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Más allá del encomiable esfuerzo que ha venido mostrando el gobierno y el equipo económico en el manejo de una situación económica harto complicada, tanto por la situación “heredada” del gobierno anterior como por el impacto a causa de la crisis sanitaria, estamos llegando a un punto en que empiezan a aparecer diversas situaciones del tipo “frazada corta”, que tensionarán a futuro diversas variables económicas.
Una de esas áreas es la inflación. En setiembre interrumpió tres meses consecutivos de caída y la tasa anual tuvo un leve repunte, a 9,92%, en el umbral del sicológicamente importante nivel de dos dígitos. Para colmo de males, esa aceleración inflacionaria se da en un contexto donde el tipo de cambio se apreció por segundo mes consecutivo —un 0,38% en términos de promedio mensual—, lo que implica que la competitividad se volvió a resentir. Y el problema es mucho mayor si consideramos la situación en los países vecinos, particularmente Argentina, más allá de que por ahora las fronteras estén cerradas por la crisis sanitaria y eso impide un impacto muy negativo sobre los flujos de turismo y en el comercio de frontera. Pero es un hecho que a futuro la tensión entre tipo de cambio real (competitividad) e inflación por debajo del 10% irá en aumento, y las consecuencias se harán sentir sobre el nivel de actividad y de empleo.
Otra área donde estamos con una situación de “frazada corta” es en el terreno fiscal, donde la combinación de baja de ingresos por la retracción de la actividad a raíz de la pandemia de Covid-19 y el aumento de gastos por el mismo motivo ha llevado al desequilibrio de las cuentas públicas a 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en los 12 meses cerrados en agosto; el gobierno estima que cerrará el año en 6,5%.
Es elogiable el esfuerzo del gobierno de presentar un Presupuesto sin aumento de gastos, apostando a la redistribución de partidas y a mejorar la eficiencia en la gestión, y es esperable que así sea aprobado por la coalición multicolor en el Parlamento. Pero apostar solo al crecimiento para “cerrar” la brecha fiscal luce como un supuesto demasiado optimista, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes históricos recientes y el entorno regional fuertemente negativo.
La proyección de crecimiento a futuro es otra área donde aparecen potenciales tensiones. El entorno regional claramente no ayuda, y difícilmente lo haga durante la mayor parte del año que viene al menos. No hay perspectivas de que haya una reducción más o menos importante de los costos domésticos en dólares, tanto por las restricciones que el deseo de mantener a la inflación por debajo del 10% pone sobre el tipo de cambio como por la falta de espacio fiscal para generar una reducción importante de las tarifas de los servicios públicos, así como eventualmente para bajar impuestos que afectan directamente los costos de producción. El mantenimiento de una indexación generalizada de salarios es otro factor que complica, ya que dificulta todavía más el que la inflación se mantenga relativamente controlada en un contexto de necesidad de corregir al alza el valor del dólar.
En definitiva, más allá de la prolijidad y solvencia con la que se ha manejado hasta ahora el equipo económico, enfrentando el enorme shock negativo representado por la crisis sanitaria, mucho tememos que en los próximos trimestres se irán incrementando las tensiones en diversas áreas. Inflación, competitividad, empleo, crecimiento, salario real y resultado fiscal estarán en permanente conflicto, salvo que el país tenga la suerte de recibir un shock externo positivo muy significativo, algo que lamentablemente luce muy poco probable.
