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    Fiscalía ordenó a docente de secundaria que negó el Holocausto judío visitar museo histórico y retractarse en las redes sociales

    Luego de que la Justicia le imputara un delito de incitación al odio, el Codicen resolvió “revisar” y ampliar la investigación administrativa de Secundaria que no lo había sancionado

    “¿Qué pruebas fehacientes hay del Holocausto judío? Ninguna. No existe ningún documento donde se hable de un exterminio de alemanes”, afirmó el docente de secundaria Félix Demetrio Sánchez en un video que subió tiempo atrás a la red social Facebook. Aseguró que el Holocausto fue una mentira “brillantemente creada y alimentada” por Israel, Hollywood y los medios de comunicación. “Cualquier persona, actuando con objetividad, descubrirá las fuentes históricas que desenmascaran el mito de los 6 millones de judíos gaseados y convertidos en cenizas y jabón (…). No existió ningún plan de exterminio de seres humanos, no funcionó ninguna cámara de gas en ningún campo de concentración alemán. Hasta una visita virtual alcanza para desenmascarar la gran mentira”.

    El video fue grabado frente al Memorial del Holocausto del Pueblo Judío ubicado en la rambla Presidente Wilson, al que llamó “monumento a la mentira”. El profesor también acusó al entonces gobierno frenteamplista y al presidente Tabaré Vázquez de “sumisión al sionismo” por difundir un mensaje por el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y “defender solo los intereses de Israel y las multinacionales”.

    “Más allá de brindar su parecer sobre los hechos, innecesariamente grafica su discurso concurriendo al monumento del Holocausto existente en la rambla de esta ciudad, y desde allí realiza un video calificándolo innecesariamente como el monumento a la mentira, con lo que claramente está incitando al odio hacia la comunidad afectada”, planteó la denuncia.

    Secundaria evaluó que las expresiones del docente “se contextualizan en el ámbito de la libertad de comunicación y pensamiento”, por lo que no tomó medidas. En la Justicia el asunto tomó otro rumbo: el profesor fue imputado por un delito de incitación al odio.

    Finalmente, la Fiscalía a cargo de Diego Pérez llegó a un acuerdo con el imputado. Le exigió que pida disculpas en sus redes sociales y que concurra al Museo Recordatorio del Holocausto para interiorizarse sobre los eventos históricos que cuestionó. A cambio, el profesor conseguiría la extinción de la causa penal.

    La Fiscalía aplicó la suspensión condicional del proceso, que permite cerrar la causa y borrar los antecedentes si el imputado cumple ciertos requisitos. Ese instituto fue eliminado en la Ley de Urgente Consideración, pero la Fiscalía argumentó que los hechos investigados ocurrieron antes de que se aprobara esa norma.

    De acuerdo al expediente del caso al que accedió Búsqueda, en una sentencia del 30 de mayo la jueza Diovanet Olivera ratificó el acuerdo.

    Las condiciones impuestas por la Fiscalía consistieron en la obligación de publicar tres veces sucesivas, “en las mismas redes sociales en las que en su momento realizó las expresiones denunciadas”, un texto aclaratorio.

    “De acuerdo a mis obligaciones acordadas en Fiscalía, y en mérito a elementos propuestos por el Comité Central Israelita del Uruguay, agraviado por mis publicaciones en este medio, manifiesto que: con mis expresiones vertidas en la red social Facebook nunca fue mi intención generar la más mínima reacción de odio hacia ningún miembro de la comunidad judía”, publicó el profesor, transcribiendo el mensaje acordado. “Afirmo mi más grande adhesión a la paz, y el mejor relacionamiento entre los integrantes de una sociedad”, siguió. “Como investigador independiente de Historia, manifiesto mi total comprensión al extraordinario dolor que le puede ocasionar a la sociedad en general la negación de Holocausto judío. Entiendo cabalmente que la comunidad judía en particular lo siente como una forma de violencia moral” y “comprendo perfectamente también el sentir de los hijos y nietos de los protagonistas de los hechos históricos”.

    El profesor también publicó que se comprometió a concurrir al museo del Holocausto y “recibir las fuentes históricas que deseen compartir (con él) sus docentes”.

    El texto provocó algunos comentarios de aliento entre los seguidores del docente. “Tranquilo, a mi me hicieron pasar la peor noche de mi vida bajo nervios con una denuncia del comite central israelita (sic)”, escribió un usuario. “Todo mi apoyo moral”, le respondió el docente. “¡Viva la Libertad de Expresión!!! ¡Viva la Libertad de Investigación!!!”, añadió.

    Tras cumplir con la divulgación del mensaje, el profesor siguió activo en la red social. En publicaciones recientes cuestionó la vacunación contra el Covid-19, a la que calificó como una “campaña de envenenamiento masivo” producto de una “genial manipulación de la opinión pública”. También publicó comentarios transfóbicos junto a una foto de la artista trans Abigail Pereira con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

    Según el perfil de Sánchez en LinkedIn, es profesor de Física en UTU y en Secundaria. Además, estudia Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República.

    En julio la jueza dispuso el cierre del proceso en su contra, atento a que el profesor cumplió con las condiciones impuestas en el acuerdo.

    Secundaria

    Al día siguiente de dictar la sentencia, la jueza recibió una solicitud de Secundaria para obtener una copia del expediente. Es que, enterado de los avances de la causa penal, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió, en diciembre de 2021, ordenar el inicio de una investigación administrativa contra el docente.

    El 11 de mayo, no conforme con el resultado, el Codicen decidió ampliar la investigación. De acuerdo al texto de la resolución, Secundaria “no cumplió con sus deberes de prevención y de debida diligencia en la investigación administrativa de la denuncia sobre manifestaciones del docente”, ya que se “evaluó que su actuación se realizó en la esfera privada” cuando “su conducta pudo haber repercutido en el ejercicio de la función docente”.

    Según la evaluación de la asesoría letrada del Codicen, “si bien los hechos ocurrieron fuera de su lugar de trabajo y dentro del ámbito de la esfera privada, no puede obviarse que su accionar trascendió dicha esfera, ya que al hacerse público se asoció a su rol de docente”. Además, la asesoría indicó que el docente fue imputado por el delito de incitación al odio y sugirió ampliar la investigación para “conocer las resultancias en la vía penal y evaluar si en el caso no se ha transgredido lo establecido en el artículo 1, literal c, del Estatuto del Funcionario Docente”.

    Esa norma establece como requisito para ser docente “no tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función”.

    La resolución del Codicen, por otra parte, recomendó “a la Dirección General de Educación Secundaria la revisión de sus criterios y procedimientos administrativos de investigación de los hechos, adecuándolos a las normas y estándares que son vinculantes para el Estado uruguayo como parte de sus obligaciones de defensa, promoción y protección de los derechos humanos”.

    Fuentes del Codicen informaron a Búsqueda que la ampliación de la investigación continúa en marcha.