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La “mayoría” del dinero que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) entregó a organizaciones empresariales y al PIT-CNT para formación e investigación en materia de negociación colectiva fue destinada a otro tipo de gastos —de funcionamiento—, incluyendo el “pago de cenas”, “compras en supermercados”, “service de vehículos”, en “clínica odontológica” y mantenimiento edilicio, entre otros rubros.
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Así surge de un informe preliminar de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que abarcó los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En el documento —al que accedió Búsqueda — se identifican nueve “hallazgos”, la mayoría señalados como de riesgo “extremo”, así como 15 recomendaciones.
El Inefop administra el Fondo de Reconversión Laboral, al que aportan trabajadores y empleadores del sector privado, y una parte se vuelca al denominado “literal Ñ” del artículo 2 de la Ley 18.406, que prevé “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores” para la formación e investigación en negociación colectiva. Entre 2017 y 2019 destinó $ 150,2 millones en total que se distribuyeron entre el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT y las Cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios, principalmente, además de otra quincena de gremiales.
La AIN constató “debilidades significativas” en el sistema de control de las rendiciones de gasto en esas partidas, lo que tiene un impacto negativo en las finanzas del instituto. “No se realizó ningún seguimiento ni evaluación del destino final de esos fondos” ni se exigió la “presentación de proyectos con plazo e indicadores que permitieran su control y evaluación de impacto”, agregó. El dinero se empleó para “diversos fines ajenos” a lo establecido en la norma, lo cual fue “admitido y no observado por el consejo directivo, que lo convalida” y libera más fondos. Eso “retroalimenta un proceso deficiente”, subrayó.
Del análisis surgió que en “más del 90% de las rendiciones de la totalidad de las instituciones” hubo “apartamientos” de lo establecido en el marco legal. Y detalló la existencia de pagos por “cenas en local nocturno en la madrugada”; honorarios a abogados por litigios “ajenos al instituto” y otras tasas; reiteradas “compras en supermercados”; “service de vehículos”; en catering y almuerzos; selección de personal, “clínica odontológica” y médicos; suscripciones a medios de prensa; sueldos de funcionarios no docentes de la plantilla de las instituciones (por el 100% de su nominal); gastos a nombre de otra institución; del total de tarifas de servicios públicos; mantenimiento edilicio; y cursos que no tienen vinculación con la negociación colectiva.
Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Ante estas constataciones, la AIN recomendó “pausar los pagos” a las organizaciones sociales y “realizar una completa reingeniería del proceso de control de rendiciones” del literal Ñ. También aconsejó analizar las rendiciones de gasto según el “espíritu y la letra” de la norma que las regula, revisar el uso de la totalidad de los fondos desde 2017 y descontar de futuros pagos aquellos que no correspondan.
Para corregir los problemas detectados el Inefop contrató una consultoría y resolvió implementar un “nuevo régimen” de aplicación del literal Ñ a partir de 2021.
