sido la estrategia más notoria”, afirmó Deus.
A lo largo de los dos años que duró la investigación la Fiscalía identificó a unas 20 adolescentes víctimas de explotación sexual, y a una treintena de presuntos culpables. Además, entre las víctimas hay una niña y un niño que fueron abusados sexualmente por dos imputados en la causa, confirmaron a Búsqueda fuentes del caso.
La cantidad de formalizados, su estatus social –empresarios, políticos, un exjuez, abogados, docentes y otros profesionales– y la diferencia de edades entre ellos y las adolescentes explotadas hizo que la Operación Océano tuviera un gran impacto en la opinión pública.
La Fiscalía logró que declararan ante la Justicia unas 11 víctimas, 10 de ellas con el asesoramiento legal del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Debido al costo emocional, a no querer exponerse o al miedo, algunas víctimas desistieron de continuar colaborando con la causa.
Luego de que la Fiscalía presente la acusación, las defensas tendrán 30 días para contestar. El siguiente paso es que la Justicia convoque a una audiencia de control de acusación, una instancia en la que cada parte debe plantear qué evidencias llevará al juicio oral.